Encierro en el Ayuntamiento contra el agua con arsénico

Punxín en pie de guerra. Algunos vecinos de este pueblo de Ourense de 700 habitantes se han encerrado en el Ayuntamiento tras votar el gobierno local del PP en contra de una iniciativa llevada a pleno que proponía modificar el disparatado precio del agua. El Ayuntamiento privatizó en 2010 el servicio (entonces gobernaba el PSOE) y se lo concedió a Aquagest, que triplicó el importe de las facturas que reciben en sus buzones. Agua a precio de oro líquido que no pueden utilizar porque está contaminada con arsénico, un veneno producido de forma natural en el subsuelo de la zona. Antes de la privatización, el agua costaba a las arcas municipales 38.800 euros al año. Tras ser entregada a la empresa, el coste se disparó hasta los 107.000 euros anuales.

"Vosotros sois los que habéis jodido al pueblo", espetó uno de los portavoces vecinales a los ediles. "Nosotros queremos agua a un precio justo y en condiciones. Y el alcalde tiene que ser una persona decente que nos defienda", insisten. Las súplicas, apoyadas con dos maletas repletas de documentación, cayeron en saco roto. El gobierno local se niega a bajar el precio del agua contaminada a pesar del evidente sobrecoste denunciado. No aceptan la propuesta de los vecinos (46.000 euros anuales) frente a los 98.000 que calcula la Administración local en sus presupuestos. La votación se produjo entre las surrealistas quejas de un concejal popular, que tras dos horas de sesión proclamó en voz alta que quería irse de una vez a comer.

Entre los encerrados hay ancianas de 88 años, amas de casa indignadas o jóvenes residentes en el municipio. "Hacemos noche si hace falta. No hay problema ninguno", dicen. Permanecerán atrincherados hasta que alguien atienda su reclamación o hasta que la Guardia Civil los eche. Algunos agentes controlan los accesos al edificio, aunque han comunicado que no tienen órdenes de actuar. El primer intento de intermediación durante el encierro también fue en vano. Tras ponerse en contacto con la delegación de la Xunta de Galicia en Ourense, el gabinete del delegado les comunicó que Rogelio Martínez estaba de viaje por lo que no les atendería.

Los cuatro concejales del PP se negaron hoy en un pleno a establecer precios razonables. Aquagest abandonó el servicio el pasado enero y el Ayuntamiento rescató la concesión pero mantuvo los elevados precios que la empresa había endosado al agua en 2010. Además, según informes de la Guardia Civil incorporados a la instrucción de la Operación Pokémon que investiga una trama corrupta en toda Galicia y que también salpica a esta localidad, la empresa Aquagest cometió un presunto delito contra la salud pública al servirles "a sabiendas agua contaminada". Los agentes de Vigilancia Aduanera también atribuyen supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias al exalcalde socialista, Alfredo Cruz, que privatizó el agua a través de un proceso irregular, según los investigadores.