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La Fiscalía denuncia la adjudicación arbitraria de pisos sociales en Cádiz

El ministerio público ve delito en la actuación de dos concejalas del PP

La Fiscalía cree que la adjudicación de viviendas sociales en la promoción del Matadero en la ciudad de Cádiz se realizó con criterios arbitrarios. Es la principal conclusión que recoge la denuncia del ministerio público ante los juzgados. El fiscal ve delito de una posible prevaricación en la actuación de Mercedes Colombo y Carmen Sánchez, dos concejalas del PP en el equipo de gobierno del Ayuntamiento gaditano. El relato de hechos reúne el testimonio de varios técnicos a los que las ediles presentaron nombres cerrados para que las incluyesen en el listado de familias necesitadas que debían ser beneficiarias de estas casas. Solo un escaso margen de estas viviendas se repartió con criterios ajustados a la norma. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que había alertado de las irregularidades, exigió ayer que se depuren responsabilidades políticas y, en su caso, penales.

En septiembre del pasado año saltaba a la luz pública la dimisión de la coordinadora municipal del área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Pilar Tubío. Fue el primer aviso de que algo estaba sucediendo. El sindicato Autonomía Obrera atribuyó en seguida su marcha a “presiones políticas” para que cambiara el criterio en la asignación de pisos en esta promoción promovida por el Consistorio y la Junta de Andalucía. Según reveló este sindicato, ella y otros técnicos de esa área, la mayoría trabajadoras sociales, se habían negado a cambiar los criterios que se suelen aplicar para baremar la necesidad de las familias.

Tubío recibió el apoyo de la plantilla del área de Asuntos Sociales, que rubricó en un documento que se hizo público pocos días después. Pocas semanas después cuatro directoras de centros sociales dimitieron de sus cargos.

Esta alerta llevó a la asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía a desvelar, tras meses de muchas dudas, que también creían que la adjudicación de las viviendas sociales no estaba realizándose con la debida transparencia. Su portavoz en Cádiz, Rafael Lara, denunció que el Ayuntamiento se había saltado el listado del registro de demandantes de viviendas de protección oficial en alquiler. Recordaba que la normativa permite plantear excepciones o saltos en esta lista por casos de exclusión social, algo similar a lo que ha ocurrido con la corrala La Utopía en Sevilla. Pero en Cádiz esas excepciones eran, en realidad, el 85% de los nombres.

El PSOE denunció el caso ante la Fiscalía y solicitó una comisión de investigación que fue denegada. El Ayuntamiento y la Consejería de Vivienda, bajo el mandato de IU, entregaron las 102 llaves. La Junta argumentó que no era su responsabilidad determinar los criterios de la adjudicación, que eso era una competencia municipal.

Pero la denuncia socialista no cayó en saco roto. Durante estos meses el Ministerio Público ha recabado testimonios de los trabajadores del área y también de las responsables políticas, Mercedes Colombo, coordinadora del área de Familia, y Carmen Sánchez, concejala de Bienestar Social y política social de Vivienda. Las conclusiones de esa investigación acaban de llegar al juzgado.

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El fiscal cree demostrado que el Ayuntamiento actuó de forma arbitraria en el reparto de las viviendas y que cambió los criterios objetivos de los técnicos por mandato político. De hecho, recaba los testimonios de varios técnicos que aseguran que Colombo y Sánchez les entregaba nombres de familias que debían ser adjudicatarias de las viviendas. Eran la mayoría. Solo un pequeño porcentaje quedaba a criterio de los técnicos, que establecían la adjudicación de las casas en función de la norma vigente.

El fiscal incluye en su denuncia la petición de que Colombo y Sánchez declaren. Será el juez encargado del caso el que decida si las llama como imputadas, así como el resto de personas que deberán declarar por esta causa.

La adjudicación de viviendas fue un acto público en junta de gobierno por la mayoría del equipo de gobierno popular, de ahí que puedan ser llamados más concejales. El Ayuntamiento evitó ayer dar una respuesta a esta denuncia hasta conocerla oficialmente. Pro Derechos Humanos de Andalucía cree que sus sospechas han quedado demostradas y ha reclamado llegar hasta el final para conocer la verdad.

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