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Louzán copió un catálogo comercial en un concurso de 950.000 euros

El pliego para renovar impresoras fija condiciones adaptadas a un distribuidor pontevedrés

Alfonso Rueda, Rafael Louzán y Amancio Varela, en el estreno de un centro de datos en la Diputación.
Alfonso Rueda, Rafael Louzán y Amancio Varela, en el estreno de un centro de datos en la Diputación.

La Diputación de Pontevedra decidió en 2011 renovar sus impresoras. No era una tarea menor. Para sus dependencias y las de sus organismos asociados la institución requería más de 250 máquinas, desde impresoras de oficina estándar hasta multicopiadoras. Así que en septiembre de ese año la junta de gobierno presidida por Rafael Louzán mandó sacar a concurso público un contrato para el alquiler de equipos, suministro y mantenimiento durante cuatro años, por un importe total que finalmente fue de 948.719, 24 euros. Solo se presentó un candidato, Ricoh, una multinacional cuyo distribuidor en la provincia es la empresa Documentación e Imagen del Noroeste (DIN), compañía que tuvo la fortuna de que el pliego de condiciones del contrato calcase casi punto por punto las especificaciones técnicas de su catálogo.

Por su cuantía, el concurso se publicó hasta en el Diario Oficial de la Unión Europea, aunque es improbable que unos hipotéticos competidores suecos hubiesen tenido opciones. El 40% de la puntuación lo marcaban las detalladas exigencias técnicas del ente provincial, que dividió el tipo de equipos necesarios en siete categorías. Las dos primeras, que describen los requisitos de impresoras láser de oficina convencionales, una en blanco y negro y otra en color, ya valen para eliminar a la competencia. Se fijan características mínimas como las medidas de las máquinas (ancho, largo y también alto), la velocidad en que tardan en calentarse, cuánto tardan en imprimir la primera página y cuántas páginas por minuto imprimen; también se considera determinante el número de hojas que se pueden introducir o retirar de una tacada.

Un repaso a las características de los modelos de Ricoh de aquel año muestra que, por ejemplo, la impresora que no debe superar los 40 centímetros de ancho, 45 de largo y 32 de alto tiene exactamente esas medidas, que tiene justamente los 128 megabytes de memoria mínimos, que tarda en calentarse menos de 48 segundos —el pliego marca un tope de 49— o que admita el uso de papel “reciclado, normal, brillante, grueso, fino, etiqueta, de color -el pliego se ahorra la coma en este punto y lo llama etiqueta de color, preimpreso, preperforado” y otros. Son los mismos descritos, con la misma terminología, por el redactor del pliego, en una serie de calcos sucesivos que también cubren el número y capacidad de las bandejas y extensiones de memoria opcionales. Las coincidencias continúan en los requerimientos para los equipos de mayor categoría, con un cierto relajamiento en los más grandes.

El autor del pliego técnico es Amancio Varela, responsable de Novas Tecnoloxías tanto en la Diputación como, desde el año pasado, el PP provincial, que accedió a dar explicaciones sobre el asunto en un encuentro en el que estuvo acompañado por el jefe de Contratación, Pablo Montero. Varela aduce que las medidas ajustadas de las impresoras se determinaron por el tamaño reducido de las mesas de la Diputación. Los dos modelos de impresora más pequeños suman 148 de las 255 máquinas que solicitaba el ente provincial. Admite que no se midieron todas las mesas pero sí “algunas” y que, con todo, finalmente hubo que sustituir al menos tres.

Sobre la importancia de que un secretario necesite que una impresora se caliente en menos de 49 segundos y ni uno más, Montero tercia que ese tipo de requisitos es igual que “cuando se compran camiones, que miras la potencia”. El pliego, por cierto, no da importancia al peso de los equipos.

Sobre la equivalencia perfecta entre el catálogo de Ricoh y las exigencias de la Administración provincial, Varela arguye que a la hora de redactar el pliego “se coge una referencia” pero asegura que comprobó “que había tres empresas que cumplían las características” de las que dice recordar solo a Konica. “Tengo que cubrirme las espaldas”, justifica. Un repaso por los modelos actuales de varias compañías no avala tal afirmación. Tanto para HP como para Konica Minolta, Canon, Samsung, Epson y Xerox solo las dos primeras categorías de equipos ya bastan para excluirlas.

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Un negocio familiar a cinco minutos a pie de la Diputación

V. H.

El contrato de la Diputación es con la filial de Ricoh, pero DIN es el único distribuidor en la provincia de Pontevedra con un establecimiento en esta localidad y otro en Vigo. Amancio Varela, redactor del pliego técnico de condiciones, confirma que es personal de DIN quien acude a la Diputación cuando hay que sustituir los tóner o reparar alguna avería. El paseo es corto, de unos cinco minutos.

La empresa DIN es una sociedad limitada en la que el principal accionista es Montes Comercial Técnica de Oficinas, propiedad a su vez de Joaquín Eugenio Montes Otero, un empresario local vinculado en tiempos a la Cámara de Comercio de Pontevedra y aún hoy a la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios. También es dueño, junto a otro socio, de una de las confiterías de más lustre del centro. Ambas tiendas, DIN y Muebles Montes, ocupan locales contiguos y en ellas trabajan los hijos del dueño, que constan como "personas de contacto" del departamento comercial del "grupo Montes", según figura en su página web. Si se llama al número de la empresa de muebles, una voz grabada que anticipa la posible confusión avisa de que DIN tiene otro número de teléfono, que facilita acto seguido.

Tras tres intentos infructuosos, Joaquín Montes hijo se pone al teléfono de DIN y ante la pregunta de si en la compañía no sorprendió la coincidencia entre las necesidades de la Diputación y los modelos que vendían, aduce que solo es un empleado y que dará cuenta de las preguntas al consejero delegado, Víctor Vázquez, que hasta la fecha no ha respondido. También dice que “no es correcto” que él sea administrador de DIN o que su padre sea el dueño. Varela y el jefe de Contratación del ente provincial recalcan, por otra parte, que el pliego estuvo expuesto al público y no recibió alegaciones y relatan que hubo interesados potenciales en el concurso que renunciaron por lo ajustado del presupuesto.

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