La Administración posee un 36% de casas afectadas por el plan de El Cabanyal
Las Administraciones gastan 40 millones en inmuebles con vistas a ampliar Blasco Ibáñez El PSPV considera un "despilfarro intolerable" gastar dinero público en pisos para derribar El barrio se manifestará el 6 de abril contra el deterioro urbanístico y social de la zona
La sociedad gestora del Plan del Cabanyal-Canyamelar ya es propietaria de un 36% de las viviendas afectadas por el plan urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de Valencia y paralizado por el Ministerio de Cultura en 2010 por el riesgo de expolio al patrimonio. En 2013, ejercicio del que se ha hecho balance en el consejo de este lunes, la sociedad pública ha comprado 24 nuevos inmuebles, la mayoría en la calle de San Pedro.
"La única actividad de la sociedad", ha denunciado el concejal socialista Vicent Sarrià, "ha sido la compra de 24 casas para derribarlas". "Todo ese dinero debería haber ido a la adquisición de casas para su rehabilitación, lo que hubiera revitalizado el tejido social y comercial de El Cabanyal", ha subrayado el edil.
Sarrià ha lamentado que se relacionen año tras año los proyectos de viviendas de nueva construcción, sin que luego se adjudiquen las obras. Son 241 viviendas de protección pública, que no están en el pasillo afectado por la ampliación de la avenida de Blasco Ibáñez, "y cuya construcción supondría una mejora para el barrio", ha dicho.
El socialista critica que el Gobierno local insista en su estrategia de la confrontación al aprobar el pasado viernes el proyecto del bulevar San Pedro y la compra de nuevas viviendas, reservando 13 millones de euros del Plan Confianza de la Generalitat, "a sabiendas de que se trata de proyectos que no se pueden ejecutar"
Sarriá pide a la alcaldesa de Valencia que conceda licencias de rehabilitación a los vecinos, y adapte cuanto antes el plan urbanístico de El Cabanyal de acuerdo con lo que establecía la orden ministerial de Cultura de diciembre de 2009. El Consejo de Ministros ratificó esta adaptación el pasado octubre después de un largo conflicto judicial.
Según el edil socialista, se han gastado más de 40 millones de euros de dinero público en la compra de los 583 inmuebles en manos de la sociedad pública "con el único objetivo de seguir adelante con un proyecto destructivo que nadie defiende, salvo la alcaldesa".
Varias asociaciones y colectivos de El Cabanyal tienen convocada una manifestación el próximo 6 de abril para denunciar la situación de deterioro urbanístico y social que arrastra la zona.
