El destino de Soriano tras su secuestro por Soler era Panamá
Un testigo afirma que supuestamente participaron en el intento de rapto otros empresarios
Corría finales de marzo cuando el Grupo de Atracos de la Policía Nacional se sorprendía ante las declaraciones que realizaba un confidente. Sabía de una trama lista para secuestrar al expresidente del Valencia CF, Vicente Soriano, y estaba dispuesto a facilitar datos.
El ahora testigo protegido hablaba entonces de una reunión producida tres meses antes en la que un abogado de Madrid, el también expresidente del Valencia, Juan Soler, y un asesor de este último, planeaban el secuestro de Soriano para intentar vaciar las cajas fuertes en las que pudiera esconder dinero, manteniéndolo además en torno a dos días retenido en un chalé de Valencia.
Sin embargo, este no era el destino final del empresario. En su declaración se añadía que se había contratado a un sanitario que sedara a Soriano, y lo mantuviera sano y salvo mientras era trasladado a Francia, y de allí a Panamá. País donde podrían vaciar las cuentas bancarias secretas que el empresario podría tener abiertas en este país.
Estas declaraciones iniciales apuntaban a Soler como el presunto instigador si bien se manifestaba que junto a él se encontraban otros empresarios procedentes de Sudamérica con los que Soriano también tenía deudas. Empresarios de los que, hoy por hoy, no se tiene constancia de su identidad.
De momento, el Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia que investiga el caso tan sólo ha imputado a cinco personas: Juan Soler, Ciro D'Anna (italiano regente de una pizzería en el mercado de Colón), Abdellatif Laaroubi (más conocido como Tati, que era la persona de confianza de Soler, de nacionalidad marroquí) Miguel M.F. y el abogado valenciano Juan Carlos Navarro.
El plan incluía tener sedado 48 horas al expresidente del Valencia en España
La causa debía estar bajo secreto de sumario hasta el 24 de mayo, pero finalmente el juez decidió levantar el secreto el pasado viernes.
El rocambolesco plan parece ser que se fraguó después de que Soriano no pagara la deuda contraída con Soler. Este último todavía no había cobrado la totalidad de los pagarés por la venta de 70.000 acciones del Valencia en el 2009, por valor de 85 millones de euros, efectuada entre los años 2008 y 2009. Una deuda que en la actualidad se acerca a los 100 millones.
A pesar de que el Supremo le ha dado la razón a Soler en varias ocasiones y conmina a Soriano a que pague la deuda contraída, (más los intereses y las costas judiciales) Soler no ha podido cobrarla ya que Soriano se ha declarado insolvente. A raíz de ello, Soler contrató la agencia de detectives Distrito 46 para que intentara descubrir dónde podía esconder Soriano el dinero y si había alguna forma de poder rescatarlo.
Pero los resultados fueron decepcionantes: el dinero había desaparecido y la mayoría de los bienes de Soriano, o bien tenían cargas que los gravaban por encima incluso de su valor, o bien ya no estaban a nombre de Soriano. Los posibles inmuebles estaban a nombre de una complicada trama de familiares y amigos interpuestos, difícil de desenmadejar si se intentaba cobrar judicialmente la deuda por esta vía.
Tras ser trasladado a Francia pretendían llevarlo al país centroamericano
Esta parece ser la causa por la que Juan Soler, desesperado, inicia el complot del secuestro, truncado por la policía.
El papel de cada uno de los actores se va aclarando poco a poco. Soriano, la víctima; Soler, el presunto inductor; el Tati y Ciro d’Anna, los presuntos intermediarios con el grupo de secuestradores (que parece ser venían de Colombia para ejecutar el plan); Miguel M.F. (quien podría ser el “facilitador”); y el letrado Juan Carlos Navarro, de quien no está claro su participación. Y una figura clave: el misterioso testigo protegido que da “el chivatazo” a los policías, cuyas declaraciones han presentado algunos datos contradictorios.
Todos ellos se niegan a hacer declaraciones a la prensa. Tan sólo se ha escuchado por los pasillos de la Ciudad de la Justicia al abogado valenciano manifestar su inocencia “se trata de una infamia dirigida contra mí, para dañarme en mi profesión de abogado”. Sin embargo, todos ellos deberán responder las preguntas del juez en los próximos días.
