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Los centros comerciales pagarán el impuesto de grandes superficies

La actual ley solo grava a las áreas mayores de 2.500 metros cuadrados de un único operador

La Generalitat planea la modificación de la normativa

El centro comercial de Las Arenas, poco después de abrir.

El Gobierno catalán proyecta modificar el impuesto de grandes superficies para ampliar su base de contribuyentes. Los departamentos de Economía y de Empresa trabajan en una modificación para todos los centros comerciales paguen el tributo, estén estos divididos en pequeñas tiendas —hasta ahora exentos— o sean explotados por una sola gran superficie, según confirmaron fuentes de la Generalitat. Actualmente solo pagan el impuesto de grandes superficies aquellos negocios que superen los 2.500 metros cuadrados.

Se desconoce todavía el impacto económico que podría tener para las arcas autonómicas un impuesto que recauda unos 17 euros por cada metro cuadrado adicional a los primeros 2.500. Pero según los datos del Departamento de Empresa en Cataluña hay un total de 45 centros comerciales y Barcelona, que tiene nueve, cuenta con una superficie total de 536.000 metros cuadrados. Además, en el horizonte se perfilan nuevos centros y ampliaciones de los actuales. Para este año, el Departamento de Economía prevé ingresar 39,9 millones por el impuesto de grandes superficies, mientras que en 2012 recaudó 15,1 millones de euros.

La Administración lleva meses trabajando en una reforma que reclaman desde hace tiempo los asociados de Anged, la patronal que aglutina a los grandes distribuidores. Consideran que se encuentran en una situación de agravio comparativo en el sector: mientras que unos grandes almacenes como El Corte Inglés pagan el tributo, las distintas tiendas de marca ubicadas en un centro comercial se libran de hacerlo.

En Cataluña hay actualmente 45 centros comerciales que superan los 2.500 metros de superficie

El Gobierno de Artur Mas (CiU) está de acuerdo con esa reclamación y trabaja en los cambios normativos, que podrían llegar de la mano de la próxima ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2015, a finales de año. Los trabajos que lidera la Dirección General de Tributos intentan modificar la norma sin hacer ruido y sin que esta tenga problemas legales. La Generalitat está muy preocupada con que cualquier cambio en el impuesto pueda poner a este en el foco de la Comisión Europea y se inicie una nueva batalla judicial de final incierto. “No queremos hacer vulnerable el impuesto”, señalaron fuentes de la Administración catalana, a la que también le preocupan las posibles denuncias en España.

Es un temor fundado. La Generalitat presidida por Jordi Pujol creó el impuesto en el año 2000 con el ánimo de financiar los costes vinculados al funcionamiento de las grandes superficies. Un año después el Gobierno central de José María Aznar lo denunció ante el Tribunal Constitucional, al considerar que el nuevo gravamen autonómico no tenía sentido, ya que nacía con los mismos criterios que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En paralelo, Anged presentó otros recursos contra la ley que creaba el impuesto, al que consideraba como un intrumento más de la política comercial catalana, contraria a la implantación de grandes superficies y salvaguarda del pequeño comercio. En contra, decían, se frenaba la capacidad de generar empleo y de impulsar la actividad económica vinculada al comercio.

Tras esas denuncias, la realidad era que el impuesto estaba vigente pero que la Generalitat apenas recaudaba nada por él. La mayor parte de los operadores evitaban pagarlo, pero para evitar sanciones posteriores presentaban un aval por el importe que les quedaba reconocido. Eso fue así hasta junio de 2012, cuando el Tribunal Constitucional falló a favor de la Generalitat, que reconocía entonces 120 millones de euros pendientes de cobro por la década de impagos. Esa batalla judicial es la que ahora la Generalitat quiere evitar si plantea la modificación de la ley vigente.