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Alaya sortea a los aforados en la imputación de la cúpula de Idea

La instructora del caso de los ERE evita acusar a Viera, Ávila, Martínez Aguayo y Vallejo

La magistrada alega que necesita más información

Braulio Medel (izquierda), sentado junto a José María Bueno Lidón.
Braulio Medel (izquierda), sentado junto a José María Bueno Lidón.

Mercedes Alaya, instructora del fraude de los ERE de Andalucía, ha vuelto a realizar un viaje al pasado zigzagueante para dejar al margen a los aforados, un regate que le permite mantener en sus manos todo el caso. En un auto fechado el martes, imputa a los miembros del consejo rector de Idea entre 2001 y 2008. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) es el ente de la Junta a través del que se concedían las ayudas a empresas que la magistrada considera ilegales. En total, Alaya ha imputado a 25 personas, contando también a los directores financieros de Idea. Figuran, entre otros, el presidente de Unicaja, Braulio Medel, y el expresidente de El Monte José María Bueno Lidón. A todos los señalados les imputa los delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial por aprobar la concesión de ayudas a empresas y por el “falseamiento” de las cuentas de esta agencia pública.

Pero en el exhaustivo recorrido que la juez hace por las 32 actas de las reuniones del consejo de la agencia entre 2001 y 2008, Alaya evita imputar a cuatro relevantes miembros de este órgano durante esa etapa. Todos son diputados —ya sea del Congreso o del Parlamento andaluz— y, por lo tanto, aforados a los que no podría investigar. Son los dos expresidentes de Idea José Antonio Viera y Francisco Vallejo y los antiguos vocales del consejo Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo, estos últimos también exconsejeros de la Junta.

16 nuevos acusados

La juez imputa a 16 miembros del consejo de la agencia Idea.

José María Bueno Lidón, expresidente de El Monte.

Braulio Medel, presidente de Unicaja.

Francisco del Río, jefe del Gabinete Jurídico de la Junta.

José Domingo Abascal, ejecutivo de Abengoa.

Joaquín Moya-Angeler, presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía.

Felipe Romera Lubias, director general del Parque Tecnológico de Andalucía.

Además, se incluye a varios cargos de la Junta: Jesús Nieto González, Juan Paniagua, Francisco García Martínez, Juan Carlos Soriano, Manuel López Casero, Rafael Herrera Gil, Ana María Peña Solís, Ángel Garrido Galve, Isabel de Haro Aramberri y Pilar Rodríguez López.

Consciente de que está sorteando a los miembros del consejo que gozan de fuero, Alaya da algunas explicaciones en su auto, que firmó el 13 de mayo. Según interpreta, las declaraciones de los nuevos imputados —previstas todas para la próxima semana— podrán servir para “concretar la participación de determinados aforados que pertenecían al consejo rector”. Añade que para poder determinar su responsabilidad es “indispensable” el informe que la Guardia Civil realiza “en la actualidad” sobre el funcionamiento de Idea y de la Consejería de Innovación, de la que dependía este ente. En otro apartado de su escrito, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla abunda en la misma línea argumental: sostiene que se necesitan practicar “diligencias indispensables” para “profundizar en la investigación sobre el funcionamiento del consejo rector, las cuales indudablemente también estarían encaminadas a determinar e individualizar la conducta concreta y el grado de responsabilidad de algunos de los aforados señalados en el auto de fecha 18 de diciembre de 2013”. Alaya se refiere al escrito en el que preimputó a Viera, Vallejo, Ávila y Martínez Aguayo. También señaló a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves en el mismo auto.

La magistrada acusa a los cargos políticos, todos miembros del PSOE, de conocer y participar en la elaboración del sistema de ayudas sociolaborales entre 2000 y 2010 que considera ilegal. Alaya entiende que tras el modelo de reparto de fondos —a través de transferencias de financiación— había una decisión política, de ahí que señale a la cúpula de la Junta.

Pero la magistrada da ahora un paso más al imputar también al consejo rector de Idea, la agencia a través de la que se pagaban esas ayudas a empresas. Ya no solo figuran en el listado de sospechosos los representantes políticos, también miembros del sector financiero, como Medel y Bueno Lidón. Aparecen, además, ejecutivos de empresas, como José Domínguez Abascal, antiguo secretario general de Universidades de la Junta y que hoy trabaja para Abengoa. También están imputados Joaquín Moya-Angeler Cabrera, presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía, y Felipe Romera Lubias, presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía.

El caso de Medel, presidente de Unicaja desde 1991, es llamativo. Alaya reconoce que, en siete años, solo asistió a tres reuniones en las que se aprobaron ayudas a empresas. En el resto de ocasiones delegó su voto. Pero estas ausencias no implican para la magistrada una rebaja en la culpa. “Cabe inferir que su actuación por delegación sería cómoda y buscada a propósito”, opina la juez.

El resto de miembros del consejo rector de Idea imputados son o han sido altos cargos de distintas consejerías del Ejecutivo andaluz. Representantes de los “centros neurálgicos de poder de la Junta”, así los llama la magistrada en su auto. Entre estos últimos destaca el director del Gabinete Jurídico del Gobierno autónomo, Francisco del Río Muñoz.