Nueva imputación al exalcalde y una edil ourensana por contratos a dedo
Sindicatos y el PP denunciaron que personal de asistencias técnicas acabó con un puesto fijo
El exalcalde socialista de Ourense y la edil de Urbanismo suman una nueva imputación. Francisco Rodríguez y Áurea Soto han sido imputados por contratar, mediante asistencias técnicas y con reparos del interventor, personal externo que acabó consolidando puesto fijo en el Ayuntamiento. El juez de instrucción número uno de Ourense, Leonardo Álvarez, investiga los hechos tras una denuncia presentada por los sindicatos CIG y USO (mayoritarios en el Ayuntamiento) a la que también se sumó el PP, en la que acusan a los socialistas de supuesta prevaricación y malversación de fondos públicos.
Ambos políticos están citados a declarar el próximo día 21 de abril. En el mismo caso están denunciados el actual alcalde, Agustín Fernández, y la directora general de Personal, Carmen Rodríguez Dacosta, aunque el juzgado no ha comunicado su situación procesal. Dacosta fue concejala de ese mismo ramo hasta hace un año, cuando el Tribunal Constitucional tumbó la figura de los ediles no electos.
Ocho de los contratados ya declararon como testigos. Antes de consolidar sus puestos mediante sentencia judicial, todos realizaban su trabajo en dependencias municipales. Según los denunciantes “son un servicio profesional que tiene que prestarse desde un despacho profesional”. También recuerdan que, aunque estas asistencias son un proceso legal, deben materializarse en unas condiciones que “no se produjeron”. El PP, que se sumó a la denuncia, ve en la actuación de los políticos socialistas “un verdadero despilfarro y desmadre” ya que las contrataciones se hicieron “con reparos del interventor cuando, además, había personal municipal para realizar esos trabajos”. Los contratados de forma supuestamente irregular recalaron en la concejalía de Urbanismo. El exregidor ourensano ya acumula dos imputaciones judiciales. La Operación Pokémon lo mantiene encausado desde septiembre de 2012, cuando fue detenido. Por su parte, la concejala de Urbanismo, ya acumula cinco imputaciones por prevaricación o malversación.
