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Santos admite que enchufó a vecinos en empresas afines al PP

El popular Nelson Santos ha negado haber cometido delito alguno, pese a estar imputado por supuesto tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación

El alcalde de O Porriño durante la rueda de prensa
El alcalde de O Porriño durante la rueda de prensaLALO R. VILLAR

“Colaboré con empresas del municipio en la vorágine de la crisis porque tenía la obligación moral de buscar trabajo para mis vecinos”. Nelson Santos, alcalde de O Porriño imputado —junto con concejales de su gobierno y el funcionario de la oficina de empleo— por los supuestos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y vulneración de los derechos de los trabajadores, rompió ayer el silencio al que se ató la semana pasada cuando se levantó el secreto del sumario de la Operación Multiusos y trascendió que el ministerio fiscal lo acusa de haber realizado centenares de contratos fraudulentos con empresas afines al PP. Ayer, Santos compareció ante los periodistas apelando a su derecho a la presunción de inocencia.

Presentándose como víctima de una “operación política” para apartarlo de la alcaldía que atribuyó a un “grupo radical”, el regidor reconoció los enchufes, la vinculación de las empresas contratadas con el PP y con alguno de sus concejales y haber levantado los constantes reparos del interventor al pago de facturas por “obras inexistentes” por cuatro millones de euros. No piensa dimitir. Se proclama inocente. Santos anuncia su intención de seguir siendo alcalde mucho tiempo más. “Soy joven: solo tengo 58 años”, justificó ayer su decisión. Enumeró las únicas circunstancias en las que renunciaría: “El día que Dios no me dé vida, cuando un juez me inhabilite o cuando los vecinos no me respalden”. No incluye en los condicionantes a la dirección del PP porque asegura que tiene “toda su confianza”. “Saben muy bien quién es Nelson Santos”.

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Feijóo evitó, sin embargo, defenderlo cuando los periodistas le preguntaron al respecto en la reunión posterior al Consello de la Xunta. Tras precisar que el alcalde “tiene que clarificar cualquier duda ante la justicia” y que estará muy atento a ese proceso porque “hay que condicionar el futuro de cualquier cargo público a la información que vayamos obteniendo de la administración de justicia”, el presidente evitó pronunciarse sobre el intento de Santos de presentarse este domingo como único candidato a la presidencia del PP local. “No tengo en la agenda ese congreso”, precisó Feijóo. Santos acabó reconociendo que, aunque se presentará igual, “quizás se posponga un mes” para “no interferir con las elecciones europeas”, puntualizó.

El regidor confirmó los testimonios que decenas de trabajadores enchufados por él y otros concejales de su gobierno hicieron a la policía judicial: que acudían a los cargos públicos a pedir empleos y que estos llamaban a las empresas (afines al PP) para que los contrataran; una vez empleados, los empresarios los incluían en brigadas municipales con las que compartían los monos de trabajo y el material municipal. “Sí, llevaban uniformes iguales a los de los trabajadores municipales”, reconoció Santos, “era de las empresas”.

El alcalde intentó contradecir el informe judicial en el que consta que “en numerosas ocasiones” el Ayuntamiento pagaba —hasta un total de cuatro millones— “por trabajos no realizados” a esas mismas empresas en las que enchufaba al personal que el funcionario de la oficina de empleo, también imputado, colocaba después igualmente a dedo en el Ayuntamiento. “La única forma de buscar contratos para la gente, muy necesitada, era así”, justificó el alcalde el enchufismo, detallando que desde 2010 “los Ayuntamientos no pueden, por ley, contratar personal”. Junto a ello precisó que todas las obras que pagó están justificadas por técnicos o por los empleados que intervenían en ellas y advirtió de que los reparos a esos pagos que constantemente ponía el interventor no eran sino una rutina administrativa. “En todos los ayuntamientos de España se hacen reparos y los alcaldes tienen la obligación de levantarlos por cuestiones de urgencia”, justificó. El BNG pide la dimisión del regidor y de los concejales imputados y que el Ayuntamiento rescinda los contratos que mantiene con las empresas encausadas. El PSdeG pide a Santos que “deje de distraer la atención y asuma su responsabilidad”.

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