Compromís denuncia el aumento de deuda del puerto con Aznar

Compromís echa más leña al fuego de la investigación que lleva a cabo el juzgado de Instrucción número 14 de Valencia sobre la gestión del presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar, y tres directivos más por los supuestos delitos de prevaricación y malversación.

El diputado al Congreso de la formación Joan Baldoví y el concejal en Valencia Joan Ribó han trasladado a la fiscalía, que instó la denuncia el pasado verano, documentación sobre la gestión de Aznar. Consideran que investigarse cómo la deuda de la Autoridad Portuaria de Valencia se ha multiplicado por siete desde que Aznar llegó a la presidencia en 2004, de 90 a 700 millones de euros. “Nos surgen preguntas. Por ejemplo, ¿cómo con unos ingresos de 104 millones y una inversión de 152, la deuda del puerto ascendió a 150 millones en 2009?”. O que dos años después, en 2011, los ingresos fueran de 33 millones, las inversiones de 60 y la deuda de 74 millones.

También se muestran extrañados de que el puerto de Valencia pagase de rescate 1,17 millones de euros a la concesionaria [Unión Naval de Levante] de la Escuela de Aprendices, que cerró seis años antes.

El diputado explicó que en 1951 se dio la concesión a Unión Naval de Levante y la escuela cerró en 1994. "Hasta el 2000 no tuvo actividad y en vez de exigir el rescate del edificio, el puerto, asesorado por una consultora externa, le pagó al concesionario una indemnización de 1,17 millones de euros", ha señalado.

"Es todo muy oscuro", ha apuntado Baldoví, quien ha insistido en que lo "normal" hubiera sido que sin la concesión, se hubiera retornado el edificio al puerto.

Un tercer punto sobre el que piden a la fiscalía que indague tiene que ver con la actividad de la fundación Valencia Port. Desde la llegada de Aznar ha recibido algo más de 17 millones de euros y, siendo 9 de los 16 patronos instituciones públicas, Compromís se extraña de que no exista fiscalización de estas cuentas por parte del Estado.

El concejal Joan Ribó denunció, por otro lado, el “grave agravio” del Gobierno con Valencia por incumplir el convenio del Parque Central de 2003, que recogía el soterramiento, la estación y el eje pasante, que no se han hecho.

El edil incidió en que ni el soterramiento ni la estación ni el túnel pasante se han realizado y agregó que, aunque sí ha llegado la alta velocidad, de la urbanización del Parque Central "no hay posibilidad de hacer nada excepto una pequeña parte de jardín".

El concejal recordó que la sociedad Parque Central, que gestiona el proyecto urbanístico, está compuesta en un 50% por el Ministerio de Fomento, en un 25% por la Generalitat y otro 25% por el Ayuntamiento de Valencia.

También hizo hincapié en que el convenio establecía que el Ayuntamiento asumiría las obras a través de la gestión de los aprovechamientos urbanísticos y, sin embargo, tendrá que pagar "una parte importante, que no estaba en el convenio" de los 135 millones gastados en la llegada del AVE.

"Según el protocolo firmado, a partir del 31 de marzo de 2016 hasta 2021, el Ayuntamiento tendrá que pagar 45,4 millones, 38,3 de amortización de préstamo y 7,1 en intereses", ha indicado Ribó, quien afirmó que "esta es la herencia de Barberá".

Reacción del puerto

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha replicado que está "sometida sistemáticamente a los controles y auditorías de los diferentes órganos fiscalizadores de la Administración General del Estado". Al respecto, ha indicado que sus cuentas son auditadas anualmente por la Intervención General del Estado (IGAE) y "han superado su análisis siempre sin salvedad".

En respuesta a Compromís, el puerto ha asegurado desconocer los "términos exactos" de la denuncia. Ha destacado que además del control de la IGAE, tanto la gestión como las cuentas de esta entidad son también supervisadas periódicamente por el organismo público Puertos del Estado, el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Fomento.

"En cualquier caso, como siempre hemos actuado, estamos a disposición de los órganos de la administración de justicia para cuantos requerimientos consideren oportunos", ha subrayado.

Respecto a la Fundación Valenciaport -de naturaleza privada y participada por patronos del ámbito privado y público--, ha explicado que las aportaciones realizadas por la APV a la misma "han sido siempre reflejadas en las cuentas de la Entidad y sujetas al control de la IGAE".