Feijóo promete un código ético en la Xunta mientras mantiene a procesados
El Gobierno gallego “eliminará o restringirá" los regalos a cargos públicos
Un debate más sobre corrupción. El enésimo en el Parlamento desde que las portadas se han plagado de sumarios. Intercambio dialécticos que se saldan sin cirugía ni dimisiones por más que haya corporaciones repletas de imputados, algunas pendientes de meros trámites para sentar a concejales en el banquillo acusados de delitos muy graves.
Ayer los que reclamaron medidas de regeneración democrática y dimisiones fueron el portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, y la de AGE, Yolanda Díaz. Salió a relucir la anomalía de Santiago: 10 de 13 ediles imputados en cuatro causas judiciales distintas. Feijóo reprochó al portavoz nacionalista que no impulse gobiernos del PP en Lugo y Ourense donde hay dos alcaldes socialistas imputados: “Con el mismo dedo que solicita responsabilidades en Santiago, mantienen a los alcaldes de Lugo y Ourense. Y dicen que moción de censura en ningún caso”. Llegó a recriminar al BNG incluso que no apoye los presupuestos de Teo, donde el alcalde, Martiño Noriega, se presentó por esas siglas y ahora gobierna como líder de Anova. Pero a continuación aseguró que no pretende contribuir al “y tú más” porque él cree y defiende la política. Y enumeró una lista de 20 políticos imputados que finalmente han resultado absueltos. Citó de carrerilla cargos de todos los colores y hasta incluyó al exministro de Fomento José Blanco, objeto de duros ataques por su parte cuando estuvo imputado en el caso Campeón. Se preguntó “quién repondría el honor y el cargo democrático” de estos dirigentes juzgados y absueltos si se sigue la doctrina de destituirlos en cuanto son imputados, como reclaman BNG y AGE. “¿Qué le decimos a los alcaldes con causas sobreseidas?. Yo puedo seguir mirando a los ojos a todos”.
Jorquera aprovechó para citar al fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, quien hace unas semanas pidió distinguir entre responsabilidades políticas y penales, ahora que la corrupción se erige en la tercera causa de preocupación de los españoles, según el CIS. También la portavoz de AGE, Yolanda Díaz, recordó que la ética no tiene que esperar a las sentencias y le invitó a tomar decisiones en Santiago “donde no hay una manzana podrida, se ha podrido la cesta”. “¿Quién gobierna en Santiago?”, se preguntó. “Porque la corrupción es una fórmula para que los que no se presentan a las elecciones sigan mandando”,
El presidente, que en el pleno de hace dos semanas prometió que haría dimitir a cualquier cargo con medidas judiciales cautelares, dio a entender que no adoptará medida alguna en Santiago hasta que haya una sentencia. Díaz le recordó que en ese mismo hemiciclo se sienta una diputada —María Faraldo, exalcaldesa de Betanzos por el PP— también procesada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que le atribuye prevaricación por una contratación desde el Ayuntamiento.
Feijóo obvió el caso de Faraldo —quien ha puesto su cargo a disposición del grupo parlamentario— y aprovechó su último turno para lanzar el anuncio de que promoverá un código ético en la Xunta que impida los regalos a los cargos públicos y llegue a “donde la ley no legisla”. Al avanzar cuáles serán sus líneas maestras evidenció su deseo de contrarrestar las bochornosas conversaciones que contiene el sumario del caso Pokémon, donde directivos de subcontratas municipales trazaban planes para convencer a ediles y alcaldes a base de relojes y artículos de lujo. Ese código, respondió a Díaz, servirá “para concretar la conducta de los cargos institucionales y restringir todo tipo de regalos en la Administración pública”. “Un cargo público no puede tener derechos ni privilegios solo obligaciones, pero como persona también tiene derechos, aunque usted a los del PP no se los reconozca”.
Patinazo del presidente sobre la crisis de Santiago
Empeñado en involucrar a todas las siglas en casos de corrupción, en medio de la gresca, el presidente reprochó ayer a Jorquera que dos concejales del BNG hubiesen aprobado la pasada legislatura desde el bipartito de Santiago “pagar los honorarios de un abogado y una procuradora” al concejal socialista Bernardino Rama, imputado en un caso de corrupción. Feijóo, asesorado desde el escaño por la portavoz del PP, Paula Prado, edil entonces en Santiago, que le entregó papeles, insistió un par de veces en que aquel Gobierno pagó la minuta.
Hasta que el diputado socialista y alcalde de Santiago en aquel momento, Xosé Sánchez Bugallo, pidió la palabra por una cuestión de orden y acusó a Feijóo de “mentir”. Bugallo explicó que lo que hizo su Junta de Gobierno el pasado mandato fue designar abogado pero sin aprobar ningún compromiso de gasto ni abonar factura alguna. Y recordó que elegir abogado para un edil sin cargar su minuta a las arcas públicas no constituye delito alguno. Feijóo volvió a pedir la palabra para desdecirse y asegurar que él no había atribuido pago alguno al Ayuntamiento de Santiago. Bugallo replicó que sí lo había hecho tres veces.
El caso al que aludió el presidente ya fue analizado en el auto de la juez de Santiago Ana López-Suevos que dictó la apertura de juicio oral contra los siete ediles compostelanos por acordar el abono de los gastos de defensa de su compañero Adrián Varela, “a sabiendas” de que estaba inmerso en un caso de corrupción, lo que inhabilitaba a un gobierno a pagar la minuta. En su auto del pasado 4 de febrero, López-Suevos analiza el precedente del gobierno socialista y concluye: “Tal y como se comprueba, no fue aprobada en aquella ocasión ninguna asunción de gastos u honorarios y fue el alcalde [Sánchez Bugallo] quien designó nominalmente al abogado y al procurador”. La juez establece una diferencia evidente con el acuerdo que motivó las siete imputaciones del gobierno del PP ya que en este caso el acuerdo sí “facultaba al letrado a hacer valer el acuerdo y que sus honorarios se cargasen al presupuesto municipal”.
