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Una familia denuncia la muerte de su hija tras negársele una ambulancia en Treviño

La sanidad vasca investiga el fallecimiento de la menor, de tres años y enferma de varicela

Famliares de la niña fallecida a la salida del funeral. Atlas / L. Rico

Una niña de tres años residente en La Puebla de Arganzón, municipio del enclave burgalés en Álava, Treviño, murió el lunes por la mañana por un shock séptico derivado de una varicela, después de que, según la familia, las emergencias vascas rechazaran enviar una ambulancia por considerar que se tenía que solicitar a Miranda de Ebro (Burgos). El Gobierno vasco ha abierto una investigación y ha admitido que el caso era de su competencia.

La pequeña Anne Ganuza, la mayor de dos hermanas, llevaba varios días enferma. El domingo por la tarde, sus padres la llevaron al Hospital Universitario de Álava, en Vitoria, donde al constatar que no tenía fiebre “la mandaron a casa”, señalan sus familiares. El lunes por la mañana, cuando su padre, Jordi Ganuza, había empezado su turno en una fábrica de Vitoria, su mujer le telefoneó alarmada por el empeoramiento de la pequeña, que según aseguraron ayer sus allegados había sufrido convulsiones. El padre llamó a emergencias de Euskadi, cuyo personal contactó con la madre de la menor para conocer al detalle su estado. La familia asegura que los sanitarios vascos le indicaron por teléfono que la ambulancia tenía que enviarla Miranda de Ebro (18 kilómetros) y no Vitoria (20 kilómetros).

Tras la negativa, el padre volvió a La Puebla de Arganzón y trasladó por sus propios medios a su hija a las urgencias de Vitoria. Allí, tras intentar reanimarla, certificaron su fallecimiento. En paralelo, la médico de guardia del principal municipio del enclave, Condado de Treviño, según un comunicado de la Junta de Castilla y León, acudió a la vivienda, pero para entonces ya habían llevado a la pequeña a Vitoria, donde murió. Una de las abuelas de la niña recordaba ayer, tras el funeral, los ruegos de la familia: “Si hay que pagar la ambulancia la pagamos, pero salvadle la vida”.

¿Por qué no se ingresó a la pequeña el domingo? ¿Por qué se denegó la ambulancia? El Departamento vasco de Salud, que ayer lamentó la muerte de la pequeña al igual que la Junta, reconoce no haber enviado la ambulancia y sus portavoces no ocultan su responsabilidad. El caso “era nuestro”, admiten. Para conocer lo ocurrido al detalle ha iniciado una investigación tanto de la actuación en el hospital el día anterior a su muerte como la de emergencias, que se sumarán a los resultados de la autopsia.

El departamento aseguró que “nada tuvo que ver ayer la huelga de ambulancias que se está llevando a cabo en parte de Álava y ni tan siquiera la vecindad administrativa del Condado de Treviño”. El protocolo firmado en 2012 por Euskadi y Castilla y León establece que en la atención a poblaciones limítrofes “se atenderá con el dispositivo más óptimo en cada caso, pero manteniendo la autoridad cada comunidad sobre sus propios medios”. Fuentes del Gobierno vasco indican que el tiempo de respuesta es ocho minutos superior de Miranda a La Puebla que desde Vitoria. El alcalde del municipio, Roberto Ortiz, explicaba junto a la iglesia en la que en la tarde de ayer se celebró el funeral por la pequeña que el documento es demasiado “genérico”. El hospital de referencia para los treviñeses es el de Álava, en Vitoria, ya que es allí donde reciben la atención especializada.

A la espera de la autopsia, la familia explicaba ayer que la posible causa de la muerte de la pequeña fue una infección por neumococo. Otro alumno del mismo centro escolar del pueblo, que cuenta con medio centenar de estudiantes, está ingresado por complicaciones de la varicela en el mismo hospital que envió a la pequeña a casa. Los servicios sanitarios burgaleses ya se han reunido con los padres del colegio para administrar vacunas y antibióticos.

Lo que para algunos del pueblo es un error “puntual”, para la familia es una “negligencia” de Osakidetza y para otros un trágico ejemplo de las dificultades diarias en el enclave burgalés. El de los servicios es el principal argumento para iniciar un proceso alternativo de segregación de Castilla y León a través de una ley orgánica que tras ser respaldada por el Parlamento vasco está pendiente del Congreso —ni PP ni PSOE están de acuerdo—.