Las deudas de la televisión del PP

Ana Ferreirós se ha cansado de aguardar en silencio. Es propietaria de la productora Ana Digital TV, que facilitó programas a la Asociación Independiente de Emisoras de Radio y Televisión de Andalucía (Aierta), un ente creado por los Ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Después de no conseguir el Gobierno autonómico, la organización se disolvió y a Ferreirós le dejaron una deuda de más de 300.000 euros. La productora cuenta con sentencias favorables, pero nadie responde.

En Aierta llegaron a participar una treintena de Ayuntamientos gobernados en su mayoría por el PP. Según denunció el PSOE tras su creación en 2005, se trataba de “un aparato de propaganda política”. La entidad cobraba por ser socio, entre 6.000 y 30.000 euros de cuota según el tamaño del municipio, y por la compra de contenidos. El grupo socialista en Almería calculó que la capital llegó a pagar 150.000 euros por la cuota anual y la compra de contenidos. De esta forma, el ente audiovisual se sostenía con dinero municipal.

Un alcalde popular que prefirió mantenerse en el anonimato confirmó que tras acceder al Ayuntamiento recibió una llamada del partido para que se asociara y contratara con Aierta los contenidos de la televisión municipal.

El grupo socialista de la Diputación de Granada puso en evidencia el sistema al denunciar el pasado año un expediente extrajudicial de crédito que incluía el abono a Aierta de las facturas 61/2012 y 65/2012, de 15.000 euros cada una, en concepto de anuncios y publirreportajes promocionales de la provincia granadina.

Antonio Gallego, que fue alcalde popular de Bollullos de la Mitación (Sevilla), ejerció como secretario de esta entidad, que compartió sede con Onda Cádiz, la televisión municipal del Gobierno de Teófila Martínez, cuyo teniente de alcalde, Ignacio Romaní, llegó a presidir la asociación autodenominada “independiente”.

La empresaria afirma que el PP vinculó el pago a ganar las elecciones

Este entramado contrató 486.000 euros en programas con Ana Digital TV, entidad de Ana Ferreirós, quien a su vez adquirió contenidos al Grupo Besteiro. La mitad fue para la compra de películas y el resto para programas de animación, telenovelas, concurso, un programa de cocina y otros programas de entretenimiento.

Pero el sistema financiero quebró y comenzaron los impagos, por lo que Ana Digital TV tuvo que recurrir a la vía judicial, que condenó a Aierta el 16 de junio de 2010 a pagar la cantidad 354.960 euros.

Un mes después, el 13 de julio de 2010, se celebra, según relata la responsable de la productora, un encuentro en el hotel Palace de Madrid. Fue a las ocho y media de la tarde bajo la cúpula de cristal del mencionado establecimiento. Su interlocutor fue Antonio Sanz, que entonces era secretario general del PP y ahora es presidente de la misma formación en Cádiz. Con el dirigente popular, según el relato de Ferreirós, se acuerda un calendario de pago a cambio de que no se ejecute la sentencia y “que no se monte ruido”, matiza la empresaria.

A partir de ese momento comienzan a hacerse efectivos pagos sucesivos que alcanzan la cifra de 157.377,60 euros. Pero los abonos se interrumpen en 2012 cuando aún queda pendiente una deuda de 197.582,40 euros. Dos pagarés de 60.000 y 62.000 euros con vencimiento en junio y julio de ese año, respectivamente, resultan impagados.

“Si ganamos las elecciones, te liquidamos la deuda”. Este fue el mensaje que Ana Ferreirós asegura que recibió en el Palace de Madrid, pero no sucedió.

“Es patético y bochornoso”, replicó Antonio Sanz quien asegura que intervino en este asunto cuando era secretario general del PP de Andalucía porque el conflicto llegó al “partido nacional y este lo derivó”.

Sanz afirma que actuó, pero que el partido no tiene nada que ver

“Lo único que hicimos fue preocuparnos. Insté a los responsables a solucionar el problema, pero la relación con el partido es nula, cero”, añadió Sanz, quien negó cualquier responsabilidad en el conflicto y en Aierta.

Según dijo, esta entidad era como la EMA —una asociación de emisoras municipales que ha conformado una red de medios de comunicación— y “no tenía nada que ver con el Partido Popular”. “Mi obligación era buscar la mejor manera de solucionar un problema que afectaba a Ayuntamientos”, concluyó antes de advertir que la resolución de la deuda está “encauzada” con la empresa proveedora de los programas.

En la misma línea se pronunció el exgerente de Aierta Vicente Delgado, quien dejó el puesto hace dos años y se desvinculó de la deuda porque afirmó que él solo contrató por orden del consejo de administración y la junta directiva. No obstante, apuntó también que creía que el pago estaba negociado con otra entidad.

Ferreiro negó esta posibilidad y esgrimió que la deuda reconocida y sentenciada es con Ana Digital TV y que sería ilegal alcanzar un pacto con otra entidad.

“Alarmante desequilibrio y falta de pluralismo”

La "independencia" de las televisiones locales ha sido uno de los elementos más demandados por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), quien volvió a advertir el pasado mes de noviembre que el informe anual que presentó en el Parlamento constató de nuevo "la ausencia de pluralismo político en algunas televisiones municipales".

Esta advertencia ya fue trasladada a la Cámara autónoma en mayo del pasado año, cuando el CAA alertó de que, “en determinadas televisiones locales públicas, la aparición de los representantes de la oposición en los informativos era estadísticamente despreciable”.

La presidenta del Consejo, Emelina Fernández, consideró entonces “la necesidad de dar un salto cualitativo en la medición del pluralismo político con la realización de estudios de neutralidad”.

El Consejo Audiovisual propuso consensuar una metodología que permita abordar la elaboración de estudios de neutralidad de los informativos de la RTVA, de los noticiarios de la desconexión autonómica de la RTVE y de las televisiones públicas locales, "que presentan un alarmante desequilibrio en los informes de pluralismo del CAA", según informó el organismo el pasado noviembre.

La presidenta del Consejo admitió que la lucha contra la manipulación informativa y la falta de pluralismo constituye una “carrera de fondo” que pasa, necesariamente, por avanzar en cuestiones tan básicas como la educación en medios, si bien remarcó: “La Administración no puede permanecer impasible y mirar hacia otro lado ante situaciones de abusos extremos, como las que se dan en televisiones municipales andaluzas donde la oposición apenas protagoniza el 1,7% del tiempo total de las intervenciones incluidas en la información política”. El CAA llegó a detectar en una de las televisiones que el equipo de gobierno ocupaba el 94% del total del tiempo de informativos.

Fernández reiteró en el Parlamento andaluz su llamamiento al consenso institucional para adoptar unos criterios firmemente exigibles y que definan de forma clara cuándo un operador público cumple o no con su obligación legal de respetar el pluralismo político.