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Los británicos con casas irregulares piden a González Pons cambios legislativos

Ocho colectivos de cinco provincias solicitan al Gobierno central cambios en el Código Penal que salvaguarden sus viviendas

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Protesta de británicos en 2010 contra la demolición de viviendas en la comarca de Almanzora.

Los colectivos de británicos compradores de casas irregulares en diversos puntos de Andalucía se reunirán este lunes con el número dos de la lista del PP al Parlamento Europeo, Esteban González Pons. En la reunión, prevista en el municipio almeriense de Fines, acudirán representantes de varios colectivos que aglutinan a unos 40.000 afectados. Tras el "fracaso" del decreto de regularización andaluz, los afectados piden que el Gobierno asuma cambios en el Código Penal y en la Ley del Suelo.

“El decreto de regularización andaluz evidentemente no funciona pero es cierto que algunos cambios se tienen que llevar a cabo a nivel nacional y eso es precisamente lo que le queremos comentar al señor Pons”, ha explicado la presidenta de Abusos Urbanísticos en el Almanzora No (AUAN), Mauren Hillen. Entre las propuestas destaca la de añadir a la Ley del Suelo diferentes artículos en los que se reconozca y proteja el derecho a la propiedad “con el fin de asegurar el inmueble adquirido de buena fe por el comprador”.

Igualmente, piden un cambio en el Código Penal a los mismos efectos, dadas las muchas órdenes de demolición que ya se han dictado “sin garantizar al comprador una adecuada indemnización, el cual se podrá quedar sin casa y sin dinero si no se cambia la ley”, dice Hillen. Algo que les puede pasar a los Payne, un matrimonio británico que eligió Albox para comprar una parcela en la que construir su vivienda en 2003. Noel (73 años) y su esposa Chris (70) contaron con licencia de obras y tienen su correspondiente escritura. Por tener, tienen hasta la licencia de primera ocupación expedida por el Consistorio albojense. Noel trabajaba en una empresa colocando ventanas y Chris en una compañía de seguros y eligieron Almería porque les parecía “una zona agradable para vivir”.

Para localizar la parcela que compraron fueron asesorados por el constructor, que se encargó de tramitar la licencia. “Fuimos con él al Ayuntamiento y nos dijeron que se podía construir”, explican. Pero en la Navidad de 2009 recibieron una notificación del Ayuntamiento informando de que se les iba a demoler su casa. El abogado al que recurrieron consiguió anular el procedimiento por no haber sido informados previamente del mismo.

El Artículo 319.3 del Código Penal dispone que para el caso de un delito contra la ordenación del territorio el juez puede de manera motivada, ordenar en su sentencia la demolición de lo construido, esté dicha construcción o no en manos de terceros adquirentes de buena fe. Por ello los colectivos afectados proponen un cambio en la redacción del apartado 3 del artículo 319 de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal que garantice “en todo caso” la indemnización a compradores de buena fe como condición previa a la demolición y, para el caso de que no se pueda garantizar dicha indemnización, “no se pueda ordenar la demolición”.

“Ni el promotor, ni nuestro abogado, ni el banco, ni el notario nos informaron en momento alguno durante la compra que pudiesen existir problemas urbanísticos. Hasta obtuvimos un préstamo hipotecario y pensábamos que cuando uno compra con un préstamo hipotecario esto garantiza que todo está en orden, pero el banco no admite ninguna responsabilidad”, esgrime otra pareja de británicos afectada. Brian Reade (66 años) y su esposa Lynne (64) compraron su casa de Zurgena (Almería) en junio de 2006. Cuentan con licencia y escritura hipotecaria, pero un año después, en 2007, descubrieron la petición de anulación de licencia de su casa. “Contratamos un abogado fuera de la zona para defendernos. Después de siete años aún no ha habido juicio. Nos preguntamos cuantos años más tienen que pasar, cuanto coste más tendrá para nosotros, y cuánta incertidumbre más hasta que sepamos qué va a pasar con nuestra casa”, remachan.

Junto a González Pons también estará el vicesecretario general de política autonómica y local, Javier Arenas, y el presidente del PP en Almería, Gabriel Amat. Además de AUAN, estarán representados las organizaciones Save Our Homes Axarquía (SOHA), la Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir en Córdoba, el colectivo Víctimas por el Incendio de Mijas, la Plataforma vecinal de Estepona, la federación de Asociaciones de Vecinos Las Lagunas (Huelva), la federación de Parcelistas de Córdoba y la Unión de Gestión Vecinal de los Puentes (Jaén).