Una burla a la Justicia

No hay nada de ejemplar en la decisión de varios diputados del PP de abandonar sus escaños en el Parlamento autonómico, perdiendo así el fuero que les permitía ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ). Al contrario, sus actos trasladan la imagen de que la justicia, se diga lo que se diga y lo diga quien lo diga, no es igual para todos. Más aún, estos abandonos realizados días antes de sentarse en el banquillo de los acusados en algunos casos y vísperas, en todos, de unas elecciones, trasladan el desprecio de estos cargos públicos hacia la justicia de la que hacen mofa y escarnio. De entre todos aquellos que han utilizado su renuncia al fuero como una táctica obstruccionista, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, es quien se ha pronunciado con más claridad y desfachatez. “Dimitiré cuando me convenga”, dijo. Y lo ha hecho sin importarle lo más mínimo quedar como una mendaz, como puede comprobar cualquiera que se tome las molestias de repasar sus declaraciones desde el mismo instante en que inició todas sus maniobras para escapar del TSJ y buscar refugio más seguro, según debe creer ella y sus asesores, en juzgados y magistrados más predispuestos a sus intereses.

Nadie como Castedo ilustra el manejo torticero de un régimen garantista y nadie —y eso que en su partido los hay— ha mostrado tanta soberbia y desprecio por el Derecho. La alcaldesa de Alicante, a diferencia de aquel de Jerez, Pedro Pacheco, quien dijo que la Justicia era un cachondeo, es ella la que se cachondea de la Justicia. En esta burla, no está sola. A lo que se ve le acompaña toda la dirección de su partido con, tal vez, la única excepción de su presidente Alberto Fabra, que sufre en silencio los desplantes de la primera edil. Silencio que, unido a su tolerancia en casos similares (Milagrosa Martínez, Angélica Such, Luis Díaz Alperi) le convierte, quiéralo él o no, en cómplice de tanto desatino.

El presidente Fabra, protagonista de una tournée por varias cadenas nacionales de televisión, ha presumido, aunque fuera modestamente, de su pelea contra la corrupción y de cómo ha ido alejando de las Cortes Valencianas a los diputados incursos en diferentes casos. La realidad, sin embargo, es bien otra. Él no los ha alejado, se han marchado cuando les ha convenido o a cambio de promesas que los ciudadanos desconocen. Incluso en un caso, el de Angélica Such, frenó su dimisión en un par de ocasiones al menos.

No hay nada ejemplar en el comportamiento del PP. Sus portavoces más cualificados defienden todas y cada una de las trapacerías, incoherencias y fraudes políticos que cometen los que se van, con el único objetivo de velar por sus intereses más inmediatos; aunque para ello tengan que emitir mensajes en los que tratan a los ciudadanos como discapacitados mentales. Desde el Consell, desde la alcaldía de Alicante o desde la dirección regional del PP se contempla a los electores como menores de edad a los que se puede engañar con unas cuantas frases hechas. Y no es descartable que semejante técnica no les acabe de funcionar. Les ha ido muy bien demasiado tiempo para cambiar. Confiados en ello, han dado un salto cualitativo. Ahora es a la Justicia a la que pretenden engañar, convirtiendo el fraude político en un fraude de ley. Es posible, desgraciadamente, que hasta les salga bien. Y, burla burlando, que Sonia Castedo y Milagrosa Martínez vuelvan a ser candidatas por el PP del bracito de Alberto Fabra. Nada indica que pueda ser de otra manera.