Dos informes presagian que la ley de vivienda favorecerá la recuperación

Los expertos consultados por la Consejería de Fomento y Vivienda han dado la vuelta a los argumentos esgrimidos por el Gobierno para recurrir al Tribunal Constitucional la ley andaluza de la función social de la vivienda. Ángel Vilariño, consultor financiero y ex director general financiero de Caja Madrid, y Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, entienden que la norma andaluza no solo no supone un “peligro” para la estabilidad del sistema financiero, como alega el Ejecutivo central, sino que incluso puede tener un efecto positivo en la recuperación económica.

La consejería que dirige Elena Cortés (IU) ha encargado a Vilariño y Torres dos informes para incluirlos en el anexo de las alegaciones que ha presentado al alto tribunal contra el recurso del Gobierno. El Constitucional suspendió cautelarmente la ley antidesahucio en enero, tras admitir a trámite el recurso presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

La Junta ha presentado las alegaciones contra el recurso estatal

El Gobierno basó su impugnación en que la norma andaluza incrementaría la prima de riesgo, haría desaparecer la propiedad privada, provocaría el “colapso de la economía española” y pondría en peligro la “reestructuración del sistema financiero”.

El consultor Vilariño llama la atención sobre el hecho de que estas afirmaciones se apoyen en el informe de estabilidad del Banco de España de noviembre de 2012 en vez de en el de noviembre de 2013, que presenta mejores datos. También obvia el recurso, advierte el experto, el fin del rescate bancario declarado por el Eurogrupo y las declaraciones de Rajoy y varios de sus ministros acerca de los primeros signos de la recuperación.

Pero el consultor censura, sobre todo, que el Gobierno sustente sus afirmaciones en una carta de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea que, según Vilariño, ofrece solo “opiniones” que no se basan en evidencias científicas. Por el contrario, el experto consultado por la Junta analiza los datos del INE y de la sociedad de tasaciones Tinsa y concluye que en los meses en los que ha estado en vigor la norma los precios de la vivienda han caído en Andalucía menos que en el resto de España. “No existe ninguna forma de justificar, con el rigor que exige ese tipo de atrevidas afirmaciones, que las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía puedan ser un factor determinante de la prima de riesgo de la deuda pública española”, señala Vilariño, que concluye: “Es muy verosímil que la presión del lobby bancario está presente en estos juicios frívolos e interesados”

El catedrático Torres coincide en advertir que las acusaciones del Ejecutivo son meras hipótesis que no se apoyan en datos y señala que el recurso del Gobierno atribuye a la ley andaluza culpas que no son suyas, como la de la caída del valor de la vivienda. Según Torres, la norma, al impulsar el mercado del alquiler, podría en todo caso contribuir a aliviar el stock de viviendas de los bancos y a mejorar la situación económica de las familias al reducir la factura mensual familiar en este concepto.