Anticorrupción investiga el millonario pago de Feria Valencia a la red Gürtel
La fiscalía encarga un exhaustivo informe a la Intervención General del Estado La trama cobró de la institución ferial el año que organizó en el recinto los congresos del PP
La ola de investigaciones de corrupción ha alcanzado en los últimos cinco años a casi todas las instituciones valencianas relevantes. A pesar de haberse visto salpicada por la sospecha y haberse convertido en un ejemplo de opacidad mientras acumulaba una deuda de 560 millones de euros, que paga la Generalitat, Feria Valencia había salido indemne. Hasta ahora. La fiscalía ha decidido investigar a fondo los pagos de la institución a la trama Gürtel durante la presidencia de Alberto Catalá. Y ha encargado con tal fin un informe “sobre la legalidad y regularidad de dicha contratación a la unidad de apoyo de la Intervención General del Estado en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada”.
La fiscalía ha ordenado el escrutinio en el seno del caso Gürtel que instruye en Valencia el juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres. Los últimos informes policiales incorporados a la causa, en la que se investiga la financiación ilegal del PP regional, han ahondado en la relación que forjaron los cabecillas de la red de Francisco Correa y Catalá, que dimitió a finales del pasado año.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) informó del hallazgo en el domicilio principal de la trama de dos facturas de su sociedad Orange Market a Feria Valencia por 1,2 millones de euros. “Así como de un contrato firmado entre ambas partes en febrero de 2008”. Lo suscribieron Catalá y Pablo Crespo, lugarteniente de Correa. El acuerdo se estableció por tres años y contemplaba un pago inicial de 20.000 euros, un pago mensual de 25.000 euros y otro “pago variable según trabajos específicos”.
La policía se ha limitado hasta ahora, sin embargo, a dar cuenta de los documentos intervenidos a la red. Entre ellos, una anotación en la que plantean contratar al hijo de Catalá. La fiscalía ha pedido ahora a la Intervención General del Estado (IGAE) que analice las condiciones de la contratación, “dado que en relación a su naturaleza y regularidad no existía pronunciamiento previo alguno en informes” anteriores.
El escrito de Anticorrupción al juez lleva fecha de 27 de mayo. El encargo fue, sin embargo, anterior, y el informe de la IGAE “se encuentra en trámite de elaboración” y estará terminado “en breve lapso de tiempo”.
La fiscalía aborda en su escrito al juez Ceres una cuestión central: el deber de la Feria de someterse al régimen de contratación “de las entidades de derecho público”. Algo que siempre rechazó Catalá, que rigió la Feria como una empresa privada.
La negación de su condición pública se ha repetido en otra entidad también muy vinculada al Ayuntamiento de Valencia: la Fundación Turismo Valencia, que pagó 1,9 millones al Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin. Al igual que hace ahora la fiscalía con Feria Valencia, el juez José Castro ha concluido que esa fundación también es en realidad pública porque se sostiene con dinero de las Administraciones.
La investigación abierta por fiscalía puede arrojar luz sobre otra cuestión. Empresas de la trama participaron en la organización de los congresos nacional y regional del PP en Feria Valencia, en 2008. El mismo año en el que la institución ferial hizo cuantiosos pagos a la red. Y el partido sigue debiendo cientos de miles de euros a la Feria de aquellos congresos.
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