El Gobierno abre 200 expedientes por extracción ilegal de agua en Doñana

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha abierto en este mandato 200 expedientes sancionadores en la zona de Almonte-Marisma por extracción ilegal de agua subterránea del espacio protegido de Doñana. Pero, hasta el momento, ninguna de las acciones administrativas en curso ha culminado en la clausura de los pozos sin autorización. El uso ilegal de los recursos hídricos pone en peligro la supervivencia del Acuífero 27, que nutre al espacio natural, reserva de la Biosfera.

“Habrá un momento en que se tenga que acometer algún sellado de pozos si el particular sancionado no lo hace. De momento, lo que estamos haciendo es tramitar las sanciones”, ha explicado Rafael Álvarez, comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

El organismo ha solicitado la colaboración de los regantes para localizar los pozos. En este sentido, Rafael Álvarez ha señalado que la Comunidad de Regantes El Fresno está ayudando al trabajo de “policía” del dominio público hidráulico que desempeña la Confederación para la protección del acuífero.

Las denuncias que derivan en apertura de expedientes proceden de particulares, de grupos ecologistas, del Seprona o de la propia administración. “La Confederación únicamente clausura el pozo cuando se ha culminado un expediente sancionador que comporta una sanción por la irregularidad o ilegalidad de la extracción”, ha remarcado Rafael Álvarez, quién insistió: “Clausura como tal no hemos acometido ninguna, pero todo llegará si los particulares sancionados no lo hacen ellos mismos”.

Álvarez no descarta que en el espacio haya más pozos ilegales de los que ellos han detectado, pero, de momento, las cifras oficiales se corresponden con esos 200 expedientes.

Los pozos ilegales son aquellos que carecen de concesión administrativa para el uso subterráneo del agua o bien no figuran en el catálogo de aguas privadas. Rafael Álvarez recordó que en Doñana no se pueden dar concesiones nuevas del uso del agua que no sea superficial.

El comisario de aguas de la Confederación ha explicado que el Plan de la Corona Norte de Doñana, cuyos detalles se están ultimando actualmente para su aprobación, supondrá “un alivio” para la presión del acuífero. “Ese plan establecerá un perímetro regable y será la Confederación la que deba asignar el recurso hídrico a esa zona, es decir, delimitar lo que es de riego y lo que no. Una vez que esté decidido, se podrán dar concesiones de agua superficiales y se suprimirán los pozos existentes”, ha remarcado Rafael Álvarez.

Por su parte, la organización ecologista WWF ha señalado que el uso ilegal del agua en Doñana constituye uno de “los grandes problemas del espacio” y ha mostrado su incomprensión por el hecho de que se abran expedientes “pero no se lleven a cabo el cierre de los pozos”, según indicó Felipe Fuentelsanz, portavoz del colectivo conservacionista.

Los cálculos de WWF apuntan a que existen en Doñana más de un millar de pozos sin permisos que están “suponiendo un serio deterioro para el Acuífero 27”, un acuífero que es fundamental para que pervivan los humedales. “La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Junta de Andalucía en la cuenta interna del Tinto-Odiel-Piedras, tienen la obligación de aplicar la ley de aguas”, ha subrayado Felipe Fuentelsanz.

El portavoz de WWF ha pedido “mayor celeridad” a la administración en la tramitación de esos expedientes y que se acometan “medidas cautelares hasta que se puedan precintar los pozos porque nos estamos jugando el futuro del principal espacio protegido”. Fuentelsanz ha recordado que hay sentencias del Tribunal Supremo a favor de la clausura de los pozos y sin embargo “a día de hoy no se ha logrado cerrar ninguno”.