Besteiro recuerda que fue el bipartito quien prohibió los regalos a políticos

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha señalado esta mañana que el código ético aprobado por la Xunta es únicamente "el desarrollo" de la Ley de Transparencia que el Gobierno gallego formado por socialistas y nacionalistas promulgó en 2006. Aquella norma prohibió ya que los cargos políticos de la Administración autonómica reciban regalos "que superen los usos habituales, sociales o de cortesía". "Hay que situarlo en la situación y el contexto actual, pero teniendo claro que supone un desarrollo de la Ley de Transparencia, que Feijóo trata de ocultar que se aprobó en el año 2006", ha remarcado Besteiro, para quien "lo más interesante" sería conocer "cuál es la postura del PP sobre los temas de corrupción". "Ahí sí sería bueno que [Feijóo] desarrollase un código ético y un criterio", ha sostenido el dirigente socialista, informa Europa Press.

El código ético aprobado por el Gobierno de Feijóo ayer impide aceptar regalos valorados en más de 90 euros a todos los empleados públicos. Los representantes de CIG en la Administración pública han replicado esta mañana que "quien necesita un código ético es el Partido Popular" y no los empleados públicos, por lo que el sindicato ha avisado de que no consentirá que "el amigo de un narcotraficante" les "dé lecciones" en este ámbito. A juicio de la CIG, informa Europa Press, el PP "pretende culpabilizar" a los trabajadores de la Administración "de la corrupción de su partido".

Se trata, añade la CIG, de "inadmisibles lecciones de ética de la persona --en alusión al presidente de la Xunta y el PPdeG-- que lidera el partido que bate récords en casos de corrupción". La CIG, "no se va a prestar a este juego inmoral que solo sirve para lavar la imagen de un PP con la mácula de la corrupción". A juicio del sindicato, el "foco de la corrupción" está en la esfera en la que se toman las decisiones políticas y entre las personas que "de forma intrusiva planean sobre las Administraciones públicas, como asesores, altos cargos, personal de confianza y de libre designación". La CIG sostiene que estas esferas de poder reina "un ambiente 'corruptógeno', en el que se mercantilizan los servicios públicos y son fuente de lucrativos negocios, en el que los bienes públicos son mercancía, es donde se prestan a hacer negocio los que consideran que son parte de la operación mercantil de su venta".