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Imputados 17 ediles de Rota por comprar uniformes a la empresa del exalcalde

La juez atribuye a los ediles presunta prevaricación con fondos públicos

La alcaldesa de Rota, Eva Corrales. Ampliar foto
La alcaldesa de Rota, Eva Corrales.

La juez María Teresa Cuberos Escobar, titular del Juzgado de Instrucción número dos de Rota (Cádiz), ha imputado a 17 concejales del gobierno municipal de esta localidad por haber participado en una presunta prevaricación al haber contratado con dinero público la compra de uniformes de la empresa del ex alcalde, Lorenzo Sánchez, del partido independiente Roteños Unidos. Entre los nuevos imputados en esta causa, que se investiga desde hace más de un año, están la actual alcaldesa, Eva Corrales (PP) y el edil y diputado provincial de Hacienda, Juan Antonio Liaño (PP).

El caso parte de una denuncia del PSOE que alertó de que el Ayuntamiento de Rota había adquirido uniformes con dinero público a una empresa de la que es responsable el que entonces era alcalde, Lorenzo Sánchez. Sánchez circunscribió aquellos contratos en la normalidad de la gestión municipal en busca de los mejores precios. Pero la denuncia socialista derivó en la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía y después del juzgado. Sánchez ya declaró como imputado en abril del año pasado en una citación en la que defendió la legalidad de su actuación.

Casi un año después se retoma la instrucción de esta causa gracias a una providencia de la juez en la que, a petición de la Fiscalía, toma nuevas medidas. Reclama al Ayuntamiento las actas de las juntas de gobierno local en las que conste la composición de esta junta en las sesiones en las que se pudieron debatir estos contratos. Van desde el 27 de abril de 2004 hasta el 15 de diciembre de 2009. También pide al secretario municipal el acta de adjudicación a Coanda Sociedad Cooperativa del 7 de junio de 2005 de vestuario para protección civil por valor de 3.739,12 euros, con clara indicación de todos los asistentes. También solicita el expediente completo de adjudicación a Coanda de otro suministro por valor de 29.599,70 euros. Además reclama el informe de reparo que hizo el interventor a este contrato.

La providencia sirve también para exigir al secretario la certificación laboral de una larga lista de concejales y su actual relación con el Ayuntamiento y llama a declarar como imputados a 17 personas. Son: Jesús María Corrales, Luis Barrega, Manuel González Martín Bejarano, Eva Corrales, Juan Antonio Liaño, Teresa Villanueva, Pedro Bejarano, Cristina Bernal, Ramón García, Auxiliadora Delgado, Antonio Alcedo, María del Carmen Laynez, José Gómez, Rosario Pacheco, Ismael Puyana, Sonia Rodríguez y Montemayor LaYnez.

De todos ellos, algunos continúan en el gobierno municipal. Eva Corrales es alcaldesa. Juan Antonio Liaño, además de diputado provincial de Hacienda, es concejal sin delegación. Montemayor Laynez es segunda teniente de alcaldesa y lleva servicios municipales. María del Carmen Laynez es quinta teniente de alcaldesa y lleva Fomento y Agricultura. Y, finalmente, Lorenzo Sánchez, llamado a declarar hace un año, es primer teniente de alcaldesa y llevas las áreas de contratación y patrimonio.

Los imputados eludieron ayer hacer valoraciones sobre las novedades de este caso. Aunque sí mostraron su colaboración con la juez y su tranquilidad en que podrán aclarar que no hay ninguna ilegalidad en su actuación. La portavoz del PP en la Diputación, Mercedes Colombo, defendió la presunción de inocencia. “Ese supuesto caso de prevaricación se tendrá que ver en el juzgado”. El secretario de Política Institucional del PSOE de Cádiz, Rafael Márquez, cree que esta imputación en bloque a la cúpula del Ayuntamiento debería hacer romper el pacto entre el PP y Roteños Unidos. Y cree que el diputado de Hacienda ha quedado inhabilitado para el cargo. “El pacto está en descomposición”, sostuvo. También ha reclamado a la dirección provincial del PP que dé explicaciones debido a la alta cantidad de cargos públicos encausados. Los imputados están citados para los días 7,8 y 9 de mayo. Son sospechosos de ser autores o cooperadores necesarios de delitos de prevaricación o negociaciones prohibidas.