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La CEIM pagó a sus directivos con dinero de los cursos de formación

Los auditores destapan que los salarios llegaban en 2009 hasta los 220.000 euros

La Cámara señala que la patronal no cobró los intereses bancarios de las ayudas

Los sindicatos UGT y CC OO declararon, en cambio, los réditos de sus cuentas

El presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández, en un acto en la Comunidad de Madrid en febrero de 2013.

La patronal madrileña CEIM, la organización empresarial que preside Arturo Fernández, ha estado desviando el dinero de los cursos de formación para financiar los sueldos de sus dirigentes. Dos informes de la Cámara de Cuentas referentes a los años 2008 y 2009 señalan que los salarios recibidos por algunos de los directivos de la organización de empresarios procedían hasta en un 90% de fondos públicos destinados a la formación de trabajadores. Los sueldos se situaban esos años en una horquilla de entre 100.000 y los 220.000 euros.

La Cámara de Cuentas, órgano fiscalizador de los organismos públicos regionales, detectó además que la patronal tampoco declaraba los intereses que salían de mantener las subvenciones recibidas en los bancos, algo que los auditores públicos consideran cuando menos negligente.

Los informes, que están firmados en 2011 y 2012, analizan el “gasto de subvenciones en materia de formación continua otorgadas por la Comunidad de Madrid” a sindicatos y patronal.

La Cámara de Cuentas cree que un dirigente cobró 358.000 euros

Las ayudas que patronal y sindicatos reciben se emplean fundamentalmente en formación; es decir, gastos docentes, profesorado, material y diseño de los cursos. Estos últimos se suelen subcontratar con empresas externas, como las de los empresarios José Luis Aneri o Alfonso Tezanos, detenidos por formar parte supuestamente de una trama de cursos falsos. La policía, de momento, ha arrestado a 14 personas. El agujero económico asciende a 15 millones de euros, procedentes de las arcas regionales y estatales. Madrid recibe cada año unos 115 millones de euros del Estado para cursos de formación.

Pero otra parte de las subvenciones va a los llamados “gastos de apoyo”; es decir, de personal no docente pero que interviene en la gestión de los cursos. Por ejemplo, una telefonista contratada para dar información a los alumnos. Hasta agosto de 2012 ese gasto no podía ser mayor del 20% de la subvención. A partir de esta fecha, se redujo al 10%.

Es en esa parte de la subvención donde la Cámara detectó las irregularidades reflejadas en ambos informes. En 2009, la Cámara señala que la normativa regional (Orden 2816/2008, de 2 de octubre) “no prevé como subvencionables los salarios del personal directivo”. Esto significa que del dinero de los cursos no se pueden pagar las nóminas de los dirigentes de la CEIM ni de los sindicatos. “Sin embargo, se justificaron de nuevo costes salariales de directivos [de la CEIM]”, prosigue el informe, “que además perciben unos salarios elevados, superiores a 100.000 euros, por un total de 405.000”.

La auditoría pública termina diciendo en ese apartado que “se han financiado con fondos públicos el 35% de los costes salariales del secretario general; el 54% en el caso de la directora del departamento de Asuntos Laborales; el 50% de los costes en el caso del director financiero, de la directora de Asuntos Económicos y del director de Comunicación; y en el 90% de la directora de Formación”.

La patronal depositó seis millones en los bancos sin recibir nada a cambio

Esta fiscalización, la última realizada por la Cámara sobre cursos de formación, coincide en parte con la del año anterior, la correspondiente a 2008. En esta, la Cámara señala, además, la cuantía de los sueldos. Asegura que entre los salarios con dinero de subvenciones públicas figuran “un alto cargo que cobró 220.000 euros”, dos del equipo de Comunicación, con 132.000 y 107.000 euros, respectivamente, y otro del “equipo económico financiero con 100.000 euros”. Ese informe apunta también a otro puesto directivo, “cuyas retribuciones teóricas partiendo de los importes parciales certificados podrían alcanzar un importe anual de 358.000 euros”. El documento señala que los sindicatos también destinaron dinero a costes de dirección en ese plan, con un total de 77.000 euros (UGT) y 72.000 (CC OO).

La Cámara da otros datos sobre el dinero público destinado a gastos de personal de apoyo. De los 89 trabajadores de personal de la CEIM, en 2008 se financiaron con fondos de la Comunidad y fondos europeos el 54% de los costes salariales de 34 trabajadores. En 2009 se financiaron el 53% de los sueldos de 32 trabajadores de los 114 de personal propio.

La Ley General de Subvenciones recoge como infracción muy grave que no se apliquen “en todo o en parte” las cantidades recibidas para los fines para los que la subvención fue concedida. Y para las entidades que comentan infracciones muy graves contempla, además de la devolución de fondos, la pérdida de un plazo “de hasta cinco años” para obtener ayudas públicas o de contratar con las Administraciones durante un periodo también de hasta cinco años.

