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CASO AFAL

La fiscalía investiga a una fundación por desvalijar a enfermos de alzhéimer

Trabajadores y exempleados denuncian a Afal Futuro, designada por el juez para tutelar a incapacitados, por desviar fondos a empresas ligadas a su cúpula

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Francisco Armenta, Maite García Redondo, Francisco Arevalillo y Antonio García Redondo, familiares de tutelados de Afal.

La fiscalía investiga a la Fundación Afal Futuro, dedicada a tutelar a personas incapacitadas —la mayoría por padecer alzhéimer—, por apoderarse del patrimonio de algunos de sus amparados durante la última década a través de empresas ligadas a su cúpula. A medida que la enfermedad se agravaba, los bienes de algunas de las personas que la fundación tenía bajo su ala han ido menguando de forma sospechosa, según ha podido constatar EL PAÍS en la documentación analizada. La directiva de la entidad, una organización sin ánimo de lucro inscrita en Madrid y designada por los jueces para administrar los bienes de incapacitados que no tienen familia o cuyos allegados no pueden asumir su tutela, niega cualquier irregularidad. Afal Futuro, fundada en 2006, ha acaparado en los últimos años tutelados con grandes fortunas que suman decenas de millones. La documentación que revisa ahora la fiscalía indica que la entidad, que según la dirección subsiste sobre todo con donaciones y subvenciones, ha incrementado su patrimonio de 30.000 euros a 12 millones en siete años.

Cinco trabajadores y exempleados han denunciado a la fundación por apropiación indebida y supuestas malas prácticas. Dos de ellos aportaron hace dos meses la contabilidad interna de la entidad a la Fiscalía Anticorrupción que, tras las diligencias abiertas, identificó la semana pasada indicios de delito y ha derivado la investigación a la Fiscalía de Madrid, ya que los hechos se circunscriben a la capital.

Los denunciantes apuntan como principales responsables a la presidenta de Afal Futuro, Blanca Clavijo, y al director, Jaime Conde. La fundación, que también puede ser designada por el juez como entidad independiente cuando hay disputas familiares por el incapacitado, ha llegado a tener 118 tutelados —ahora son 80—; entre ellos grandes patrimonios, como el de Juan Luis Cort, dueño de un emporio de la construcción y las energías renovables, y el de una de las hijas y heredera del multimillonario Luis García-Cereceda, antiguo impulsor de La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid.

Anticorrupción ha analizado abusos documentados por cinco empleados

Las finanzas de la entidad que obran en poder de la fiscalía desvelan flujos de dinero de los tutelados hacia empresas vinculadas a la cúpula de Afal, dedicadas a la asesoría informática y financiera. También muestran una administración que ha dilapidado importantes cantidades de dinero de los incapacitados. Al menos seis de las principales fortunas gestionadas por la entidad han disminuido sus activos, a pesar de que estos eran muy superiores a lo que se necesitaba para la manutención de los tutelados. “Han empleado su dinero en un gran número de gastos innecesarios, oscuros e interesados”, censura uno de los denunciantes, José Salas, abogado de Afal Contigo en 2013. La fundación tutelar tiene la potestad y la disposición de las cuentas y el patrimonio de sus amparados; a efectos legales estos son como menores de edad.

La dirección niega cualquier irregularidad en su gestión y cuentas

La mecánica de la gestión de los patrimonios se repite en varios tutelados. Afal Futuro contrató para algunos de ellos cursos de formación, servicios de asesoría inmobiliaria o consultorías financieras a precios abultados con compañías ligadas a su cúpula. Consolación Larrondo, por ejemplo, con deterioro cognitivo y 87 años, contrató a la empresa T4L Technology for Living para servicios de consultoría inmobiliaria. Larrondo pagó a esa compañía 111.694 euros en solo 40 días entre 2010 y 2011, según consta en varias facturas. También otra tutelada, María García Laínez, abonó a esta firma en esas fechas cantidades similares. T4L, presidida por Clavijo y cuyo consejero delegado es Conde, se dedica a la consultoría de software, sobre todo destinado al área de dependencia. Esa compañía, que tiene un único trabajador —así consta en el Registro Mercantil— y que, según un alto cargo de Afal, subcontrata todos los servicios a otras empresas, también factura a otros tutelados. Sobre todo por cursos de formación.

