La fiscalía denuncia a Cobre Las Cruces por nuevos daños al acuífero

Nueva denuncia de la Fiscalía de Sevilla contra la empresa Cobre Las Cruces, que explota un yacimiento a cielo abierto en las localidades de Gerena, Guillena y Salteras. Los daños al acuífero vuelven a centrar las pesquisas del ministerio público, que considera que la compañía ha extraído más agua de la permitida de esta masa subterránea entre 2010 y 2013. El fiscal especialista en medio ambiente Javier Rufino entiende que se puede tratar de un “delito continuado de daños en bienes de dominio público”, que en el Código Penal prevé un castigo de uno a tres años de prisión. Y apunta a que, según los diferentes informes periciales recabados, se aprecia que la empresa habría extraído por drenaje “mucha más agua que la reinyectada, sin compensarlo por retorno a la masa del acuífero”. Ese déficit rondaría los 2,5 millones de metros cúbicos, aunque la cifra deberá determinarse con precisión durante la instrucción.

La veta que explota Cobre Las Cruces está en mitad del acuífero. Las Administraciones dieron a la compañía un listado de condicionantes para preservar estas aguas. Cobre Las Cruces podía disponer al año de 180.000 metros cúbicos. Pero la fiscalía, en un escrito fechado el 7 de abril y dirigido al decanato de los juzgados de Sevilla, resalta que la empresa ha sacado en los últimos tres años más agua de la que luego reponía. Esta situación fue denunciada en 2013 por Ecologistas en Acción, que lleva años alertando de las irregularidades de esta explotación minera.

La fiscalía inició otra investigación en 2008 también por daños al acuífero. Tras concluir la fase de instrucción, la fiscal Yolanda Ortiz ha pedido que tres directivos y exdirectivos de la compañía sean condenados a cinco años y medio de cárcel cada uno. Fuentes del ministerio público han detallado que este último caso está pendiente de que la Audiencia Provincial de Sevilla dicte la apertura de juicio oral. Estas mismas fuentes indican que en un principio las extracciones de agua por encima de lo permitido también fueron incorporadas a esa investigación. Pero la Audiencia de Sevilla consideró que, al tratarse de un asunto posterior, no debía incorporarse a la causa. De ahí que la fiscalía haya elaborado ahora una nueva denuncia. En el escrito se pide que se admita la denuncia contra “los administradores responsables y gestores de la explotación minera durante los años 2010 a 2013”.

Las Administraciones abrieron dos expedientes sancionadores por la extracción por encima de lo permitido. Pero ambas sanciones han quedado en nada, según indica el fiscal Javier Rufino.

Por un lado, la Junta abrió un expediente en 2010 en el que se detallaba que se habían sacado 531.332 metros cúbicos de más del acuífero. Se impuso una sanción de 127.519 euros, pero el expediente fue anulado por la justicia tras verse obligada la Junta a devolver las competencias sobre la cuenca del Guadalquivir. El otro expediente data de 2012 y el déficit era de 2,4 millones de metros cúbicos. Pero este expediente sancionador “ha caducado”, según resalta la fiscalía. Rufino pide a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir información sobre si ha abierto otro expediente “para sancionar esos mismos hechos”. En su denuncia, el fiscal también apunta a que incluso se detectó que dos de los contadores de volumen del acuífero fueron objeto de “manipulación”.

Ecologistas en Acción considera que este nuevo caso sobre Cobre Las Cruces desmiente la “falsa teoría” de la Junta y el Gobierno central sobre que las explotaciones mineras de Sevilla y Huelva se van a “realizar con las máximas garantías medioambientales”, en referencia a los proyectos de Aznalcóllar y Riotinto. “Una vez que consiguen los permisos ambientales y de explotación, las empresas mineras nunca cumplen con los requisitos medioambientales”, sostiene esta organización. Ecologistas en Acción ha reclamado a la Consejería de Medio Ambiente que exija a Cobre Las Cruces el cumplimiento de los condicionantes. Y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que depure responsabilidades por la caducidad del expediente sancionador, que Ecologistas en Acción cree que se debe reiniciar.

Por su parte, la empresa sostiene que “está segura de que no se ha producido en ningún momento delito ambiental ni daño al dominio público hidráulico”. Fuentes de la compañía indican que “la Administración competente tiene información puntual y detallada de todo lo relacionado con la gestión de aguas”.