Vivir en un aeropuerto sin salir de una vivienda en Cullera

Era como tener un aeropuerto en casa. Más de 400 vecinos de Cullera han soportado durante una década niveles de ruido muy por encima del tolerado por la ley. Así se deduce de las mediciones realizadas en 2002 y 2004 por el departamento de Física Aplicada de la Universitat de València (UV), que revelan que el estruendo registrado de madrugada en los bares nocturnos rozó los 90 decibelios, el equivalente a un aeródromo.

El catedrático de la Universitat Enrique Navarro desgranó este viernes estas conclusiones ante la juez que ha sentado en el banquillo por un presunto delito de prevaricación medioambiental al alcalde popular de Cullera, Ernesto Sanjuán.

Vivir junto a un pub era una maldición. El ruido que se registraba en las viviendas vecinas a los bares superaba 10.000 veces el permitido por la ley si las ventaban estaban abiertas y en 148 si se encontraban cerradas. Una pesadilla que a algunos vecinos les obligaba a dormir de día. “Detectamos hasta 70 decibelios en el comedor de una casa”, explica Navarro, para referirse al umbral donde el sonido se torna dañino. Su estudio fue encargado por las cuatro comunidades de propietarios denunciantes.

El alcalde de Cullera encajó en la última sesión de la vista oral un nuevo varapalo vecinal. Amparo Belloch, una octogenaria que residió a una decena de metros de los dos bares denunciados, relató que durante décadas no pudo dormir hasta las siete de la mañana. Y que la policía ignoraba sus llamadas. “El pum, pum, pum era insoportable”.

Un detective que grabó las actividades de los establecimientos añadió que incumplían los horarios y que el estruendo se podía escuchar desde un coche con las ventanillas cerradas. También, que la única vez que vio a dos policías de servicio en un pub fue para comprar bebida. Y un ingeniero remató que el suelo metálico de uno de los locales multiplicaba por cien el sonido. La bulla, contó, era capaz de desbordar el agua de un vaso.

El fiscal sostiene que el popular Sanjuán, que gobierna con mayoría absoluta, desoyó durante 15 años las quejas ciudadanas por el exceso de ruido e incumplimiento de horarios de dos bares nocturnos que cerraron en 2009. Y solicita más de dos años de prisión y ocho de inhabilitación de cargo público.

En una estudiada estrategia trazada por el penalista Javier Boix, el regidor ha intentado descargar su responsabilidad en sus colaboradores y en la laxitud de las leyes. Junto a él, se ha sentado en el banquillo el empresario que regentó los dos pubs denunciados.