La Audiencia cree que el “exceso de fuerza” policial mató a Benítez

La Audiencia de Barcelona considera que “existen indicios sólidos” de que el empresario Juan Andrés Benítez murió “por el actuar desproporcionado y excesivo de los agentes Mossos d’Esquadra que intervinieron en su detención”. Benítez falleció la madrugada del 6 de octubre en el Raval, tras ser violentamente reducido por la policía. El auto añade que “no es descabellado predicar la existencia de un dolo eventual” en su actuación. O sea, que aunque no tenían intención de matarle, podían prever las consecuencias de sus actos. Con tales argumentos, que basa en la investigación llevada a cabo por el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, a Audiencia rechaza la petición de las defensas y avalan que un jurado popular decida sobre el caso.

El auto defiende la “extensa investigación” de la magistrada Eva Moltó, e insiste en que de las pruebas y diligencias se puede concluir, “a nivel indiciario”, que “se ha producido una muerte violenta por el uso excesivo de la fuerza por los agentes”. En concreto, se apoya en una resolución de la juez de instrucción, que habla de una “contención desproporcionada y excesiva, no solo en cuanto a la intensidad y en la superioridad numérica, sino también como en la extensión temporal”. Todo ello con un resultado “lesivo, que desde luego, resulta difícil de justificar”.

Amigos de Bayard piden que se revisen los protocolo

Amigos del actor Alfons Bayard, muerto el pasado 2 de abril, después de ser reducido por los Mossos d’Esquadra, en la plaza de Molina de Barcelona, iniciaron ayer una campaña de recogida de firmas. Piden que los partidos y el Gobierno se pronuncien sobre si están a favor de “mantener los protocolos” de detención, como el que se aplicó a Bayard. Un centenar de personas se reunió delante del lugar donde murió, y le rindieron un homenaje, con fotos, velas, y un sonoro aplauso.

La Audiencia tumba así los principales argumentos de las defensas de los diez mossos imputados, que aludieron a la escasa motivación del auto de Moltó, así como a la inexistencia de dolo [voluntad de matar a Benítez] para evitar que los agentes rindan cuentas ante un jurado no profesional. El tribunal tampoco acepta la petición de los agentes imputados por coacciones y de obstrucción a la justicia: una policía que pidió a una vecina imágenes de lo sucedido, y un mosso que vertió agua sobre la mancha de sangre que dejó Benítez en el lugar de la reducción. Considera el tribunal que son “delitos conexos” con el de la muerte de Benítez, para, a priori, “procurar la impunidad de la infracción penal principal, esto es proteger a sus compañeros”, con lo que “carece de sentido enjuiciar por separado tal conducta que deriva del hecho”.

La muerte de Benítez tras ser reducido por los Mossos marcó un antes y un después en la forma de proceder del Departamento de Interior ante estos casos. Si con Benítez, Espadaler esperó varios días en pronunciarse, con las dos nuevas muertes después de una intervención policial, el 2 de abril, lo primero que hizo el departamento fue abrir dos investigaciones: una criminal, para aclarar los motivos de las mismas, y otra interna, para conocer con exactitud cómo procedieron los agentes. Espadaler, sin embargo, defendió ayer de nuevo en el Parlament la actuación de los mossos y los protocolos de detención, alegando que “son conocidos y testados” a nivel europeo. También en sede parlamentaria, el Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, denunció que en 2013 recibió “más quejas” por la “falta de proporcionalidad” en el uso de la fuerza ejercida por los Mossos. En concreto, por actitudes “increpatorias” y “amenazantes” en las actuaciones, especialmente en el momento de la inmovilización.