Alaya imputa a otro hijo de Ruiz-Mateos y a siete personas más por el ERE de Dhul

El número de imputados en el caso de los ERE no deja de crecer. La juez Mercedes Alaya ha sumado a la lista a ocho personas por su presunta implicación en el expediente de la empresa Dhul. Y a la lista ha añadido a otro miembro de la familia Ruiz-Mateos, en este caso, a un cuarto hijo del empresario gaditano (también imputado en la causa). Además de a Álvaro Ruiz-Mateos —administrador solidario de la empresa hasta 2011, posteriormente administrador único—, la juez cita para los días 10 y 11 de abril a un exabogado de la familia, a varios ex altos cargos de la empresa y a tres intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas).

Según el auto, la ayuda de la Junta de 10,5 millones de euros a Dhul se entregó “sin que en dicho expediente se hubiera observado solicitud formal de ayuda sociolaboral alguna”. Además, se incluía a cinco intrusos, dos de ellos cuñados del exsindicalista y conseguidor Juan Lanzas —a quien la juez le atribuye “un papel importante como mediador o intermediario”—. Alaya mantiene que los ocho nuevos imputados eran “conocedores de la existencia de irregularidades en la subvención, de la existencia de intrusos y de la intermediación y pagos a Juan Lanzas”. La magistrada también matiza que la ayuda investigada se aprobó inicialmente en 10 millones, pero que se elevó hasta los 10,59 millones “por intereses devengados ante los incumplimientos de los plazos de pago”.

Además de citar a estas ocho personas, la juez Alaya acuerda ampliar la imputación inicialmente efectuada a José María Ruiz Mateos “por su participación activa” en el expediente de Dhul. El empresario gaditano se ha negado hasta en dos ocasiones a acudir a declarar ante Alaya, quien señala en el auto de ayer que la citación del patriarca queda pendiente “del exhorto librado” para que el médico forense le reconozca y certifique las dificultades de movilidad alegadas por el imputado.

La juez detalla que el ex director comercial de Dhul Rafael Carvia firmó con el entonces director general de Trabajo Javier Guerrero el protocolo de colaboración por el que la Junta mostraría “su disposición a gestionar las ayudas”. Asimismo, considera que las cuantías del expediente “fueron ampliadas a instancias” de Carvia argumentando que la póliza de prejubilaciones había sufrido un coste adicional.

Sobre el abogado de la familia Joaquín Ivancos y el apoderado de la empresa Carlos Santandreu, la magistrada asegura que ambos eran “conocedores y partícipes de las irregularidades”. En el caso de los intrusos, Alaya apunta que dos (José Egea y Miguel Espínola) eran trabajadores autónomos que fueron contratados tres meses antes de la solicitud del ERE. El tercer intruso es Fernanda García, quien nunca trabajó en la empresa. El último imputado es Damián Jiménez, secretario provincial de Alimentación de CC OO en Jaén entre 1996 y 2004 y marido de Fernanda García.