La Fiscalía imputa al presidente de Cabral que defiende el centro comercial
En el auto del fiscal establece que los hechos por los que se le acusa están penados con seis meses a cuatro años de prisión
La Fiscalía ha presentado una denuncia por apropiación indebida contra Luis Rodríguez, presidente de la comunidad de montes en mano común de Cabral, cuyo apoyo al gran centro comercial de Porto Cabral provocó una revuelta vecinal en Vigo. El asunto por el que se produce la imputación no está relacionado con este proyecto, sino con una permuta presuntamente perjudicial para los intereses de la entidad que se conoció en vísperas de la asamblea en la que los comuneros votaron en contra de la operación con la empresa Eurofund, lo que resultó decisivo para que Rodríguez perdiera la votación.
La fiscal jefe del área de Vigo, Susana García-Baquero, considera que existen indicios, acreditados por sus propia investigación y la realizada por la policía, de que se realizaron actos de disposición y adquisición “que perjudican los intereses de dicha comunidad y vulneran la normativa reguladora de las comunidades de montes”. En el auto de la fiscalía se establece que los hechos “constituyen un delito de apropiación indebida en su modalidad de gestión desleal”, penado con seis meses a cuatro años de prisión.
La operación que denuncia la fiscalía se inició en 2006 y culminó en 2012, pero no fue conocida hasta septiembre del año pasado, a raíz de las investigaciones realizadas por los opositores a Porto Cabral, que fueron quienes trasladaron los hechos a la fiscal. Se trata de una permuta con el titular de una sociedad inmobiliaria denominada Grucave, S. L en la que la comunidad de montes aportó 3.140 metros cuadrados de terreno industrial en la zona de Puxeiros. A cambio, recibió apenas 4.300 metros cuadrados de terreno rústico y clasificado como comunal. La permuta se ejecutó a pesar de contar con un informe en contra de la Xunta.
Según la documentación reunida por sus opositores, la directiva de la comunidad porfió durante años para ejecutar el intercambio, hasta el extremo de comprarle al Ayuntamiento una finca de 714 metros de titularidad municipal para completar la parcela que le interesaba a la inmobiliaria. Para ello realizó un desembolso de 239.580 euros, lo que supone un precio de 335 euros el metro cuadrado. Pese a la negativa de la Xunta a autorizar la permuta, puesto que los terrenos que aportaba la comunidad no estaban clasificados como comunales y los que recibió a cambio sí, la operación se llevó igualmente a cabo ante notario.
De aplicarse a toda la parcela el precio que pagó la comunidad de montes por los 714 metros cuadrados que le adquirió al Ayuntamiento, los terrenos que han acabado en manos de la promotora Grucave, y en los que ahora se construye una gran nave industrial, habrían superado el millón de euros. Grucave vendió después la parcela a las empresas de los hijos de su titular, Antonio Caride. Posteriormente, uno de ellos revendió su parte a su hermano por 562.000 euros.
La fiscalía subraya el hecho de que la permuta fue “desautorizada” por la Consellería de Medio Rural y que la en compra de la parcela citada no se adoptó el título formal de compra-venta “para burlar los requisitos legales”. La permuta, añade el escrito trasladado al juzgado, fue realizada “con infracción de la normativa de comunidad de montes y de forma fraudulenta”. Añade la fiscal que en la operación se realizó sin el visto bueno de la Consellería de Medio Rural “y a sabiendas de que en el año 2006 no se autorizó la misma permuta referida a las mismas fincas”. Todo esto, continúa, se hizo “en contra de los intereses e la comunidad, ya que se ha permutado un terreno clasificado como de uso industrial por terreno rústico, con la diferencia de valor que esto puede suponer”. Según la fiscalía, se ha permitido que “dos terrenos ubicados dentro de la superficie clasificada de la comunidad sean ‘aparentemente’ entregados en base a dicha permuta” por Grucave, a pesar de que “no los tiene inscritos a su nombre en el registro de la propiedad y respecto de los que hasta la fecha no se ha acreditado su propiedad efectiva”, en alusión a la posibilidad de que los comuneros entregaran una parcela industrial a cambio de otras dos que podrían ser suyas.
