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Duran asume que la consulta soberanista no podrá ampararse en la legalidad

El líder de Unió mantiene que, pese a todo, "el referéndum consultivo debe hacerse" Los nacionalistas catalanes quieren que Margallo comparezca en el Parlamento autónomo

Miquel Noguer

El portavoz de Convergència i Unió en el Congreso del los Diputados, Josep Antoni Duran Lleida, ha admitido hoy que la consulta soberanista que la Generalitat quiere convocar para el 9 de noviembre no podrá hacerse en el marco de la legalidad. El también líder de Unió Democràtica considera que el Gobierno cerrará el paso a la ley catalana de consultas como también lo está haciendo con la petición para que el Congreso ceda al Parlamento autónomo la competencia para convocar referéndums.

"No creo que descubra nada nuevo si digo que, de la misma forma que el Gobierno impide ahora la vía legal estatal para hacer un referéndum consultivo, cuando aprobemos la ley de consultas en el Parlamento catalán, impugnará su contenido ante el Tribunal Constitucional", ha dicho mediante la carta semanal que escribe a la militancia de Unió. Duran admite que tanto el PP como el PSOE como el Tribunal Constitucional creen que "el contenido de las preguntas acordadas en Cataluña va contra el artículo 1 y 2 de la constitución y con estas pregunas no habrá consulta legal porque el PP, el PSOE, el TC... lo impedirán".

Pese a ello, Duran entiende que "la consulta o referéndum consultivo tiene que hacerse. Si no se hace la herida continuará abierta". Para salir de esta situación, el dirigente de CiU propone dos salidas. La primera solución pasaría porque las instituciones del estado tomen la iniciativa. "La segunda opción está en manos del presidente de la Generalitat y pasa por las llamadas elecciones plebiscitarias". En este caso, Duran ha pedido que se "defina el contenido del plebiscito electoral", después de que Unió se haya desmarcado claramente de una posible declaración unilateral de independencia.

Por otra parte, CiU ha pedido hoy la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, en la comisión de estudio del Derecho a Decidir del Parlament, de la que se excluyó el PP, para poder discutir las cifras sobre la situación económica en la que quedaría una eventual Cataluña independiente.

El líder de CiU en el Parlament, Jordi Turull, ha subrayado que sería un "deprecio" a la Cámara catalana y una "contradicción" que García-Margallo rechazara acudir a la comisión, después de que ayer en Barcelona el ministro accediera a discutir en sede parlamentaria el informe de su Ministerio sobre el impacto negativo de la independencia en el PIB catalán, para lo que ofreció que el director general de Asuntos Económicos de su ministerio compareciese.

 

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Sobre la firma

Miquel Noguer
Es director de la edición Cataluña de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha trabajado en la redacción de Barcelona en Sociedad y Política, posición desde la que ha cubierto buena parte de los acontecimientos del proceso soberanista.

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