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La fiscal cree que ‘Calatravatelaclava’ está amparada por la libertad de expresión

El arquitecto acusa a EU de "insultarle todos los días durante dos años" con la web

La coordinadora de EU, Marga Sanz, sentada junto al diputado de la coalición Ignacio Blanco, en la vista por la demanda de Calatrava.
La coordinadora de EU, Marga Sanz, sentada junto al diputado de la coalición Ignacio Blanco, en la vista por la demanda de Calatrava.

Calatravatelaclava.com “está amparada por la libertad de expresión y de información”. La fiscal se puso este jueves de parte de Esquerra Unida del País Valencià en el juicio por la demanda interpuesta por el célebre arquitecto Santiago Calatrava, que considera que el sitio web atenta contra su derecho al honor. “Para cualquier persona no es agradable ver su nombre en un dominio, pero éstas son las reglas del juego. Lo que contiene la web tiene gran relevancia pública y está justificado su interés, porque prima el derecho a la libertad de expresión, que contempla el concepto de crítica”. Aunque ésta sea, agregó la fiscal, “desabrida o disguste”. El juez declaró el asunto visto para sentencia.

El letrado de Calatrava argumentó que a través de la web se ha estado “insultando todo el día durante dos años” a su cliente. En ella, los promotores de la web habrían acusado al arquitecto de “fraude fiscal, de haber trasladado su residencia a Suiza para no pagar impuestos, cuando lleva allí desde 1971, de haber cobrado cantidades millonarias a través de paraísos fiscales y de haber participado en tramas de corrupción”. Todo ello habría causado daño moral a Calatrava, además de haberle hecho perder dinero.

La web, replicó el letrado de EU, es sobre todo un sitio donde se enlazan artículos de prensa acerca de las polémicas en las que se ha visto envuelto Calatrava, aunque también recoge vídeos en los que el diputado Ignacio Blanco critica, entre otras cosas, la opacidad del Gobierno del expresidente valenciano Francisco Camps respecto a los contratos que firmó con el arquitecto. La defensa de EU argumentó que alguien que ha cobrado “100 millones de euros, más de 16.000 millones de pesetas por el diseño de la Ciudad de las Artes y las Ciencias”, incrementando sus honorarios con los sobrecostes del proyecto, debe poder ser criticado.

El letrado del arquitecto intentó que se aceptase como prueba el diccionario (destacando que el verbo clavar puede significar “robar”), que declarase un inspector fiscal en excedencia y el experto que elaboró para la Generalitat un informe sobre la caída del trencadís (recubrimiento) del Palau de les Arts en el que se apuntaba la responsabilidad de Calatrava. El juez rechazó la práctica de esas y del resto de pruebas pedidas por las partes.