Los socialistas piden la imputación del vicealcalde de Valencia en Nóos

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia ha pedido al juez del caso Nóos que cite como imputado al vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, quien preside la fundación Valencia Turismo Convention Bureau. Esta entidad, que se nutre principalmente del presupuesto municipal, firmó junto a la Generalitat los contratos sin concurso con el instituto Nóos de Iñaki Urdangarin para organizar los llamados Valencia Summit, por los que se desembolsaron en tres ediciones más de tres millones de euros de dinero público.

Alfonso Grau, que ya declaró ante el juez José Castro en calidad de testigo, sostiene que las decisiones en el patronato de Turismo Valencia Convention Bureau se tomaron de forma colegiada. El vicealcalde ha insistido en esa afirmación a raíz de declaraciones judiciales de varios testigos que le apuntan como responsable de los contratos con Nóos por parte del Ayuntamiento que dirige Rita Barberá.

Según los testigos -entre ellos varios empresarios, la concejal del PP María Irene Beneyto y la exconsejera Belén Juste-, en las reuniones del patronato de la Fundación Turismo Valencia, en las que se trató el patrocinio de las tres ediciones del congreso Valencia Summit, les llegaba todo decidido. Y quienes tomaban las decisiones eran el gerente y el presidente de la fundación, afirmaron. Es decir, José Salinas y el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.

El PSPV, que es parte en la causa como acusación, pide la imputación de Grau por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude a la administración y tráfico de influencias.

En su escrito al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, los socialistas sostienen que no es lógico que solo estén imputados en la investigación ex cargos de CACSA (Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA), la sociedad que firmó los convenios por parte de la Generalitat, ya que los responsables de la fundación Turismo Valencia también suscribieron los acuerdos.

En ese sentido, el PSPV rechaza "la defensa de la falacia sobre la naturaleza jurídico privada" de la fundación y aporta el desglose de los presupuestos de Turismo Valencia para intentar demostrar que el dinero que maneja proviene en su mayoría de las arcas públicas. Tanto Grau como la alcaldesa, Rita Barberá, sostienen que la fundación es una entidad de carácter privado y separada del Ayuntamiento. Los socialistas, por el contrario, consideran que se trata de una "entidad de derecho público dependiente de la Administración local valenciana y, por tanto, sujeta a las reglas que rigen la contratación pública".

Así, la petición de imputación de Grau defiende que "es palmario e incontestable" que la fundación "financiaba sus actividades con dinero de las arcas públicas valencianas" y que "debía y debe ceñirse al modo de contratar del sector público, mandato legal que fue quebrantado e incumplido en la firma de los convenios con el Instituto Noos en el 2004, 2005 y 2006". Años en los que el presidente del patronato era el vicealcalde, al que el escrito considera "responsable de las decisiones tomadas en el seno de la fundación".

En opinión de la acusación socialista, Grau, "de común acuerdo" con Urdangarin y su socio, Diego Torres, "acordaron y dictaron decisiones administrativas arbitrarias y al margen de la legalidad, con el solo fin de atender los intereses particulares" del yerno del Rey, "dando lugar con ello a desviaciones de poder y excesos que han provocado un perjuicio directo en el recto funcionamiento del Ayuntamiento de Valencia y en sus arcas públicas".

"Cúmulo de evidencias"

En relación con la petición al juez, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, ha subrayado que el PSPV está personado en el caso Nóos para “defender los intereses de los ciudadanos y ciudadanas”. “Barberá y su equipo no dieron ningún paso para defender los intereses de Valencia ante los fondos que fueron indebidamente pagados al instituto Nóos y que queremos que sean restituidos”, ha afirmado Calabuig. Ha destacado también que “ante le cúmulo de evidencias” la alcaldesa de Valencia, “tiene que asumir su responsabilidad política y dar la cara ante la ciudadanía para explicar por qué no se realizó un seguimiento de las actividades y de las cantidades que el instituto Nóos estaba recibiendo del Ayuntamiento”.

En cuanto al vicealcalde de Valencia, ha señalado que los delitos por los que los socialistas piden su imputación “están derivados de su actuación en Turismo Valencia” y “su comisión ha quedado claramente acreditada a lo largo de este procedimiento”.

Grau, por su parte, ha achacado la petición socialista de que sea imputado a la  "incapacidad" e "impotencia" de la oposición para "presentar una alternativa creíble para la ciudad". El vicealcalde ha insistido en que, "mal que les pese", la Fundación Turismo Valencia, es "de derecho privado, no sometida a la ley de contratos de la Administración pública, y así está probado".

Igualmente, ha indicado que en las declaraciones de los testigos "ninguno señala que en la fundación no se tratara el tema ante los diferentes patronos". También ha reiterado que las decisiones en el patronato son colegiadas y que él no tiene voto de calidad ni el Ayuntamiento la mayoría en dicho órgano.