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La regulación de manifestaciones dispara la pelea electoral del PP de cara a 2015

Botella urge a Cifuentes a prohibir las protestas en el centro y en Castellana

La delegada le replica que “tramite sus propuestas mediáticas por cauces legales”

Las manifestaciones no son solo un derecho fundamental protegido por la Constitución y, en contadísimas ocasiones, un problema de orden público, sino también un arma política que tanto el presidente regional, Ignacio González (PP), como la alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), están esgrimiendo contra la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes (PP). Bajo esa batalla subyace la posibilidad de que Cifuentes pudiera sustituir a González o Botella como candidata en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015. La decisión depende solo del presidente del PP, Mariano Rajoy, pero las molestias que las manifestaciones causan a los electores están alimentando esa disputa política.

Hoy el estribillo ha sido, una vez más, la supuesta inacción de Cifuentes ante el elevado número de manifestaciones que se celebran en Madrid. Botella ha urgido a la delegada a “tomar medidas” para que “la libertad sin límite de unos cuantos no cercene los derechos de los demás”. “El derecho de manifestación se puede y se debe regular”, ha dicho. Mañana, el Pleno municipal aprobará, con la mayoría del PP, una proposición de urgencia para que la Delegación del Gobierno “determine una serie de espacios que, a juicio del Ayuntamiento, deben ser especialmente protegidos a la hora de autorizar manifestaciones, como es el caso de entornos histórico-artísticos, zonas de gran afluencia turística y los ejes estratégicos de transporte”. Es decir, Botella no solo quiere prohibir manifestaciones en Sol, como González, sino también en el paseo de la Castellana o Gran Vía.

Cifuentes, por su parte, ha instado a la alcaldesa a “tramitar sus propuestas mediáticas por los cauces legales y no a través de los medios”. Botella ha condenado esta mañana los disturbios violentos causados por decenas de individuos en el centro de Madrid durante la noche del sábado, que provocaron un centenar de heridos y daños materiales que valoró en 166.000 euros. Pero ha aprovechado, además, para censurar la manifestación pacífica que tuvo lugar antes, y que reunió a decenas de miles de personas contra los recortes sociales.

Oposición unánime

  • UPyD registró el martes una moción urgente para el pleno de hoy que condena “los hechos violentos” del sábado.
  • El PP ha presentado hoy otra en la que, además de eso, incluye su petición a la Delegación del Gobierno para que restrinja el derecho de manifestación.
  • El líder de UPyD, David Ortega, cree que “limitar derechos fundamentales no es el camino”.
  • El líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, se ha mostrado “radicalmente en contra” de recortar ese derecho y ha tachado de “increíble” que el PP use su mayoría absoluta para eso.
  • El líder de IU, Ángel Pérez, censura que se quiera llevar las protestas a sitios “menos visibles” cuando “deben ser tan visibles como las políticas antisociales del Gobierno”.

Esa, y cualquier otra. “La capital del España no puede tolerar que el espacio público de todos sea ocupado sistemáticamente por los que han hecho de Madrid la diana de las manifestaciones, haciendo rehenes a los madrileños”, ha dicho. En su opinión, habría que analizar las convocatorias “caso por caso” cuáles mantener y cuáles desviar a las afueras. “Algunas son compatibles con la movilidad y otras no”, ha añadido. Para las segundas, “hay que pactar itinerarios alternativos fuera del corazón de la ciudad”. En la práctica, admiten fuentes municipales, eso llevaría a prohibirlas todas, o al menos todas aquellas con una movilización considerable, puesto que resulta políticamente imposible cribar algunas de un signo y permitir otras del contrario.

Dentro de ese razonamiento, Botella no se limitó a detallar los “graves daños” ocasionados por los disturbios violentos (166.000 euros), sino que metió en la misma cuenta el gasto en seguridad (405.000 euros) y limpieza (89.000 euros) por la multitudinaria manifestación pacífica. “En total, más de 655.000 euros”, sumó. “Y ya se están anunciando manifestaciones nuevas”, añadió.

La alcaldesa aseguró que, para regular el derecho de manifestación como ella desea, “no hace falta cambiar ninguna ley”. Bastaría, en su opinión, con que Cifuentes obligara a los organizadores a llevarse su protesta a otra parte.

La delegada del Gobierno replicó sin embargo, una vez más, que se trata de un derecho fundamental que no requiere de autorización (según la Constitución, solo precisa de “comunicación previa a la autoridad”), y que únicamente puede prohibirse “cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”.

Además, recordó Cifuentes, se trata de un derecho que no solo disfrutan los madrileños sino todos los españoles, vivan en el municipio en el que vivan, de forma que regularlo de forma diferente en la capital atentaría en su opinión contra el principio de igualdad y de no discriminación. La cuestión excede el ámbito de sus competencias, concluyó, por lo que la reunión que Botella solicitó celebrar con ella debería llevarla a cabo con los ministerios de Justicia, Hacienda y Cultura, y usando de intermediario a la Federación Española de Municipios.

Este debate se remonta a septiembre de 2012, cuando Botella se quejó por primera vez de que en nueve meses se habían celebrado 2.732 manifestaciones en Madrid, que le habían costado 3,8 millones de euros en seguridad y limpieza. “Los que se manifiestan son muy pocos y hacen un daño muy grande a muchas personas”, dijo, lamentando “los efectos negativos en inversión extranjera, turismo e imagen de la ciudad”. Botella pidió pues “mesura” a los ciudadanos y una compensación económica al Gobierno para afrontar su cruz como rompeolas del descontento social.

Cifuentes entró al debate: calificó la legislación de “muy permisiva” y apostó por “modular” el derecho de manifestación ante la cifra “desmesurada” de protestas, que achacó a “grupos que tratan de conseguir en la calle lo que no han conseguido en las urnas”. Pidió un cambio legal “sin recortar derechos pero racionalizando el uso del espacio público”. Pero el Gobierno cerró ese debate de cuajo. El ministro de Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, rechazó limitar el derecho a manifestarse. Un año y medio después, sin embargo, la Ley de Seguridad Privada impulsada por el Ministerio de Interior puede incluir medidas que lo afecten.

En cualquier caso, el debate se acalló hasta que el Gobierno regional alzó la voz en febrero de este año. González pidió entonces al Ministerio de Interior y a la propia Cifuentes una respuesta ante la “reiteración de manifestaciones” en la Puerta del Sol. Es allí donde tiene su sede el Gobierno regional; aunque en público alude a las quejas de comerciantes, taxistas, turistas o vecinos, en realidad lo que molesta a sus responsables es que las protestas en Sol, de todo tipo y cariz, puedan ser interpretadas por la opinión pública como dirigidas contra ellos.

Cifuentes contestó, y lo ha repetido varias veces desde entonces, que no está en su mano prohibir las protestas. Hoy, después de que EL PAÍS publicara que la delegada del Gobierno derivó a Sol en diciembre de 2012 una concentración que sus organizadores solicitaron celebrar ante el Congreso, el portavoz regional, Salvador Victoria, ha recalcado que “la ley sí permite alterar los itinerarios”.

Cifuentes replicó que las decisiones judiciales solo sustentan el blindaje del Congreso o la Asamblea regional en días de actividad legislativa; cualquier otro intento de interferir en el recorrido de las protestas es sistemáticamente tumbado por los tribunales, recalcó.

Sin embargo, Victoria fue más allá al insinuar una intencionalidad política: “Madrid es muy grande y empieza a ser sospechoso que todas las manifestaciones se concentren en Sol”. Se acerca mayo de 2015, y lo único claro es que todos sospechan de todos.

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