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La juez Alaya imputa a otro hijo del empresario José María Ruiz-Mateos

La instructora le considera conocedor de las comisiones que supuestamente cobró Juan Lanzas

Javier Martín-Arroyo
El empresario José María Ruiz-Mateos Rivero, en el centro.
El empresario José María Ruiz-Mateos Rivero, en el centro.

La juez Mercedes Alaya ha imputado al exconsejero delegado del grupo Rumasa José María Ruiz-Mateos Rivero, hijo del empresario José María Ruiz-Mateos, en el caso de los ERE fraudulentos. La imputación, que eleva el número de acusados en la causa a 167, se produce tras la declaración del exabogado del grupo Rumasa, Joaquín Yvancos, de la cual la juez deduce que existen hechos que incriminan a este empresario. José María es el quinto hijo de Ruiz-Mateos implicado tras Álvaro, Zoilo, Javier y Pablo, por conocer o pagar altas comisiones en metálico.

La instructora sitúa al empresario como conocedor de las comisiones que la familia Ruiz-Mateos pagaba al intermediario Juan Lanzas por cada ERE que gestionaba, supuestamente 600.000 euros por cada expediente, según el último auto de Alaya. “Daba instrucciones directas sobre lo que se tenía que hacer en cada una de las empresas del grupo, siendo por tanto conocedor y partícipe de las irregularidades que presuntamente se cometieron en los ERE del Hotel Cervantes y Dhul”, según la juez. Alaya resalta que este último imputado conoció el supuesto tráfico de influencias a favor de Nueva Rumasa, “ejercido por Juan Lanzas ante la Junta de Andalucía”.

Yvancos puntualizó sobre el papel del empresario ahora imputado que se relacionaba con el exvicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías: “Respecto a la relación con Juan Lanzas, comienza con el padre y respecto a la relación con Gaspar Zarrías se comenzó por José María padre y José María hijo; que al comienzo, en estos temas siempre estaban juntos padre y José María hijo”.

La táctica judicial seguida por los cuatro hijos de Ruiz-Mateos imputados ha sido echar balones fuera al asegurar que su padre se rodeaba de ejecutivos que asesoraban al empresario para tomar decisiones empresariales, y que ellos han conocido los detalles de los pagos en B por parte de Nueva Rumasa a través de la prensa.

En otro auto, Alaya confirmó la imputación del director del hotel Cervantes, Miguel Rodríguez, por haber firmado el ERE de su empresa “a sabiendas de la inclusión” de dos intrusos, informó Europa Press.

Asimismo, la juez ha encargado a la Guardia Civil que investigue la supuesta participación e influencia ejercida por el yerno del empresario José María Ruiz-Mateos (padre), quien según Yvancos era un “alto funcionario de la Junta”, y solucionaba a la familia “muchas cosas a nivel de contactos, ya que cuando tenían un problema acudían a él”, subraya el auto. Los agentes deben identificar a este alto funcionario y comprobar la veracidad del testimonio del exletrado de Nueva Rumasa. El yerno del empresario al que se refiere Yvancos es Marcos Fernández Halcón, excoordinador de la Dirección General de la oficina judicial y Cooperación en la Consejería de Justicia hasta 2012.

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Mientras, en el auto la juez ordena que se realice una prueba pericial caligráfica sobre las tres firmas que figuran en los certificados individuales de las pólizas de Fernanda García Vilches, Carmelo Cruz y Ángeles Sierra, después de que Rafael Carvia asegurara que no firmó estos certificados como supuesto tomador de la póliza, por lo que Alaya le cita el próximo 14 de mayo en el juzgado para cotejar su firma.

Por otra parte, la juez ha abierto diligencias para investigar las filtraciones sobre la Operación Madeja, bajo secreto de sumario, tras publicar El Mundo el contenido de las declaraciones del empresario José Antonio González Baró, de la firma Fitonovo. González Baró, en libertad bajo fianza, aseguró supuestamente haber pagado 700.000 euros en comisiones a funcionarios y cargos públicos.

En paralelo, el Consejo General del Poder estudia estos días la queja presentada por el presidente del Parlamento, Manuel Gracia, tras la investigación abierta por Alaya que afecta a la inviolabilidad de los diputados de la Comisión de Hacienda y sus debates en la Cámara. El vocal del Consejo Gerardo Martínez puntualizó ayer en Granada que el órgano de Gobierno de los jueces estudia ahora si es procedente algún tipo de sanción dado el proceder de Alaya.

Gutiérrez Limones, al Supremo

La Fiscalía de Dos Hermanas (Sevilla) ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo la investigación sobre una grabación que implica supuestamente al senador socialista y alcalde de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez Limones. La grabación relata gastos privados del regidor y otros responsables públicos con cargo a la extinta sociedad Alcalá Comunicación Municipal (ACM). La fiscalía ha emitido un decreto la semana pasada después de recibir una denuncia en junio del año pasado, informó El Mundo.En la cinta el contable de la sociedad municipal, Javier Luque, relata la financiación de gastos particulares con cargo a las cuentas de la entidad, unos gastos que incluyeron el pago de viajes, libros, entradas para un parque acuático y hasta una mesa de ping pong.

Mientras, el Gobierno municipal socialista negó “cualquier irregularidad” en la gestión del alcalde y censuró un supuesto “calendario programado de ataques contra la imagen del alcalde por parte de la oposición”. “Es una estrategia de acoso no solo político, sino personal, capitaneada por el PP de Alcalá, por la derecha más rancia apoyada en una IU servil”, alegaron fuentes municipales.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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