‘Union sacrée’

Desde que, el pasado mes de diciembre, Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya-Esquerra Unida y la Candidatura d’Unitat Popular se pusieron de acuerdo en torno a una fecha y a un enunciado para la consulta que desean celebrar sobre el futuro estatus político de Cataluña, esta unidad entre fuerzas ideológicamente tan diversas en torno a un concreto objetivo común ha sido piedra de escándalo para los adversarios del proceso soberanista. Desde el vértice del PSC, por ejemplo, se han lanzado incontables reproches a Esquerra por avalar las “políticas antisociales” de Artur Mas, por su voto favorable a los restrictivos Presupuestos de la Generalitat para 2014, etcétera. Todavía este lunes, aquí mismo, había quien echaba en cara a Iniciativa “su misterioso empeño en ir de la mano con el nacionalismo”.

Y en estas, va y aparece Sociedad Civil Catalana. Dejando de lado la espectacular metonimia del nombre, se trata de una entidad que agrupa “transversalmente” a profesionales “cercanos” al PP, a Ciutadans, al PSC, a UPyD y a Vox; y que cuenta, según se vio anteayer en el teatro Victoria, con las bendiciones de las cúpulas de esas cinco formaciones políticas. Hablamos de una asociación entre cuyos propósitos figuran —según explicaron sus portavoces en el acto de presentación— “dar voz a quienes no se atreven a hacer pública su españolidad”, y rescatar “el sentimiento españolista dormido en los corazones de muchos catalanes”.

En suma, una entidad nacionalista española. Lo digo sin ningún ánimo descalificador ni peyorativo, por pura precisión taxonómica. Porque lo que no resulta admisible es que celebrar el tricentenario de 1714 sea una muestra de nacionalismo apolillado y enfermizo, y en cambio manifestarse el próximo 11 de septiembre en Tarragona porque esta ciudad fue la capital de la Hispania Citerior hace 2.200 años —así ha justificado Sociedad Civil Catalana la elección del lugar— suponga una expresión de fresco y sano cosmopolitismo. El debate político catalán de los próximos meses solo tendrá sentido si lo preside una mínima equidad conceptual.

Pero lo que me parece más interesante y digno de reflexión de la nueva plataforma antisoberanista es su heterogeneidad interna. No solo, ni principalmente, porque convivan en su seno y en su cúpula autoproclamados federalistas de izquierda y confesos unitaristas de derecha y hasta de extrema derecha, partidarios de una reforma constitucional de carácter federal, adversarios de ella y paladines de una contrarreforma recentralizadora —eso sería peccata minuta—, sino por todo lo demás.

En efecto, si impulsan y nutren la plataforma militantes, simpatizantes y votantes del Partido Popular, de Ciutadans, del Partit dels Socialistes, de UPyD (aunque sean pocos) e incluso inminentes supporters de Vox, es razonable suponer que habrá entre ellos firmes defensores de la ley del aborto que promueve el ministro Gallardón, y otros que la consideran un ataque intolerable contra los derechos de las mujeres. En las filas de Sociedad Civil Catalana debe de haber también entusiastas de la sumisión de Rajoy a los dictados de la troika, y gentes que denuncian el “austericidio” y la liquidación del Estado de bienestar. Y unos que aplauden las intervenciones ultramontanas del cardenal Rouco Varela, y otros que las abuchean, siquiera metafóricamente.

Es asimismo de sentido común que conviven en la nueva organización antisecesionista personas con una visión tercermundista de la política internacional —en la línea, por ejemplo, del cabeza de lista europeo de Ciutadans, Javier Nart—, y otras que comparten las ideas atlantistas y pronorteamericanas cultivadas por la FAES de José María Aznar. Y partidarios tanto de la abolición como del mantenimiento de la llamada “justicia universal”. Y los que esperan impacientes la salvífica entrada en vigor de la ley Wert, y aquellos otros que confían en que el Tribunal Constitucional la anule. Y quienes creen que, en sus acusaciones recientes, Bárcenas miente como un bellaco, y quienes están convencidos de que desenmascara de una vez la financiación ilícita del PP.

Por resumirlo en una imagen: las mismas siglas que, el día de Sant Jordi, compartieron afablemente su apoyo a Sociedad Civil Catalana en la platea del Victoria van, en las próximas semanas, a tirarse los trastos a la cabeza y a descalificarse mutuamente en una pugna feroz por los votos en las elecciones al Parlamento Europeo.

Bien —se me dirá—, pero todos esos partidos y sensibilidades han orillado sus grandes diferencias en aras a un alto objetivo común: la preservación de la unidad de España. Pues exactamente eso mismo han hecho desde los socialcristianos de Unió hasta los comunistas de EUiA: dejar de lado sus contradicciones ideológicas en una apuesta común por el derecho a decidir y la celebración de una consulta democrática al respecto. Con la misma legitimidad que el unionismo, y con la autoridad que solo dan los votos. Bienvenidas sean, pues, las plataformas, las asociaciones, las entidades y las manifestaciones; bienvenidos los manifiestos, los llamamientos, los debates y hasta las polémicas en torno al “proceso”. Pero, por favor, sin ínfulas de superioridad intelectual ni moral.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.