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OPINIÓN

Agente urbanizador 2.0. ‘El retorno’

El Gobierno valenciano parece tener totalmente interiorizado que sólo cabe fiar nuestro futuro al ladrillo

El pasado viernes el pleno del Consell aprobó la remisión del proyecto de Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valencia (LOTUP) a les Corts a efectos de que se inicie su tramitación parlamentaria. Dada la amplia mayoría del PP en el parlamento valenciano y sus usos tradicionales es de suponer que las orientaciones de proyecto, sustancialmente, se convertirán en los principios y directrices de la futura ley. Una ley que, a la manera del anillo único, se convierte en instrumento para controlarlos a todos, fruto de la refundición de las distintas normas en la materia, pero que, sobre todo, puede analizarse como Carta de los Promotores a los Reyes de Oriente… asumida en su integridad por la Administración.

El Gobierno valenciano parece tener totalmente interiorizado que sólo cabe fiar nuestro futuro al ladrillo. De manera que, como advertimos aquí hace ya un tiempo, vuelve la gallina de los huevos de cemento (El País CV, 6/01/2013) con todos los problemas que ello significa. Minimizar exigencias ambientales, que desaparezcan instrumentos que encarecían la transformación de suelo y la supeditaban a la cesión a la Generalitat de suelo protegido o “dar seguridad jurídica” en forma de facilitar la legalización de viviendas ilegales son malas noticias para quienes pensamos que el modelo económico de futuro del País Valenciano no puede pasar por la depredación cortoplacista del territorio. Porque estamos dando luz verde para matar a la gallina en vez de comernos sus huevos, si es que no hemos empezado a hacerlo ya.

En este sentido, es muy reveladora la resurrección del agente urbanizador, modelo 2.0 renovado y ampliado, que deja claro que ya estamos en fase de rosegar ossos, a falta de molla suficiente. El proyecto de LOTUP prevé que, a partir de ahora, los agentes urbanizadores puedan no sólo realizar las funciones públicas de transformación de suelo —para lo cual, y bajo el control de la Administración, pueden afectar a los derechos de propiedad de los ciudadanos e imponerles su actuación— sino también de edificación en suelo urbano (solares que lleven un tiempo sin uso) o de rehabilitación (para inmuebles que administrativamente se determine que han de serlo). A nadie se le escapa, supongo, la de problemas que este retorno de un agente urbanizador que nunca se fue legalmente pero al que la crisis había dejado aletargado está llamado a plantear. Y ya no afectarán sólo a propietarios (aunque sean humildes) de suelo, sino también a familias que han heredado el viejo piso de su abuela en el centro de las ciudades y situaciones de esa índole.

La Administración, con la figura del agente urbanizador, abre la puerta a que sea el mercado quien se encargue de "dinamizar" la parte económicamente susceptible de rentabilización de las labores públicas de ordenación del territorio. Esta decisión da entrada al negocio, pero armado con potestades públicas —que se ejercen en teoría para la mejor consecución de ciertos intereses generales—. Ello obliga a muchos y cuidadosos controles, así como aconseja cierta prudencia. Pero la crisis ahoga, como sabemos, y por eso cada vez ampliamos más, tras las desgarradoras súplicas de los amigos del cemento, los ámbitos a los que este sistema se aplica. Hay que intentar aprovechar todo, al precio que sea.

@Andres_Boix blog en http://blogs.elpais.com/no-se-trata-de-hacer-leer/