La trama de saqueo en cooperación se enfrenta a un delicado calendario judicial

La sentencia conocida el miércoles, que condena a elevadas penas a los miembros de la trama de cooperación, es la primera traducción penal de la actividad que presuntamente desarrollaron en la Consejería de Solidaridad desde 2008 a 2011. Fuentes cercanas al exconsejero Rafael Blasco y a otros condenados anunciaron ayer que apelarán la sentencia al Tribunal Supremo. El recurso supondrá previsiblemente paralizar su ingreso en prisión del político en torno a un año, el tiempo que suelen tardar en resolverse los recursos de casación.

Si el Supremo avala las condenas, el siguiente paso será su entrada en prisión. Al haber sido condenado a una pena superior a los cuatro años de cárcel no hay posibilidades de que los jueces suspendan la ejecución de la pena de Blasco mientras el Gobierno resuelve una hipotética petición de indulto.

El político que más veces ha sido consejero del Gobierno valenciano tiene 69 años. Pero eso no es un impedimento para ir a la cárcel. A partir de los 70 la edad es un elemento a favor del reo para recibir beneficios penitenciarios. Pero hay cientos de presos que a pesar de tal circunstancia permanecen encarcelados en España.

Los miembros de la red se enfrentan, sin embargo, a otras dos piezas separadas del caso Cooperación. En una de ellas se investiga el amaño en la construcción de un hospital en Haití. En la otra, decenas de proyectos de cooperación. La magistrada instructora, María Pía Calderón, ha citado ya a medio centenar de testigos para avanzar en la investigación. Aunque está por ver si la causa se mantiene en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano o vuelve a la Audiencia de Valencia, donde empezó a instruirse el caso.

Los fiscales Vicente Torres y Jesús Carrasco, que han abierto además una tercera línea de investigación sobre la etapa de Blasco al frente de la Consejería de Sanidad (2006-2007), han definido en los más de tres años que duran las pesquisas la mecánica de la trama.

En sus inicios en la Consejería de Solidaridad, los cabecillas de la red recurrieron a un elemento externo, la Fundación Cyes, que fue atraída por el empresario Augusto César Tauroni para concurrir a las subvenciones convocadas por Blasco, a pesar de que la entidad no tenía experiencia en proyectos de tales características.

Tauroni se quedó con el 25% de los 1,8 millones de euros entregados por la consejería, facturando a la fundación por servicios falsos. La entidad invirtió el resto en comprar plazas de garaje y pisos y en amueblarlos.

La tramitación de esas ayudas, que teóricamente eran para impulsar el desarrollo en Nicaragua, fueron, sin embargo, complicadas. Las escuchas policiales revelan agrias discusiones entre Tauroni y el presidente de Cyes, Marcial López.

La trama cambió la mecánica en los supuestos amaños que cometió a partir de entonces. Tauroni y sus subalternos (en el conjunto de la causa hay una treintena de imputados) crearon una fundación, desde la que se dedicaron a asesorar a una constelación de ONG que concurrían a las convocatorias. Una de las obsesiones de Tauroni y Blasco, a quien la red apodaba El Conill, era evitar que la relación directa entre ambos resultara evidente.

Esta vez, presuntamente, la trama no se quedaba una comisión, sino que rapiñaba casi todas ayudas por el sistema de facturar a las ONG por servicios y suministros inexistentes.

El último objetivo, según la investigación, el hospital de Haití, se frustró. Y la trama apenas pudo apropiarse de 177.000 de los cinco millones previstos. El proyecto quedó en el limbo por la salida de Blasco del Consell, en junio de 2011. Y también por la dimisión, poco después, del que había sido su jefe, el expresidente Francisco Camps, a raíz de su implicación en el caso Gürtel.