Neurólogos que recetan collarines y corsés
Inspectores de Sanidad detectaron en 2011 un fraude en la compra de ortopedia
La Consejería de Sanidad, a través de su departamento de inspección, estudia los errores de gestión en los centros sanitarios públicos. Aunque fuentes de Sanidad aseguran que las estafas no son habituales, en febrero de 2011 abrió una investigación por un gran fraude en la compra de productos de ortopedia en el hospital General de Valencia. En esta ocasión, una empresa privada había falsificado miles de facturas de productos ortopédicos en las que había puesto nombres de pacientes y médicos falsos.
La alerta sonó en primer lugar en la central de compras de la Consejería de Sanidad al detectar que departamentos tan dispares como Neurología o Medicina Interna estaban recetando collarines, corsés y aparatos ortopédicos poco habituales en sus consultas. En 2010, según publicó Levante-EMV, la consejería advirtió al hospital de esta incoherencia y pocos meses más tarde abrió una investigación. Las recetas incluían materiales de todo tipo, desde sillas, muletas o andadores hasta muñequeras, collarines, zapatos ortopédicos o fajas.
El trabajo de los inspectores reveló las constantes irregularidades en las compras que se hacían con diagnósticos falsos, a pacientes falsos o que no los necesitaban, utilizando firmas falsificadas de los médicos del hospital y cuños no oficiales.
La estafa utilizó datos de médicos de Neurología, Neurocirugía, Medicina Interna, Traumatología, Medicina Física y Rehabilitación y en las facturas los números colegiales de los médicos no coincidían con sus nombres. Hasta 5.000 recetas médicas fueron investigadas para tratar de depurar responsabilidades.
El material adquirido con informaciones falsas era entregado de forma real en dependencias hospitalarias donde el personal público hacía la recepción de las mercancías.
La inspección comenzó una ronda de interrogatorios con los médicos que supuestamente prescribían los tratamientos y localizó a los pacientes para tratar de averiguar si efectivamente estaban recibiendo el material. Los inspectores preguntaron a los médicos si reconocían su letra y su firma y si habían recetado realmente dichos productos. Fuentes de la investigación detectaron entonces que algunos pacientes estaban recibiendo material protésico sin consultarles.
La Consejería de Sanidad denunció esta estafa ante los tribunales porque, según sus cálculos, las empresas falsificadoras podrían haber llegado a ingresar cerca de un millón de euros.
En el fraude estaban implicadas dos empresas de prótesis de la ciudad de Valencia. La juez ordenó que se revisasen todas las recetas procedentes de los hospitales valencianos en las que estas empresas participasen como proveedores y la Policía Judicial investigó las empresas para obtener todos los documentos médicos relacionados con los facultativos del hospital General de Valencia, lugar donde se descubrió el caso.