De las cuentas de Pilar Montes, de 80 años y con demencia degenerativa, salieron fondos para sufragar este servicio —al menos 15.000 euros, según una factura—. Seminarios que, según Salas, que también fue director entre 2009 y 2012 de la residencia Eulen Santo Domingo, donde vivían dos tuteladas, no recibieron jamás. Tampoco sus cuidadores. Salas apunta, no obstante, que el centro contrató a T4L para el diseño de un software.

Los responsables de la fundación, que nació de la Asociación Nacional de Enfermos de Alzhéimer Afal Contigo (3.700 asociados), aseguran que no hay anomalías en su gestión o en sus cuentas. La presidenta señala por escrito que la entidad denunció hace unos días a dos exempleados y al esposo de una tutelada por sustracción ilegal y falsedad documental, amenazas y coacciones. La dirección achaca parte de los problemas a las tensiones con las familias de los tutelados que aún tienen herederos.

Patrimonios multimillonarios

La ley permite que las fundaciones perciban del 5% al 20% del beneficio generado en las cuentas de los tutelados. Afal Futuro asegura que cobra solo por dos de ellos. Su director, Jaime Conde, dice que para el resto de incapacitados ejercen su labor gratuitamente; precisa que la entidad se nutre gracias a alguna subvención pública y donaciones. La contabilidad interna indica, no obstante, que la fundación y sus administradores se han beneficiado de las finanzas de los tutelados.

Algunas operaciones demuestran la dimensión de los fondos de tutelados de Afal Futuro, una entidad con apenas cinco trabajadores.

Hace un año, Blanca Clavijo, como tutora del empresario incapacitado Juan Cort, ordenó al banco suizo Credit Suisse que transfiriera “por necesidades de liquidez” 1,7 millones a una cuenta española. Seis meses antes, la consultora KPMG abogados asesoró a Afal Futuro para regularizar 819.187 euros de los seis millones que Cort tenía en una cuenta en Suiza, aplicando la amnistía fiscal del Gobierno de Rajoy.

En 2008, la fundación tutelar decidió crear, tras el consejo de Landwell asociados, Irada, una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) para los 13 millones de euros que atesoraba María García Lainez en productos financieros. La tutelada, enferma de alzhéimer, aún conserva varios edificios en Madrid con 200 pisos que tiene alquilados y administrados por Afal Futuro.

Algunos de ellos han constituido la Asociación de Afectados por Entidades Tutelares (AET). En ella están los García Redondo, sobrinos de la tutelada García Laínez, de 87 años y enferma de alzhéimer, que denuncian que Afal Futuro mantiene una total opacidad sobre las cuentas de su tía. Los hermanos Maite y Antonio García Redondo aseguran también que las pocas rendiciones de cuentas a las que han tenido acceso muestran que se está dilapidando el importante patrimonio de la enferma, que en 2008 tenía 200 pisos en nueve edificios de Madrid. Un patrimonio que alcanzaba los 19 millones en cuentas bancarias y productos financieros.

Mientras, Francisco Arevalillo se queja de que legalmente solo puede ver a su madre dos días a la semana. Arevalillo, que solicitó incapacitar a esta enferma de alzhéimer —heredera de los centenarios talleres Arevalillo— por conflictos judiciales con su hermana, lamenta ahora que la fundación haya asumido la tutela de la mujer. “Esta entidad se aprovecha de situaciones delicadas y de las personas más vulnerables”, protesta.

El entramado empresarial vinculado a Clavijo y Conde también presta servicios retribuidos a algunas de las residencias a las que deriva a los tutelados de Afal. Personas que pagan entre 100 y 200 euros más que el resto de internos por una plaza. Una fórmula, incide un extrabajador de las residencias, que permite “disfrazar comisiones” y que estas recaigan siempre sobre el tutelado.

