Una ocupación con los días contados
Los colectivos que han dado vida a un colegio abandonado de Córdoba se movilizan contra el desalojo decretado por un juez
Una frase de seis palabras empieza a repetirse como una letanía en Córdoba. “El Rey Heredia no se cierra”. Rey Heredia es el nombre de un colegio público construido en 1918 junto al Puente Romano de la ciudad. Hace dos años se cerró y la Junta de Andalucía se lo cedió al Ayuntamiento. Permaneció vacío y abandonado hasta que la noche del 4 de octubre un centenar de vecinos que participaban en una manifestación para protestar por el recorte de las pensiones lo encontró abierto. Entraron y decidieron quedarse, no para vivir, sino para darle vida. Y allí siguen.
Los distintos colectivos que lo ocupan están vertebrados en una misma plataforma, la Acampada Dignidad, que ha convertido la antigua escuela en un dinámico centro social donde se ofrecen todo tipo de servicios a la comunidad. Pero tras más de seis meses de trabajo, Rey Heredia parece que tiene los días contados. Un juez ha dado un mes de plazo para que los voluntarios abandonen el inmueble. Así lo pide la fiscalía y el Ayuntamiento, gobernado por el PP, que considera que la Acampada Dignidad no es un interlocutor válido porque no se trata de ninguna asociación legalmente constituida.
En cada asamblea, en cada charla, los integrantes de la Acampada Dignidad repiten la misma frase: “El Rey Heredia no se cierra”. Y la actividad sigue allí dentro como si no pasase nada. Cada día los voluntarios friegan los suelos con lejía y preparan los guisos para el comedor social que cada día reparte más de 100 comidas a personas cuyos recursos no les alcanzan para comer. Rey Heredia está perfectamente organizado en grupos de tareas que se han repartido los quehaceres diarios. Además de la cocina —estos días huele a torrijas recién hechas— hay un grupo que ha organizado una biblioteca con más de 3.000 volúmenes de libros cedidos por particulares. “Allí se puede leer, estudiar; se dan clases particulares a 70 niños, 30 adultos estudian para obtener el grado B1 por libre de la Escuela Oficial de Idiomas, hay 50 usuarios de una asesoría legal, se han dado 233 charlas, 121 talleres...”, repasa Rafael Juan, portavoz de la Acampada Dignidad. Según las cuentas de la plataforma, han pasado por el centro social ocupado unas 3.000 personas.
El centro reparte más de 100 comidas diarias a personas sin recursos
En la orden de desalojo, el magistrado del Juzgado de Instrucción 4, José Luis Rodríguez Lainz (conocido porque investigó el caso Bretón) reconoce la “loable” labor que los colectivos han venido realizando en el centro y las buenas condiciones en las que se encuentra el inmueble. Pero eso no ha bastado para ordenar el desalojo y para que, en los seis meses de instrucción, el juez haya imputado a 14 integrantes de la Acampada Dignidad por usurpación de la propiedad.
La noticia fue recibida la semana pasada con sorpresa y una inmensa pena por los colectivos sociales implicados. “La gente que viene al comedor social atiende a más de 100 personas todos los días llorando. Es así de simple”, recuerda Rafael Juan. Tras el impacto llegó la gran pregunta. ¿Qué hacer? En seguida comenzaron las asambleas, cada vez más multitudinarias, reuniendo a cientos de personas en el patio del colegio. En ellas se decidió, por un lado, apurar la vía judicial interponiendo un recurso al auto del juez. Y por otro, la Acampada Dignidad decidió apoyar que el Consejo de Distrito Sur de Córdoba, que aglutina a vecinos y colectivos sociales pidiese al Ayuntamiento la cesión en precario del antiguo colegio para seguir haciendo actividades allí.
El Ayuntamiento ha accedido a reunirse con el Consejo de Distrito Sur para discutir su demanda la semana que viene. El delegado de Alcaldía, Miguel Ángel Torrico, afirma que se reunirá a “la mayor brevedad posible, pero no con entes abstractos de estructuras anarcoides”, en alusión a la Acampada Dignidad, “sino ante [el Consejo de Distrito Sur] un órgano de participación ciudadana legalmente constituido”.
El 26 de abril se quieren realizar actos de solidaridad con la Acampada Dignidad en varias ciudades de España. Y el 10 de mayo, un día después de que cumpla el plazo dado por el juez, se ha convocado una manifestación en Córdoba para apoyar a Rey Heredia. Y los colectivos advierten: “Nuestro trabajo no va a parar, lo haremos en el colegio ocupado o en otro sitio. Pero vamos a seguir”, dice Rafael Juan.
