La investigación de Emarsa refuerza los indicios delictivos de los cabecillas
El juez cerrará en breve la instrucción después de tres años de trabajo
La minuciosa investigación judicial del caso Emarsa concluye con el refuerzo de la tesis de la fiscalía: una red de militantes del PP saqueó 26 millones de euros del organismo que depuraba las aguas residuales de Valencia en Pinedo entre 2004 y 2010.
Después de tres años de alambicadas pesquisas, de centenares de tomos de sumario y de jornadas laborales de 12 horas en el Juzgado de instrucción número 15 de Valencia, la cuenta atrás para sentar en el banquillo a los artífices del expolio ha comenzado. El juez Vicente Ríos cerrará la instrucción de la causa principal en las próximas semanas, según fuentes de la investigación. La matriz del caso tiene 27 imputados. La mayoría son militantes o afines al PP.
La instrucción ha apuntalado los indicios delictivos atribuidos al exgerente de Emarsa Esteban Cuesta; al exvicepresidente de la Diputación de Valencia Enrique Crespo; y a dos exaltos cargos de la empresa de la Generalitat Epsar: José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer. La investigación sostiene que cometieron los delitos de malversación, prevaricación y soborno. Los cabecillas de la trama se enfrentan a penas de más de diez años de prisión, según las mismas fuentes.
El auto que pondrá en marcha el engranaje judicial para sentar en el banquillo a la red corrupta afectará a la mayoría de los imputados de la pieza principal. La investigación solo baraja librar del juicio a un matrimonio de trabajadores del servicio doméstico que fueron colocados sin su consentimiento en las sociedades de Daniel Calzada, un contratista que, supuestamente, facturó a Emarsa por trabajos falsos.
Al margen de la rama matriz, la instrucción de las siete piezas separadas del caso que dependen del juzgado de instrucción número 15 de Valencia —tres se instruyen en la Audiencia Nacional— podría finalizar en los próximos tres meses. La investigación planea adelantar la citación como testigo del secretario del Ayuntamiento de Manises. Su declaración puede resultar clave para determinar si el exalcalde del municipio Enrique Crespo utilizó a su familia para ocultar más de 12 millones de euros del segundo premio del sorteo de Navidad de 2011. El secretario asistió a la Junta de Gobierno Local en diciembre de 2011 junto al interventor. Este último funcionario declaró que Crespo presumió ante él de portar 100 décimos premiados (12,5 millones) y no uno como aseguró al juez.
Fuentes próximas al caso admiten su frustración por no haber encontrado al prófugo Jorge Ignacio Roca, en busca y captura desde enero de 2012. Roca ideó un complejo sistema para lavar el dinero expoliado en Emarsa a través de Francia, Malta y Andorra.
Cerco al patrimonio de las esposas de dos exaltos cargos
El juez instructor del caso Emarsa, Vicente Ríos, indaga si dos de los supuestos cabecillas del monumental expolio del organismo que depuraba las aguas residuales de Valencia utilizaron a sus esposas para desviar dinero. El magistrado solicita en un auto —exposición razonada— 41 diligencias que incluyen pesquisas para rastrear las cuentas, los bienes y las sociedades de las mujeres de los imputados José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer, exgerente y exjefe de explotación, respectivamente, de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar), la empresa de la Generalitat que supuestamente infló los precios del lodo de donde surgieron las mordidas de la red corrupta.
El trasfondo del auto es descubrir el supuesto patrimonio secreto de los dos imputados, que no han cubierto la fianza de 13,7 millones de euros impuesta por el juez el pasado julio.
El magistrado quiere conocer la fuente de ingresos de las esposas de los imputados —pide su vida laboral—, los movimientos de sus cuentas bancarias, depósitos de valores y declaraciones del IRPF del periodo investigado (2004-2010), También ordena el rastreo el patrimonio de la mujer de Morenilla y de la empresa en la que figura como administradora única, Agromática del Este, SL. El auto se interesa por desgranar los bienes a nombre de la firma Tapiztela y de Strata Via, SL. Bernácer y su esposa vendieron por 110.000 euros su participación de la primera sociedad a la segunda. Otras peticiones de información afectan a la compraventa de valores y sociedades, préstamos e hipotecas, vehículos y donaciones.
El juez ha detectado 13 cuentas de la esposa de Morenilla donde el imputado figuraba como cotitular o autorizado y una decena de la mujer de Bernácer.
Fuentes próximas a la investigación descartan que estas diligencias retrasen el cierre de la instrucción de la pieza principal previsto para las próximas semanas. La mayoría de las peticiones son requerimientos notariales y certificados mercantiles que podrían aterrizar en el juzgado en los próximos días.
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