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El palacio de Cibeles costó 500 millones

El gasto de la reforma fue un 75% superior al presupuesto inicial

El Ayuntamiento obtuvo el edificio a cambio de 360 millones en inmuebles, e invirtió luego 140 millones en remozarlo

UPyD: “Es un derroche”

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Galería acristalada del Palacio de Cibeles.

El traslado de la sede del Ayuntamiento de Madrid desde la plaza de la Villa, con 300 años de historia, al Palacio de Telecomunicaciones, en la plaza de Cibeles, fue una de las decisiones más costosas, en términos políticos y económicos, del entonces alcalde y ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP). El Ayuntamiento obtuvo el edificio del Estado a cambio de inmuebles valorados en 360 millones de euros. Luego acometió una reforma que se inició con un presupuesto de 80 millones y se elevó finalmente, según reveló Gallardón en 2011, a 126 millones. Sin embargo, según un documento oficial al que ha tenido acceso EL PAÍS, el coste definitivo de la reforma fue de 138 millones, es decir, un 10% superior a lo admitido por Gallardón en 2011. Así, la operación completa rozó los 500 millones.

Gallardón ejecutó en su mandato (2003-2011) inversiones por valor de 10.500 millones de euros (casi cinco veces el presupuesto total del Ayuntamiento en 2002). La mitad de esos proyectos se hicieron con dinero prestado por los bancos que aún está por devolver. La obra más relevante fue el soterramiento de la M-30 (4.745 millones) bajo el parque de Madrid Río (371 millones), pero también se invirtió en instalaciones culturales (640 millones) y deportivas (422 millones), etcétera.

Entre esos proyectos, los hay polémicos porque ahora apenas tienen uso (la Caja Mágica costó 294 millones, el doble de lo previsto; la Nave Boetticher, con 30 millones de presupuesto inicial, sigue sin inaugurar tras seis años de obras) o porque están paralizados (el Centro Acuático lleva cuatro años parado, una década en obras, y acumula un sobrecoste del 40%). Pero el Palacio de Cibeles es el que más daño político infligió a Gallardón porque se acabó en plena crisis económica, subrayando así detalles como que el despacho del alcalde tuviera 80 metros cuadrados.

Aunque el traslado a Cibeles rondaba ya antes, fue Gallardón quien le dio carta de naturaleza. La candidata socialista en 2003, Trinidad Jiménez, también lo propuso, lo que le valió a Gallardón para asegurar luego que el plan fue refrendado en las urnas por la suma de votos del PP y el PSOE. Para hacerse con el palacio, entregó al Ministerio de Cultura el edificio Cariátides, en el número 49 de la calle de Alcalá (tasado en 140 millones), que ahora es sede del Instituto Cervantes. Además, compró el inmueble del número 41 de Capitán Haya, por 132 millones, para dárselo al Ministerio de Ciencia. A esos dos edificios se sumaron otros inmuebles y solares por un valor total de 360 millones, contando además que Correos se reservó 2.886 metros cuadrados en el Palacio de Telecomunicaciones (hasta entonces su sede). El equipo de Gallardón defiende a capa y espada que esos 360 millones no supusieron coste para las arcas públicas, pues a cambio se obtuvo el palacio.

Una vez en su poder, se convocó un concurso de ideas para reformarlo, que ganó en febrero de 2005 el arquitecto Francisco Rodríguez Partearroyo. La obra comenzó a finales de 2006, con un presupuesto de 67 millones y un plazo de 30 meses. Al proyecto original se fueron sumando modificaciones hasta llegar a los 80 millones de presupuesto de partida, según explicó Gallardón en septiembre de 2011. El coste final fue 126 millones. Su equipo achaca la diferencia a que el edificio estaba peor de lo esperado, y las obras de rehabilitación se ajustaron a las normas de patrimonio histórico. Además, la cimentación tuvo que ser reforzada para construirse un aparcamiento subterráneo.

Sin embargo, el Ayuntamiento ha rectificado ahora esa cifra, elevando el coste final de 126 a 138 millones. Es decir, un 75% más que el presupuesto inicial oficial.

El desglose de gastos incluye 488.000 euros desembolsados en 2012 y 2013, pero el resto de cantidades se corresponde con el mandato de Gallardón. Su equipo atribuye esa diferencia de 12 millones a que el Ayuntamiento, en manos de Ana Botella (PP) desde diciembre de 2011, ha cambiado la metodología a la hora de achacar gastos a las obras de Cibeles.

El líder municipal de UPyD, David Ortega, critica los “engaños y márketing” que rodean, en su opinión, esta obra. Censura que se haya querido enmascarar como “inversión cultural” un “derroche” de dinero público y un traslado “innecesario”. Pese a que Gallardón defiende que Cibeles es un centro cultural, sólo el 1% del presupuesto de la obra se destinó a inversión cultural. “Da la impresión de que priorizó sus intereses personales o de partido para culminar una apuesta personal antes de abandonar la alcaldía”, concluye Ortega para explicar que el edificio requiriese de obras después de darse supuestamente por concluido en 2011.

La antigua sede municipal en la plaza de la Villa sigue cerrada y sin uso, y ha requerido de inversiones para frenar su deterioro.

Sobrecostes en el proyecto estrella de Botella

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, siente especial predilección por los servicios sociales municipales, que dirigió entre 2003 y 2007, y por las cuestiones medioambientales, que la ocuparon entre 2007 y 2011. Presume especialmente de unas inversiones ocultas para el ciudadano pero tan importantes, en términos económicos y de bienestar, como el soterramiento de la M-30. “La red de saneamiento de aguas residuales ocupa un lugar fundamental en la gran transformación que ha protagonizado Madrid en los últimos años”, dijo en 2012, alabando ese “gran esfuerzo para que Madrid tenga unas infraestructuras hidráulicas de vanguardia”.

El plan de mejora de calidad de las aguas del río Manzanares supuso una inversión de 871 millones de euros entre 2005 y 2011, con la construcción, entre otras infraestructuras, de 37 estanques de tormenta y 39 kilómetros de colectores. La inversión total en obras hidráulicas en ese periodo alcanzó los 1.200 millones de euros, de los que 200 correspondieron a fondos europeos.

El Grupo Municipal Socialista, que dirige Jaime Lissavetzky, ha estudiado los contratos adjudicados en 2005 dentro de ese plan de mejora del Manzanares, que sumaron 373,4 millones de euros.

El plan del entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, era construir 34 kilómetros de colectores para recoger el agua de la lluvia y llevarla a las depuradoras antes de verterla al río, lo que triplicaría así su cauce. Además, se anunciaron 12 estanques de tormentas para almacenar esas aguas.

Según la información recabada por los socialistas, los 12 contratos adjudicados en mayo y agosto de 2005 a Sacyr, Dragados, FCC, Acciona, Ferrovial y otras empresas del sector sumaron en los dos años posteriores un sobrecoste medio del 32%, de forma que su cuantía pasó de 373,4 a 494,4 millones de euros. Estas modificaciones se debieron a obras imprevistas; cambios de materiales, maquinaria o trazado de las tuberías; ampliaciones de los trabajos; o diferencias en la naturaleza del terreno.

“Los continuos sobrecostes en las obras realizadas en Madrid por el PP en la última década son un ejemplo más del daño que gestión de la ciudad pensando en el escaparate puede hacer a los ciudadanos”, censura Lissavetzky.

“Sin esos sobrecostes y obras suntuosas e innecesarias, Madrid no tendría la deuda escandalosa que tiene, y sus ciudadanos no hubieran soportado dañinos recortes sociales en el momento más difícil para ellos”, concluye.