Además, Afal Futuro contrata para ellos seguros del hogar, seguros de vida y otros productos financieros. Para los que atesoran bienes, cuando sus cuentas empiezan a flaquear por estos gastos, la entidad solicita al juzgado autorización para vender sus propiedades. Con lo que se obtiene por ellas, Afal ha contratado en varios casos un seguro de renta vitalicia, por el que el tutelado paga una cantidad a la aseguradora a cambio de obtener ingresos durante lo que le queda de vida; un producto que consume la herencia.

La fundación tutelar, en concepto de “pago parcial minuta”, cargó a la cuenta de María Jesús Moreno de la Rosa —con demencia severa—, 12.000 euros para GeronLaw, la empresa que administra la presidenta de Afal Blanca Clavijo y que se dedica, según el BOE, a la formación sociosanitaria, jurídica, bioética y laboral.

Estos ejemplos de ingeniería financiera que desvelan los expedientes de los tutelados no casan con la estructura que describe la memoria de la fundación, que indica que ningún miembro del patronato cobra “directa o indirectamente” de los tutelados. La presidenta de Afal Futuro no lo aclara. Se limita a explicar que T4L pertenece a la asociación hermana Afal Contigo —que también preside— y que nadie del patronato de la fundación cobra por su labor en ella. Afirma, además, que “solo cinco” de los tutelados han contratado servicios a estas empresas. Y que la decisión de hacerlo “se ha basado siempre en términos de beneficio y ahorro económico para los tutelados”. “Estas facturas y servicios están convenientemente reflejados en las rendiciones de cuentas correspondientes y, por tanto, aprobados por los juzgados y presentadas en la contabilidad auditada de estas entidades”, dice.

Ningún patrón debe cobrar directa o indirectamente de los pacientes

Clavijo, como presidenta de Afal Futuro, contrató para María García Laínez, servicios de asesoría fiscal a Landwell Abogados y Asesores Fiscales primero, y a la consultora KPMG después. Al menos uno de estos servicios, por 11.600 euros, lo firma su esposo, Rafael Núñez, socio-director de Landwell en ese momento, y ahora responsable de la división de Fiscal de KPMG. Núñez declinó hacer comentarios sobre dichos trabajos. Desde la compañía insistieron en que no podían ofrecer ningún tipo de información de sus clientes “por política de confidencialidad”.

Una anciana pagó 111.000 euros por consultoría a una firma ligada a Afal

El vínculo familiar que une a la fundación con estas compañías no supone un conflicto de interés para Clavijo, que apunta que no es la única firma a la que recurren. “La decisión de la contratación de las empresas de asesoría se toma de forma consensuada, tras la petición de varios presupuestos a distintas compañías, en virtud de la obligación legal del tutor de buscar siempre la mejor opción para el tutelado”, dice.

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Villafal, en Paracuellos del Jarama, está pensado como un centro de lujo para enfermos de alzhéimer y familiares.

El director de Afal Futuro, Jaime Conde, dispara hacia arriba y asegura que Clavijo es quien decide con qué empresas se trabaja. “La presidenta es la única que determina los proveedores, es quien maneja las relaciones institucionales”, arguye. Conde apunta que su trabajo en la fundación es solo de gestión y asesoría jurídica.

La dinámica de la entidad sin ánimo de lucro no se limita, según fuentes internas, a cobros por servicios. Varios de sus trabajadores señalan otras operaciones. Como el cambio de titularidad del seguro de vida del tutelado Alfonso Larrondo para designar a la Asociación Nacional de Alzhéimer Afal Contigo como beneficiaria. Para Larrondo, de 84 años, se contrató también una póliza de renta vitalicia por 30.000 euros para que este recibiera 271 euros al mes. Una acción destinada, según la fundación, a “completar” su pensión de 1.813 euros y pagar la residencia donde vivía y los gastos de comunidad de su piso, según consta en una rendición de cuentas enviada a la juez. Falleció antes de cobrar un año entero.

La cúpula “juega” también con las cuentas de sus tutelados para cuadrar las finanzas de sus empresas vinculadas. “Hacienda no sabe que una sola persona está manejando 80 DNI, cinco CIF y moviendo dinero para arriba y para abajo”, detalla Salas, que el año pasado presentó la declaración de la renta de todos los tutelados ante Hacienda. Varios documentos en poder de la fiscalía indican ese continuo cambio de manos del dinero. Desde Afal Futuro a GeronLaw y T4L, desde las cuentas de los incapacitados a estas entidades y también entre los propios tutelados.