La otra irregularidad de calado que encuentra la Cámara de Cuentas es la referida a los rendimientos financieros que generan las subvenciones en las cuentas bancarias de la patronal durante el periodo en el que no se hace uso de ellas. O más bien, la extraña ausencia de esas plusvalías.

Los informes indican que, para comprobar los rendimientos financieros declarados por las entidades que habían recibido subvenciones, se solicitó información a los bancos en los que la Comunidad de Madrid había colocado los fondos. Quería ver el órgano fiscalizador si esos saldos habían sido colocados en algún depósito, fondo, cuenta remunerada u otro producto financiero, así como los intereses o plusvalías que se hubieran producido.

En el informe firmado en 2012, sobre el ejercicio de 2009, la Cámara relata que la patronal ingresó el primer plazo de la subvención en una cuenta del Banco Santander, que fue transferida a los 20 días a una cuenta de Banca March, en la que se ingresó después el segundo plazo. Preguntadas las dos entidades, ambas señalaron que no hubo rendimientos, plusvalías o intereses por el tiempo que pasó el dinero en las cuentas.

La Cámara de Cuentas estima que el saldo medio de ambos fondos fue de 6 millones de euros durante 343 días. El organismo fiscalizador lo compara con los rendimientos declarados por los sindicatos (32.000 euros de intereses en el caso de CC OO y 26.000 en el caso de UGT) y señala que no se entiende que la CEIM no negociara algún tipo de rendimiento con los bancos. Considera esta actitud negligente y explica que, por sus limitaciones competenciales, no se puede comprobar si ese comportamiento se generalizó en el resto de cuentas de la patronal o solo afectó a esos fondos. Fuentes técnicas aseveran que  la patronal no suele declarar nunca rendimientos económicos de ese tipo.

Con estas irregularidades, la Cámara de Cuentas elevó los informes al Tribunal de Cuentas, que sí puede ir más allá de las recomendaciones y establecer sanciones. Fuentes consultadas por este diario afirman que el Tribunal de Cuentas elaboró un nuevo informe basado en los dos anteriores y que se remitió a la Comunidad de Madrid. Este periódico no pudo ayer saber qué es lo que había pasado con ese tercer informe, si se había finalizado o si estaba en un periodo de alegaciones. La Comunidad no aclaró nada a este respecto.

A todo esto, la CEIM destacó ayer que ya respondió a la Cámara de Cuentas el 11 de julio de 2012. La patronal asegura que se han cumplido estrictamente las normas, ya que se ha justificado el personal propio necesario para realizar las funciones de programación, coordinación y control de los cursos. Señala que los gastos asignados a sus directivos proceden de la gestión de los cursos y que no encuentran en la normativa nada que les prohíba hacerlo de esa manera.

En cuanto a los rendimientos financieros de las subvenciones, señalan que presentaron los certificados de la inexistencia de plusvalías. La CEIM asegura, además, que todos los proyectos de formación han sido auditados.

“Pérdida paulatina de confianza”

EL PAÍS

La directora general de Formación de la Comunidad de Madrid, Patricia Herrero, negó ayer cualquier tipo de relación entre el cese del subdirector de Formación Continua y Emprendedores y el supuesto fraude en la realización de cursos de formación que afecta al empresario José Luis Aneri.

Durante la Comisión de Empleo de la Asamblea de Madrid, Herrero recalcó que el puesto de subdirector es de libre designación y un puesto de confianza del que el antiguo subdirector fue destituido por una “pérdida paulatina de confianza”.

Herrero indicó que la consejería no tiene “nada que ocultar” al respecto e indicó que la salida de Velázquez no se produjo porque este colaborase con la policía. Velázquez fue destituido tres días después de declarar a la policía y facilitar los datos de los cursos de formación regionales que están siendo investigados. Fuentes policiales señalan que antes de esa declaración la Consejería de Empleo no había colaborado en la investigación del caso.

Según la directora general, la decisión de destituir a esta persona se arrastraba “desde hace muchos meses antes” de conocerse este caso y no se produjo hasta que no existió un relevo.

Además, indicó que la Dirección General de Empleo colaboró con la policía judicial y facilitó la documentación requerida. Este hecho se produjo ya mucho después, según fuentes de la investigación.

La directora general ha argumentado que fue en la primavera de 2013 cuando la Consejería de Empleo detectó la ausencia de documentación de justificación de los cursos y que en ese momento abrió 28 expedientes para la revocación y reintegro de las ayudas.

El diputado Juan Luis Fabo, de UPyD, señaló que no le cuadran las fechas que la directora general aportó sobre el momento en que conoció las irregularidades y preguntó si se reunió en octubre de 2013 con el empresario Alfonso Tezanos —detenido el martes— para tratar el caso.