El Gobierno probará un protocolo contra el maltrato de mayores

El consejero de Políticas Sociales, Juan María Aburto, ha presentado este lunes en el Parlamento un protocolo para detectar el maltrato en personas mayores, una herramienta cuya validez aspira a probar durante un mes con los servicios sociales y sanitarios de Euskadi y personas dependientes. El protocolo cuenta con dos cuestionarios para aplicarlos en personas mayores, con el fin de detectar casos y, después, identificar el nivel de gravedad y tomar medidas entre las que también están la institucionalización de la persona mayor o la información a la fiscalía.

Lo interesante sería, ha resaltado Aburto, introducirlo en los servicios sociales y sanitarios, pero también en ámbitos notariales y financieros. Y es que el consejero ha hablado tanto de maltrato físico como de un maltrato económico a las personas mayores -la oposición ha criticado que no incorpore el maltrato psicológico-. El Gobierno vasco cree que la mayor incidencia se da en el ámbito doméstico, pero no solo allí. Aburto ha resaltado que también hay dificultades para medir malos tratos en los ámbitos “institucionales y sanitarios” donde ha resaltado que “parece que se dan” casos.

El maltrato contra los mayores ha sido definida como la “acción única o repetida o falta de respuesta apropiada que causa daño o angustia a la persona mayor” y que “ocurre en cualquier relación en la que exista una expectativa de confianza”. “A veces una situación de maltrato se puede producir con el desconocimiento”, ha asegurado. “Desconocemos la dimensión real del problema en nuestro entorno, pero hay certeza de que esas situaciones se producen”, ha advertido. Un informe del anterior Gobierno cifró en un 0,9% los mayores maltratados, 4.800, mientras que los encuestadores observaron indicios de ellos en el 1,5%, 8.100 personas. Pero los estudios muestran tasas “enormemente dispares”. En todo caso, Aburto considera que estamos ante la “punta del iceberg” del fenómeno.

El informe que se ha elaborado en torno al protocolo también establece un grupo de recomendaciones, entre las que se reclama una “especialización” en el ámbito judicial en maltrato de mayores y mucha prudencia. Destaca la necesidad de evitar alertas “innecesarias” pero también “desatenciones graves”, subraya que es necesario “evitar culpabilizaciones y una judicialización innecesaria” si se puede reconducir la situación y que es preciso “evitar estigmatizaciones”.