“Espero que no se reproduzca la guerra de banderas del País Vasco”

La Delegación del Gobierno ha presentado hasta ahora 80 recursos contenciosos-administrativos contra Ayuntamientos catalanes que se habían negado a colocar en las fachadas y en interior de los edificios la bandera española. Llanos de Luna, la delegada del Gobierno en Cataluña, ha alegado esta mañana que se limita al cumplimiento de la ley y ha recordado que los requerimientos se realizan bajo la premisa de que los poderes públicos tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha respaldado la presentación de los recursos y ha mostrado su esperanza de que en Cataluña no se reproduzca la guerra de banderas habida en el País Vasco. "Cataluña es ajena a ese conflicto y ojalá no arraigue", ha dicho.

En su intervención, el titular de Interior ha expresado su deseo de que se respeten la colocación de las tres banderas como "garantía de convivencia" y de respeto a los símbolos. "Se trata de que los sean respetados por todos y ojalá no entremos en esas dinámicas", ha proseguido. La Delegación del Gobierno ha impulsado hasta ahora 270 recursos en contra de decisiones adoptadas por Consistorios que apoyan el proceso secesionista. En concreto, además de los 80 recursos contra las insignias, ha presentado un centenar contra municipios que han proclamado la soberanía fiscal y traspasan los tributos directamente a la Generalitat en lugar de a Hacienda; otros 60 recursos contra ayuntamientos que se han declarado “territorio libre y soberano” y 35 más contra los consistorios que pagan cuotas a la Asociación de Municipios Independentistas (AMI), presidida por Josep Maria Vila d'Abadal, alcalde de Vic por CiU, formación en la que ya no milita.

Cuando hacemos el requerimiento, pedimos que pongan las dos banderas", señala LLanos de Luna

De Luna ha afirmado que la Ley de Banderas es muy explícita y que obliga como mínimo a que ondee la bandera española y la catalana. "Cuando se les hace el requerimiento, se les pide que pongan las dos", ha explicado la delegada. Según su tesis, además de la legalidad, existe abundante jurisprudencia que obliga que la insignia española ondee en "un sitio permanente y preferente. Todas las banderas deben tener un tamaño adecuado. Y todas las sentencias están dando la razón al Gobierno de España". El Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia ha colocado la bandera española y, en la fachada, una placa explicando que lo hace por "imperativo legal".

Desde que se inició el proceso soberanista, la Delegación del Gobierno mantiene una dura pugna con la AMI. Vila d'Abadal amenazó en su día con demandar a De Luna por malversación de fondos públicos al forzar al Estado a un dispendio absurdo por razones de carácter político. La AMI considera que la puesta en marcha de la maquinaria judicial es mucho más costosa que las cuotas que pagan algunos Consistorios: los más pequeños abonan 75 euros aunque hay otros que pagan 3.000. "En el caso delas banderas, hay sentencias que está condenando a los Ayuntamientos a pagar las costas procesales por obligar al Estado a ir a un contencioso", ha asegurado la delegada.