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Fabra revoluciona el sector público

El Consell ha cerrado 42 empresas y fundaciones de 82 y prevé liquidar otras 10 La reconversión ha destruido cerca de 3.600 empleos públicos en dos años

Una manifestación de los trabajadores de RTVV contra los despidos del sector público de la Generalitat.
Una manifestación de los trabajadores de RTVV contra los despidos del sector público de la Generalitat. JORDI VICENT

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, está en puertas de cumplir uno de sus principales objetivos de legislatura: la reconversión, no sin polémica, del sector público empresarial y fundacional valenciano.

Si al inicio de la legislatura en 2011, la Generalitat tenía registradas 82 entidades, a principios de este año se había suprimido un total de 42, lo que convierte a la Comunidad Valenciana en la región que más esfuerzo ha realizado, de entre todas las autonomías, por reducir su sector público, según datos del Ministerio de Hacienda.

Esta reconversión se ha traducido, fundamentalmente, en una pérdida de puestos de trabajo que rondará finalmente los 3.600 empleos y en una reducción de las aportaciones de la Generalitat —de 1.483 millones de euros en los tres últimos años— al sostenimiento de estas empresas, fundaciones y organismos autónomos. Si en 2011, el sector público de la Generalitat representaba el 17% de las cuentas anuales, hoy ya solo supone el 7,6% y es previsible que el porcentaje descienda una vez se liquide definitivamente Ràdio Televisió Valenciana (RTVV).

La prioridad del Ejecutivo ahora es mejorar la gestión de las sociedades

Los despidos se han traducido en un ahorro estructural en los presupuestos de la Generalitat de 80,2 millones de euros, que aumentarán significativamente cuando se hagan efectivos los despidos de la radio y la televisión pública. Sin embargo, la medida se ha traducido también en un aumento de la conflictividad social, sobre todo en 2012 y 2013, y en un gran desgaste para el Gobierno que preside Alberto Fabra. Un desgaste que, en algunos sectores del PP, creen que el jefe del Consell se podía haber ahorrado. ¿Pero tenía la Administración valenciana un sector empresarial excesivo? Para la mayoría de expertos consultados la respuesta es “no”. Antes de que Fabra abordase la reconversión del sector público —dentro de un marco que incluye también la congelación de las ofertas públicas y la recentralización la Administración general en el complejo administrativo 9 d’Octubre de Valencia—, la Comunidad Valenciana estaba por debajo de la media estatal. El sector público valenciano solo representaba el 6,7% del total; el número de empleados representaba el 6,9% del total de la Generalitat frente al 9,7% de media estatal y el gasto financiero (11,4%) estaba 2,6 puntos por debajo de la media del 14%.

El problema radicaba, fundamentalmente, en la gestión. Parte de las sociedades y fundaciones existentes habían quedado obsoletas, otras acumulaban tal cantidad de deuda centrifugada por parte de la Generalitat que ya eran incapaces de absorberla y las que siguen prestando servicios básicos —como la gestión de residuos o el transporte metropolitano— tenían problemas para adaptarse al nuevo escenario económico generado por la crisis. Una situación que se traducía en unas pérdidas anuales que oscilaban entre los 330 y los 370 millones de euros anuales.

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El PSPV critica el coste social y la improvisación en el proceso

Finalmente, la presión del Ministerio de Hacienda al Gobierno valenciano para que recortase gastos y los vaivenes en el diseño de reconversión inicial han configurado un sector público reducido, aunque carente, en algunos casos, de coherencia estructural. Así, el Consell ha tenido que afrontar la eliminación de RTVV, que no estaba prevista. Y otras sociedades que estaba decidido suprimir se mantendrán hasta aclarar su compleja situación financiera, como Ciegsa, la empresa dedicada a la construcción de infraestructuras educativas, o la Sociedad de Proyectos Temáticos, que ejerce de paraguas para la sociedad que gestiona el aeropuerto de Castellón o la fundación de la visita del Papa, entre otras muchas funciones. Para el Consell ahora la prioridad es “mejorar la eficiencia de explotación” de las empresas públicas e intentar que las que son rentables puedan compensar en gran medida a las que no lo son. Una tarea en la que ya no participará Bruno Broseta, que hace dos semanas dimitió como secretario autonómico del Sector Público sin esperar a concluir el proceso de reconversión con la extinción de siete empresas y tres fundaciones que presentan gran complejidad.

Estos elementos hacen que la oposición ofrezca una visión diferente de la reconversión. Para el socialista Francisco Toledo, la mayor reducción de gasto se ha producido en el capítulo de personal, que representaba un 10% del coste total en 2011, cuando se aceleró el proceso. Sin embargo, explica Toledo, el gasto financiero se ha disparado y los ingresos que generaban estas sociedades han caído. "Tras dos años de reestructuraciones, el balance no puede ser más negativo", prosigue el portavoz adjunto del PSPV en las Cortes, "lo que costaba el sector público empresarial y fundacional en el presupuesto de 2013 eran 597 millones de euros. Y lo que costará en el presupuesto de este año son 822 millones, un 37% más que el año pasado". El diputado socialista argumenta que la improvisación ha sido una de las características del proceso. “Muchas fundaciones suprimidas no tenían actividad y de las 18 entidades afectadas inicialmente, al final se introdujeron cambios sobre 12”, señala. Aunque al final, los cambios han dejado un sector público reducido a la mitad.

Ejes de la reconversión

Objetivo. La pretensión del Gobierno valenciano es reducir las 82 empresas, entidades y fundaciones públicas a 32. Se han eliminado ya 42, entre las que figuraban sociedades sin actividad. La pretensión antes de que acabe la legislatura es liquidar otras diez entidades, entre las que figuran firmas como la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Ciegsa o las fundaciones Luz de las Imágenes y Centro de Estudios Ciudad de la Luz. Aunque no forman parte del sector público el recorte de entidades también ha supuesto la extinción del Instituto Valenciano de Estadística y de otros tres organismos autónomos que carecían de actividad como el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Agencia Valenciana de Salud y la Agencia Valenciana de Salud Pública.

Despidos. La reconversión se ha traducido en la destrucción de cerca de 3.600 empleos públicos, de los cuales unos 1.600 corresponden a Ràdio Televisió Valenciana. Los despidos han permitido al Consell reducir el gasto en salarios en algo más de 80 millones de euros este año respecto a 2011. Sin embargo, el impacto de las indemnizaciones, que no está calculado, minimizará en estos primeros ejercicios el ahorro obtenido por la Administración valenciana. Solo en RTVV el acuerdo alcanzado con los sindicatos prevé 86 millones de indemnizaciones a pagar en dos anualidades.

Gasto. El gasto no financiero del sector público empresarial se ha reducido en 1.403 millones de euros durante el periodo 2011-2013, según los datos del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, los socialistas cuestionan los datos porque incluyendo los costes de la reconversión y el gasto financiero, los presupuestos de la Generalitat destinarán este año un 37% más de dinero que el año pasado al sector público empresarial.

Prioridad. La reconversión recibió su impulso definitivo en mayo de 2012 a través de un decreto del Consell, aunque cinco meses después se revisó la idea inicial de dejar solo 18 entidades. Finalmente, se mantendrán casi el doble de empresas y fundaciones, aunque se han suprimido sociedades como RTVV que estaba previsto que se mantuviesen tras un duro ajuste laboral y presupuestario. La prioridad del Consell ahora es reducir las pérdidas de explotación del sector público empresarial para garantizar su sostenibilidad. Según fuentes de la Generalitat 2013 será el primer año que este sector tendrá superávit tras contribuir a reducir el déficit.

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