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El alcalde de Ourense ordena a la policía desalojar a una edil

La oposición abandona el pleno en bloque como protesta El gobierno local difundió previamente datos personales de la vida laboral de la concejala

El alcalde socialista de Ourense, Agustín Fernández, ordenó este mediodía a la policía que procediese al desalojo de una edil del grupo de la oposición, Democracia Ourensana (DO), a la que había retirado la palabra durante el pleno municipal. Minutos antes, el gobierno local había difundido documentos privados de la vida laboral de Susana Gómez. La edil reclamó intervenir por alusiones personales pero el regidor no le permitió terminar su exposición. Gómez continuó hablando hasta que Fernández ordenó su expulsión (un vídeo del incidente puede verse aquí) http://youtu.be/W3P5zY3mqFs.

La orden del alcalde provocó el enfado mayúsculo de toda la oposición. Mientras dos agentes procedían a la identificación de la concejala, PP y BNG abandonaron el pleno recriminando su actitud al regidor y a la edil de Urbanismo, Áurea Soto, la distribución de documentos de la vida privada. Finalmente, los dos concejales de Democracia Ourensana también abandonaron el salón y el PSdeG-PSOE continuó la sesión en solitario. El gobierno local ejerce el mando en minoría con 11 de los 27 miembros de la corporación.

El incidente se produjo tras difundir el gobierno local un documento de la vida laboral de la edil, con el que pretendían demostrar que había sido contratada hace tres lustros a través de una asistencia técnica en la escuela municipal de música. Esta misma semana, la concejala de Urbanismo y el exalcalde, Francisco Rodríguez, han sido imputados a raíz de una denuncia interpuesta por los sindicatos, por contratar a dedo mediante asistencias técnicas y con reparos del interventor, personal que luego consolidó puesto fijo en el Ayuntamiento. En el mismo caso también están denunciados el actual alcalde y la directora general de Personal, Carmen Rodríguez Dacosta.

Toda la oposición ha salido en defensa de la edil de DO con orden de desalojo. El BNG, que aupó a Fernández hasta la alcaldía con sus votos, ha distribuido un comunicado en el que tacha de “inaceptable que se recurra a datos personales que no se ajustan a la realidad como herramienta de ataque político”. Los nacionalistas “no admiten actitudes como la de hoy” porque el gobierno local “se sirvió de información privada que debía custodiar el servicio de personal del Ayuntamiento para atacar a Susana Gómez”. Por su parte, el PP acusa a la edil de Urbanismo de ordenar un “deleznable y sucio ataque que sobrepasa los límites del debate político y evidencia la catadura moral de quien utilizó como arma arrojadiza información confidencial, valiéndose de su cargo para conseguirla”. “Lo sucedido hoy es gravísimo y demencial”, insisten. También acusan al alcalde de haber perdido “el respeto institucional”.

La situación del Ayuntamiento de la tercera ciudad de Galicia se crispa así todavía más. Las imputaciones y denuncias judiciales acorralan al núcleo duro del gobierno local, que a su vez permanece dividido internamente en una permanente reyerta familiar dentro del PSdeG-PSOE. Cinco de los concejales socialistas están enfrentados con el núcleo duro del alcalde. De hecho, los críticos están suspendidos de militancia tras ausentarse de una votación durante otro pleno por no estar de acuerdo con el sentido del voto. Tras finalizar el pleno, estos cinco ediles lamentaban lo sucedido en la puerta del Ayuntamiento durante una charla con la oposición. Alguno incluso pidió disculpas a Democracia Ourensana.

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