La industria pagará 9,9 millones por sus emisiones contaminantes
La reforma en el comercio de derechos de emisión revierte la situación En 2012 la empresas ingresaron 40 millones por la venta de emisiones
Las emisiones de dióxido de carbono de la industria del pasado año se redujeron hasta los 13 millones de toneladas, las más bajas desde 2005, cuando se aprobó el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. A pesar del dato, el sector industrial, responsable de la generación del 30% de este tipo de contaminantes, tendrá que comprar cuotas de emisión de 1,5 millones de toneladas, una operación que la Generalitat calculó ayer en 9,9 millones de euros.
Los cambios legislativos en el mercado de emisiones, una de las principales herramientas del Unión Europea para luchar contra el cambio climático, han dado la vuelta a una tendencia que había favorecido al sector industrial hasta 2012, año que ingresó 40 millones por la venta de sus excedentes.
A partir del 1 de enero del pasado año, los derechos para la producción de energía eléctrica no son gratuitos. Este sector concentró el mayor déficit de emisiones: 2,4 millones de toneladas, según datos del Departamento del Departamento de Territorio y Sostenibilidad. En el lado contrario se encuentran las cementeras, que expulsaron a la atmósfera 2,5 millones menos de las que les correspondían de forma gratuita.
La nueva legislación, que persigue reducir más las emisiones, excluye de la normativa a las pequeñas instalaciones y modifica la forma en que se asignan las cuotas: una parte la realiza directamente el Gobierno central y la otra se subasta entre las empresas. “Mientras en 2012 las instalaciones recibieron derechos gratuitos, muy por encima de sus emisiones, el pasado año se produjo un déficit”, aseguraba ayer la Generalitat.
Por este motivo, y por las “oscilaciones” del precio de compra y venta de la tonelada de gases de efecto invernadero, el Gobierno catalán pide un acuerdo internacional “para extender el compromiso de reducción de las emisiones” de estos contaminantes, y así “evitar la pérdida de competitividad de las empresas enérgicamente intensivas de países muy comprometidos con la políticas de reducción de las emisiones”.
