Ruiz-Mateos se arriesga a su detención tras negarse a declarar de nuevo

El empresario José María Ruiz-Mateos debe comparecer este miércoles ante la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, por los presuntos pagos al conseguidor y exsindicalista Juan Lanzas y por los intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas) incluidos en el expediente subvencionado por la Junta realizado en su hotel de Torremolinos (Málaga). La magistrada cita de nuevo al empresario después de que no acudiera al juzgado el pasado miércoles y le advierte de que puede ser detenido por la Guardia Civil si no acude.

Al igual que en la primera citación, Ruiz-Mateos ha anunciado que no irá a Sevilla ya que no cree “en la justicia ni en la honorabilidad de los jueces”. El empresario es el primer imputado que se niega a declarar ante la magistrada en los tres años de instrucción.

Por otra parte, el letrado José María Mohedano, quien representa a los exdirectores de Presupuestos Buenaventura Aguilera y Antonio Lozano, ha recurrido ante la Audiencia de Sevilla el auto en el que Alaya insiste en solicitar a los peritos de la Intervención General del Estado que amplíen la investigación sobre la Cámara de Cuentas con el objetivo de determinar si el órgano fiscalizador pudo frenar la partida presupuestaria que la juez considera ilegal.

En el recurso, el abogado defiende que la petición de Alaya “conlleva a todas luces a una extralimitación del ámbito competencial de ese centro directivo que tiene unos límites institucionales que le impiden valorar la labor realizada por un órgano de control externo de carácter estatutario como es la Cámara de Cuentas”. Este fue el argumento que utilizó el interventor general del Estado, José Carlos Alcalde Hernández, tras la primera solicitud realizada por Alaya para esta tarea. “De llevarse a cabo la realización del informe, nos encontraríamos ante una clara injerencia de un órgano del poder judicial en otro íntegramente dependiente del poder legislativo y parlamentario, que puede atentar contra el principio de separación de poderes”, defiende en su escrito el letrado.