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Alerta contra la privatización de la sanidad

Entidades y expertos citan los recortes, las derivaciones entre hospitales y los cambios jurídicos como algunos de los retos que afronta el sistema sanitario público en Cataluña

La existencia de un sistema sanitario público, universal y gratuito no solo garantiza la equidad. También ayuda a vertebrar la sociedad y evita la huida de ciertos sectores hacia sistemas menos democráticos. Es una de las ideas que se han desgranado esta mañana en un debate entre profesionales, entidades y expertos organizado por el sindicato Comisiones Obreras (CC OO). Los participantes han alertado contra la creciente privatización del sistema sanitario catalán y el “ataque frontal” al que está sometido con el objetivo de conseguir una relajación de los controles y un aumento del lucro privado.

“Con una sanidad pública hundida, nuestra sociedad difícilmente mantendrá los equilibrios sociales”, ha alertado Àngels Castells, portavoz de Dempeus. En la jornada ha participado Carme Borrell, doctora en Salud Pública y miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp); Agustí Colom, ex síndic de Greuges y profesor de Economía en la Universidad de Barcelona (UB) y Josep Vallhonesta, portavoz de la Plataforma por el Derecho a la Salud (PDS), entre otros.

Pep Martí, del Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS), ha resumido las vías que debilitan el sistema sanitario público: los cambios normativos; las derivaciones a centros privados y las reorganizaciones aplicadas por el Departamento de Salud; y los recortes. “Los recortes han aumentado un 60% las listas de espera para las 14 intervenciones de tiempo máximo garantizado”, ha explicado Martí. Las listas de espera son una forma de “disuadir” a los pacientes para que busquen atención privada, sea a través de la contratación de una mutua, o pagando directamente por los servicios, han argumentado varios de los participantes. “No hay quien aguante un año esperando una operación”, ha resumido Vallhonesta.

Varios ponentes se han referido a la Reordenación Asistencial Territorial (RAT) que está poniendo en marcha la Generalitat y que contempla la derivación de actividad entre hospitales. Una de las medidas provocadas por la RAT ha sido la derivación de actividad de baja complejidad desde el hospital Clínic hacia el privado Sagrat Cor, propiedad de la multinacional IDC Salud –antigua Capio-, aunque este tipo de medida se aplica en otros hospitales de Cataluña. “Si recortas en 17 millones de euros el presupuesto del Clínic y envías parte de su actividad al Sagrat Cor estás privatizando una parte del Clínic”, ha resumido Martí.

Otra de las tendencias comentadas ha sido la creciente apuesta de hospitales con financiación mayoritariamente pública por abrir una vía de atención privada. En tiempos de recortes y aumento de las listas de espera, existe un peligro de que se cree una “doble puerta” de entrada que rompa con la equidad del sistema. Es lo que ha pasado en los casos de la Mútua de Terrassa, donde un paciente pagó casi 9.000 euros por operarse; o en el hospital de El Vendrell, que cobró 9.300 euros a una paciente por saltarse la lista de espera.

“La sanidad es un pastel inmenso”, ha alertado Agustí Colom, que ha explicado que el “modelo catalán” se ha construido “sobre la confusión entre lo público y lo privado”. A diferencia de lo que ha sucedido en otros lugares sometidos a tendencias similares, según Colom, la privatización sanitaria en Cataluña “tiene un componente importante de extracción de rentas” por parte de los gestores y las empresas satélites que trabajan para el sistema. La autonomía de gestión, uno de los pilares sobre los que funciona el sistema sanitario, se ha entendido como ausencia de “controles”, “opacidad” y un uso discrecional de los beneficios, según Colom. “Este no es un modelo eficiente”, ha concluido.

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Carme Borrell ha argumentado contra lo afirmado en 2011 por el consejero de Salud, Boi Ruiz, cuando dijo que “la salud es un bien privado” que depende de uno mismo. “La salud de la población, en global, no depende fundamentalmente de los servicios”, ha dicho Borrell, que ha citado las políticas económicas, de mercado laboral y del Estado del Bienestar como determinantes sociales de la salud. Borrell ha apostado por la presión “desde abajo” para defender los servicios públicos y por luchar "con valentía" por “una mejor gestión de lo público”.

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