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Alaya impone una fianza de 26 millones a dos empresarios de la Sierra Norte

La magistrada de los ERE acusa a Sayago y Rosendo de haber recibido 34 millones de euros en ayudas “ilícitas” de la Consejería de Empleo

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El empresario José Enrique Rosendo, en los juzgados de Sevilla.

La juez del caso ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de algo más de 26 millones a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla José María Sayago y José Enrique Rosendo, a quienes acusa de haber recibido 34 millones de euros en ayudas “ilícitas” de la Consejería de Empleo. La magistrada imputa a los dos empresarios sevillanos —quienes declararon el 29 de abril— por delitos de malversación, prevaricación y un delito de tráfico de influencias.

La magistrada Alaya señala que Sayago y Rosendo habían constituido un “numeroso grupo de empresas, estrechamente interrelacionadas entre sí, en el que muchas de ellas carecían de actividad y trabajadores, siendo su objeto real la percepción de ayudas de la Junta de Andalucía”. A través de este entramado empresarial y “en connivencia” con responsables de la Administración andaluza, dichas sociedades habrían percibido 34 millones de euros a través de “múltiples subvenciones”. Entre ellas, destaca “por su especial concentración” las recibidas por Matadero de la Sierra Morena (7,4 millones). Asimismo, la juez señala que entidades como Arcadia, Sodelp y Marco de Estudios recibieron ayudas por más de dos millones.

En cuanto al funcionamiento interno del entramado empresarial, Alaya señala que Sayago era la persona que “constantemente” acudía a la Consejería de Empleo para conseguir el pago de las ayudas —“una o dos veces por semana acudía personalmente y también realizaba tales reclamaciones por escrito”—. Por su parte, Rosendo “asumía la superior dirección del grupo”. Según la juez, estas operaciones se tradujeron en “un enriquecimiento personal” de los acusados gracias a la acumulación de subvenciones recibidas “en detrimento de los intereses generales”.

Alaya recuerda en el escrito que, a pesar de tratarse de ayudas del programa 31L de la Dirección General de Trabajo, “ninguna de estas ayudas se dedicó a la promoción del empleo, pues muchas de estas empresas no tenían trabajadores” y otras recibieron “ayudas muy desproporcionadas” al número de contratados que tenían. Entre los pocos empleados, añade la magistrada, se encontraban una hija del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, quien “llegó a cobrar en un año 48.189 euros como supuesta responsable de comunicación del grupo”; así como un hijo del presidente de la Junta Rectora del Parque de la Sierra Norte, José Caballos, quien durante ocho meses como director de márketing cobró 34.892 euros.

Al fijar la fianza, solidaria entre los dos imputados, la juez tiene en cuenta el peligro que puede causar el retraso en la causa, el principio de proporcionalidad y los 16,9 millones que las empresas de los imputados percibieron directamente de los fondos públicos andaluces.