De la caballa a la cocaína
El fiscal pide 17 años para el armador de un pesquero En vez de ir a faenar al Cantábrico se dirigió a las Azores para recoger un alijo Todo el material que se incautó estaba valorado en 90 millones de euros
El barco Ratonero, de 17 metros de eslora, zarpó a finales de enero de 2012 de su puerto base de O Grove con cuatro tripulantes en dirección al mar Cantábrico donde solía ir a faenar. Pero dos semanas después, el pesquero fue abordado por Aduanas en aguas internacionales, cerca de las islas Azores. Según los investigadores, su armador, José Luis Devesa, de 44 años, había abandonado la captura de la caballa por un alijo de 1,7 toneladas de cocaína valorado en 90 millones de euros.
La actividad en la pesca del propietario del barco era presuntamente una tapadera. José Luis Devesa, según la investigación, formaba parte de una organización junto a los marineros José Antonio Búa Padín y Jorge Cono Fernández Barral, y su cometido era abastecer de combustible en alta mar a las planeadoras que iban a descargar los alijos en la costa.
Una de las operaciones en la supuestamente intervino Devesa con su barco se remonta al 15 de agosto de 2008. El Ratonero había salido al encuentro de una lancha de 15 metros de eslora y seis motores de 220 CV que venía de alijar de un barco nodriza tres toneladas de cocaína. Pasaba a la altura de cabo Silleiro cuando los tripulantes se percataron de que habían sido descubiertos por un helicóptero de Aduanas y comenzaron a tirar los fardos al agua. La tripulación llegó de madrugada hasta la playa de A Lanzada (O Grove), donde prendieron fuego a la lanzadera y huyeron en un coche que les estaba esperando. Al día siguiente, la embarcación seguía ardiendo cuando llegaron los primeros bañistas y fue retirada posteriormente por una grúa.
En este alijo de 2008 está implicada la organización que durante la pasada década lideraba Rafael Bugallo, El Mulo, uno de los históricos transportistas de cocaína que ya había pasado por la cárcel. Parte del cargamento, unos 1.700 kilos, pudo ser recuperado del mar, mientras algunos fardos fueron arrastrados por la marea hasta la costa.
Según los investigadores, después de esta operación fallida en 2008, el patrón del Ratonero decidió dar un salto en el escalafón del narcotráfico para participar en uno de los dos últimos transportes de cocaína que se interceptaron de camino a Galicia en 2012. De hecho, la policía no ha vuelto a capturar desde entonces ningún cargamento de esa droga en alta mar.
Para llevar a cabo la recogida, transporte e introducción en España de la cocaína, Devesa contrató supuestamente a los marineros Álvaro Agustín Verdera Vieira, José Francisco Fernández Suárez y Albino González Pérez. Todos dijeron en la cofradía y a sus familiares que iban a pescar caballa al norte de la Península cuando, según sostiene la investigación, habían planeado salir al encuentro de un buque nodriza para recoger 1.700 kilos de cocaína en pleno Océano Atlántico.
A bordo del pesquero también viajaba Enyer Eduardo Holguín Correa, el presunto contacto de la organización colombiana propietaria de la droga y el encargado de supervisar el transporte transmitiendo por radio las posiciones de los barcos para coordinar el encuentro de ambos y la planeadora que iba a descargar los 90 fardos en tierra. Siguiendo con el guion planificado, el 21 de febrero tres experimentados lancheros de la ría de Arousa, José Manuel Cores Losada, José Antonio Búa Padín y Baltasar Vilar Durán, salieron al encuentro del Ratonero con una planeadora de 14 metros y cuatro motores. Pero la policía controlaba el transporte de la droga desde su salida de Venezuela, por lo que se había montado un dispositivo que coordinaba un juzgado de Vigo con la intervención de una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera que logró abordar el pesquero esa misma madrugada en aguas internacionales.
Cuando los lancheros se aproximaron al pesquero y avistaron el buque de Aduanas dieron media vuelta y emprendieron la huida. Al no poder repostar el combustible que llevaba a bordo el Ratonero se vieron obligados a dirigirse a la isla portuguesa de Madeira, el punto de tierra más cercano, abandonando la embarcación en la localidad de Paul do Mar. Después de varios días de fuga, los tres lancheros fueron detenidos por la Policía Judiciaria portuguesa. Cada uno llevaba 500 euros en el bolsillo que les había proporcionado la organización.
La fiscalía pide para el armador José Luis Devesa 17 años de cárcel y multa de 300 millones de euros, pena solo superada por la solicitada para el intermediario sudamericano. Para el resto de los acusados el fiscal rebaja las penas a 13 y 10 años prisión y fija las multas en 200 millones para cada uno.
