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Alaya impone una fianza de 29,5 millones a la exministra Magdalena Álvarez

La juez de los ERE responsabiliza a la exconsejera de las ayudas irregulares hasta 2003

Magdalena Álvarez, en los juzgados de Sevilla tras declarar en octubre ante la juez Mercedes Alaya.

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, responsabiliza a Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía, exministra y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por las ayudas concedidas entre 2001 y hasta el 31 de diciembre de 2003 con cargo a la partida de la Junta de Andalucía investigada por la magistrada y que considera origen de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo. Por esta razón ha impuesto a Álvarez una fianza civil de 29.568.129 euros, nueve meses después de su imputación en el caso. También fija la responsabilidad de su exviceconsejero José Salgueiro en 22 millones y la del secretario general y coordinador de presupuestos Antonio Estepa en ocho millones.

La dureza de este auto de Alaya no tiene precedentes en los tres años de investigación, ya que incluye una frase que avanza una supuesta condena para reforzar la carga incriminatoria que le achaca a Álvarez y sus dos antiguos subordinados, un paso inédito en la prosa de la juez. "Cabe deducir la probabilidad cierta de que pudieran ser condenados en un futuro por los hechos que hoy se investigan", reza el auto de ayer.

La exministra socialista recuerda que ha recurrido a la Audiencia de Sevilla el último auto por el que resultó imputada, y que podría anular las acusaciones de la magistrada. "Estoy a la espera del auto de la Audiencia y recurriré la fianza", avanzó desde Luxemburgo. 

Con la fianza civil, Alaya estima que Magdalena Álvarez es responsable del sistema de ayudas, que la juez considera ilegal y creado para evitar los controles de la Intervención General. Álvarez fue consejera andaluza de Economía desde 1994 hasta 2004, pero su responsabilidad se limitaría a tres de los 11 años que investiga la magistrada (2000-2010) y durante los que se concedieron ayudas.

La juez imputa a Álvarez por malversación y prevaricación, cargos que la exministra ya negó el pasado 8 de octubre a la magistrada, ante quien defendió que no conoció los “reparos” de la Intervención General de la Junta andaluza sobre el procedimiento de concesión de ayudas.

Días antes, la Audiencia de Sevilla había anulado la primera imputación de la exministra de Fomento y exconsejera andaluza de Hacienda, Magdalena Álvarez, al considerar que la acusación no estaba suficientemente argumentada.

Los efectos de una medida económica y cautelar gravosa

Los jueces imponen en un proceso penal las fianzas de responsabilidad civil en consonancia con los delitos que se imputan a los acusados, como garantía de que, si son condenados, podrán responder a las obligaciones pecuniarias que se les impongan. Los dos delitos que Mercedes Alaya imputa a Magdalena Álvarez (la prevaricación, recogida en el artículo 404 del Código Penal, y la malversación del 432) no implican penas de multa. Por ello, la juez fija la fianza sobre la base supuestamente malversada (177 millones), que calcula “grosso modo” tal como señala en el auto. Después aplica a esa cifra el porcentaje del que es responsable Álvarez (22 millones). Y a ello le suma un tercio, que es lo que marca la ley.

La fijación de una fianza es una medida cautelar para evitar que, durante el tiempo que dure la instrucción, los acusados puedan vender sus bienes o lograr beneficios con ellos. Por eso la juez señala un plazo de un día para que se deposite y, de no hacerlo, reclama a los imputados un listado de propiedades embargables. Si son inmuebles, estos han de tener el doble de valor de la fianza requerida. Si son valores, han de sumar una cuarta más del metálico reclamado.

De no contar con bienes suficientes, el juez procede al embargo de las cuentas, que conlleva también el del sueldo.

2.500 euros en fianzas

Las fianzas civiles más altas impuestas por la juez Mercedes Alaya para los responsables políticos del fondo y los dueños de las consultoras que pagaron los ERE, ascienden ya a más de 2.500 millones. Hasta ahora, la más alta ha sido la impuesta al exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, al que reclamó 807 millones. A la de Fernández se sumaron las fianzas del exdirector de Trabajo Javier Guerrero (686 millones) y el exviceconsejero Agustín Barberá (490 millones). Los tres responsables de la consultora Vitalia (Eduardo Pascual, María Vaqué y Antonio Albarracín) sumaron fianzas por 111 millones cada uno, mientras que el dueño de la consultora Uniter, José González Mata, afrontó una fianza de 99 millones. Por último, uno de los supuestos cerebros de la trama que permitió la inclusión de los intrusos en los expedientes, Juan Lanzas, soporta una fianza de 38 millones.

Por ahora, el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha embargado a Fernández tres viviendas, sus cuentas bancarias y un garaje con trastero, además de una indemnización por despido de 31.400 euros. Asimismo, Alaya ha localizado cuatro inmuebles de Guerrero, y 32 casas entre Lanzas y Albarracín.

La petición de fianza de Alaya se produce pese a que ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta de Andalucía pidieron medidas reales contra ella. La acusación ejercida por el PP dejó que la juez determine la fianza real y la organización Manos Limpias pidió 125 millones más el tercio legal por responsabilidad civil.

Alaya considera a la exministra “una de las promotoras, en connivencia con otros” del sistema de pagos de los ERE: las transferencias de financiación, un procedimiento de concesión de ayudas con cargo a una partida presupuestaria que, según la magistrada, carecía de control y favorecía su entrega discrecional. Esta partida llegó a sumar 721 millones, de los que la investigación considera que se defraudaron fondos públicos por unos 136 millones.

Empleo era responsable del uso del fondo, por lo que también están imputados los exconsejeros Antonio Fernández y su antecesor y diputado José Antonio Viera. No obstante, la juez atribuye a  Álvarez haber eludido “los férreos requisitos legales de tramitación y fiscalización” establecidos para las subvenciones “puesta de acuerdo con otros (...) y a sabiendas de su absoluta discrecionalidad y de forma totalmente opaca”. Del mismo modo, también atribuye a la exministra haber autorizado siete modificaciones presupuestarias por importe de 93 millones y otras cinco por 32 millones.

En la rama política-financiera del caso, la juez ha señalado en sus autos a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a cinco exconsejeros, todos ellos aforados, como responsables del diseño del fondo de los ERE. Alaya debe enviar esta parte de la causa al Tribunal Supremo, pero a pesar de los reparos de la Audiencia, la juez maneja sus tiempos y sigue tomando declaración a los 20 ex altos cargos de la Junta imputados para afinar sus tesis incriminatorias antes del envío parcial del caso al alto tribunal.

La exministra, aunque defendió que debería haberse usado la figura administrativa de la encomienda de gestión para las ayudas, defendió las transferencias de financiación -“pueden destinarse a financiar operaciones con un fin concreto y específico como son las subvenciones”, argumentó- y se desvinculó de las ayudas que otorgó Empleo y que consideró mal gestionadas. "Desconocía que, por parte de la Junta, se financiaran pagos de pólizas. En ningún momento tuve información de los hechos que se están investigando porque no tuve acceso desde el punto de vista temporal. Es evidente porque me marché en 2004 [de la Consejería de Hacienda]. Yo no aprobaba los presupuestos sino que los aprobaba el Parlamento”, declaró ante la juez en octubre.

Sin embargo, Alaya insiste en que la consejera pudo haber “dado instrucciones” o “conocer, al menos” que se alteraba el presupuesto para modificar la partida de la que salían las ayudas, algo que la exministra negó. 

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