La juez crea una pieza separada sobre la portavoz del PP gallego

La juez instructora de la Operación Pokémon, Pilar de Lara, formó una pieza separada sobre la portavoz del PP gallego, Paula Prado, al hallar en el comportamiento de la diputada "ciertas irregularidades que pudieran ser constitutivas de infracción penal". Ante su condición de aforada, preguntó al Ministerio Fiscal sobre si procedía elevar "exposición motivada" al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), aunque de momento no se ha concretado su imputación.

Así consta en un auto con fecha 2 de diciembre de 2013, incluido en una nueva entrega a las partes del sumario de la operación. La juez ampara su decisión fundamentalmente --según alega en el apartado de fundamentación jurídica-- en los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera, documentación incautada, conversaciones telefónicas y declaraciones prestadas. En su argumentación, De Lara subraya que, "sin perjuicio de la investigación del órgano competente", de los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera "se infiere la participación" de la exconcejala compostelana en "el pago de una factura inflada" por la representación del espectáculo 'La Abeja Maya', para beneficiar al empresario Jesús Fuentes Maceira, implicado también en "adjudicaciones presuntamente ilícitas" a favor de GRS y Aquagest.

El auto alude, asimismo, a "influencias" en las que habría intervenido Prado con el entonces también concejal Albino Vázquez y Adrián Varela, también compañero suyo en el Consistorio, para "beneficiar económicamente a su cónyuge en su actividad de venta de materiales textiles", entre ellos a los Ayuntamientos de Santiago y Boqueixón, "empleando para ello a terceros intermediarios para no involucrar su nombre como proveedor". Añade la jueza que éste --a quien ha ordenado investigar-- "habría utilizado estratagemas como la de facturar, por medio de personas interpuestas". "Así, como persona física, por un lado a Servicios y Materiales, del Grupo Vendex, y a través de otra empresa de su propiedad, a Aquagest y Servicios y Materiales", remarca el auto.

En tercer lugar, el auto se refiere a la "influencia" de la portavoz del PPdeG en la contratación de determinadas personas "afiliadas o próximas ideológicamente" a su partido "en empresas concesionarias de obras y servicios" del Ayuntamiento de Santiago, "llegando a adaptar para ello los currículos a los puestos de trabajo". "Independientemente de otros supuestos, revelados en los informes presentados, habría enchufado supuestamente a alguna persona para ser contratada por la empresa Sermasa, adjudicataria del concurso de la Escuela infantil de Salgueiriños. Igualmente podría haber intervenido en algunos expedientes de acometida de agua a favor de terceros y en la resolución de un expediente de un local llamado Moon, probablemente de apertura o cierre por ruidos", agrega el auto judicial.

En esta coyuntura y ante la "condición de aforada" de Prado, la jueza concluye que hay que abrir una pieza separada de las presentes actuaciones a fin de determinar en la misma "si procede o no elevar la pertinente exposición motivada", previo traslado al Ministerio Fiscal. Dicha pieza separada, incoada como "diligencias previas", incorpora todos los informes presentados por Vigilancia Aduanera sobre Prado --los relativos a la escuela infantil de Salgueiriños y contratación; el de conversaciones telefónicas de la portavoz del PPdeG; el relativo al espectáculo 'La Abeja Maya'; y el que atañe a las actividades de su marido. También suma una copia de la declaración que Prado prestó como testigo en el marco de la causa.

Bajo secreto de sumario permanece la declaración de la portavoz del PPdeG, quien esta mañana anuló la visita que tenía prevista al mercadillo de Fisterra (A Coruña) dentro de los actos de la campaña para las europeas. Con fecha del pasado 9 de mayo, la jueza Pilar de Lara firmó la prórroga del secreto de sumario que también atañe a declaraciones del exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa, la concejala Amelia González, el exedil Albino Vázquez y el marchante Leonardo Patterson, así como sobre folios concretos de más de 70 tomos, de los 120 en los que está dividida la causa.

La portavoz popular ha evitado en las últimas semanas realizar declaraciones ante los medios de comunicación, pero después de trascender que De Lara investigaba a su marido, sí emitió un comunicado en el que defendió que "nunca intercedió" por la actividad profesional de su marido ni por "ninguna de las empresas" para las que él trabajó. En lo que a ella atañe, agregó que "nunca en su vida" alteró el precio de contrato público alguno. Prado también aprovechó la nota emitida para remarcar que, pese a que el juzgado ya conocía el informe de Vigilancia Aduanera "no sólo mantuvo su condición procesual" --no está imputada-- sino que, tras responder a "todas y cada una" de las preguntas de la jueza, su condición de "testigo" en la causa "no cambió un ápice". La dirigente popular lamentó que se hiciese público un informe que "arrojaba dudas" sobre sus actuaciones como cargo público, pero no se trasladase también el contenido de su declaración en el juzgado, en la que --aseguró-- aclara "todas y cada una de las cuestiones" que pudieron ser interpretadas "de una forma errónea" y que permanece bajo secreto.