Yolanda García-Cereceda, incapacitada tras conflictos familiares a raíz de la herencia de su padre, tuvo acceso a los extractos de sus cuentas y constató varias transferencias de este tipo sin su conocimiento y a espaldas de la juez. El esposo de García-Cereceda ha denunciado el caso ante los tribunales. Su abogada, Esperanza Sánchez, del bufete Escobar y Sánchez, resalta la supuesta dejación de funciones por parte de la justicia ante los incapacitados: “La fiscalía debería haber velado por los intereses de los tutelados y no lo ha hecho, a pesar de haber conocido las quejas de los familiares (…). Si se acredita la supuesta apropiación indebida, las penas deberían ser más severas, con el agravante por la especial indefensión de los perjudicados”. Tras las continuas quejas de García-Cereceda ante el juzgado, Afal Futuro ha renunciado a su tutela, un paso inédito hasta ahora desde la entidad.

El director de la fundación asegura que los movimientos desde las cuentas de García-Cereceda se debieron a un error. “Como tenemos 80 tutelados hay operaciones que son complejas, las realizamos online y en esa ocasión equivocaron el beneficiario y el ordenante, pero luego se arregló”, argumenta. Conde comenta también que García-Cereceda era una tutelada “conflictiva”. Enfrentamiento que se tradujo en que, pese a tener ingresos mensuales por unos 50.000 euros, en marzo le cortaron el agua por impago.

El proyecto faraónico de Villafal

Un proyecto faraónico de 17 millones explica las necesidades de liquidez que Afal padece en los últimos años. Se llama Villafal y es una residencia para 91 enfermos de alzhéimer y un hotel “con características de cuatro estrellas” para sus familiares. El centro de lujo, inaugurado el pasado marzo, amplia el negocio de la Fundación Afal Futuro, ya que le permitirá prescindir de los centros a los que ahora deriva a algunos tutelados enfermos. Y Villafal es solo el inicio de la expansión internacional que prevé la presidenta de la entidad, Blanca Clavijo, para replicar el complejo en Latinoamérica, según ha explicado repetidas ocasiones a sus empleados.

A pesar de que ya vive una decena de personas en Villafal —no todos tutelados por la fundación—, el proyecto aún debe afrontar ciertos inconvenientes. La memoria presentada a los bancos para obtener la financiación establece una horquilla de precios de entre 2.430 euros y 5.000 euros al mes. Es decir, un paciente que precise cuidados paliativos pagaría esta última cifra. Algo que fuentes del sector califican de “irreal”. Ahora ningún centro mantiene esta tarifa. A no ser que Villafal confíe en que los 5.000 euros sean abonados por los enfermos con grandes fortunas a los que tiene bajo tutela Afal Futuro. “Estos enfermos nunca se quejarán por el precio de su habitación”, ironizan fuentes de la institución.

Si se interna a los enfermos en Villafal, su caso se debería reasignar a un juzgado distinto del que ha otorgado la tutela a Afal. Y es que la residencia está ubicada en Paracuellos del Jarama, una localidad a las afueras de Madrid. No obstante, este precepto legal ha sido ignorado en ocasiones anteriores, según denuncian algunos familiares de enfermos, después de que Afal Futuro alegara ante los jueces que los traslados de tutelados a centros de fuera de la ciudad de Madrid eran “temporales”.

La financiación para construir Villafal ha sido tortuosa, pero finalmente el año pasado Bankia despejó el camino y concedió a la entidad un crédito de seis millones de euros. El Ayuntamiento de Paracuellos ya había cedido a la entidad por 75 años los terrenos de la residencia, un activo valorado en más de cinco millones.

Clavijo, a quien sus empleados llaman “madre superiora” por su religiosidad y control sobre los proyectos, destaca que Villafal cuenta con ayudas del Ministerio de Sanidad y “aportaciones desinteresadas de personas que creen” en la fundación.